El abogado Daniel Arencibia recuerda que la Audiencia Provincial admitió delitos de detención ilegal y trato degradante en Arguineguín, aunque no identificó responsables.
Daniel Arencibia, abogado y miembro del Secretariado de Pastoral de Migraciones de la Diócesis de Canarias, recuerda que denunció judicialmente la situación del muelle de Arguineguín en 2020 y afirma que no se arrepiente «en absoluto». Al contrario, sostiene que está «orgulloso» de haber llevado a los tribunales unas condiciones que considera una vulneración grave de derechos fundamentales.
Arencibia rechaza la interpretación de que la Audiencia Provincial negara la existencia de delitos en el muelle. Afirma que el auto «dice específicamente que en el muelle de Arguineguín se cometieron varios delitos de detención ilegal y de trato degradante contra dos mil y pico personas», aunque añade que el procedimiento no permitió determinar quiénes eran los responsables. A su juicio, tener a personas detenidas más de 72 horas sin conocimiento judicial constituye «un delito de detención ilegal» y mantenerlas «entre ratas durmiendo en el suelo durante cuatro semanas» supone «un delito de trato degradante».
El abogado recuerda también que el Defensor del Pueblo visitó el muelle y recordó a la Administración la obligación de poner en conocimiento judicial las detenciones que superaran las 72 horas. Además, señala que, al día siguiente de la denuncia, se puso en marcha el primer traslado aéreo de una persona que estaba en Arguineguín y el Gobierno dio la orden de montar el campamento, lo que interpreta como prueba de que la acción judicial «dio su fruto».
La visita papal y las tareas pendientes
Arencibia considera que la visita del Papa al muelle de Arguineguín tiene un profundo significado pastoral y humanitario. Recuerda que el primer viaje del Papa Francisco fue a Lampedusa y que había prometido venir a Canarias, una promesa que ahora se honra con la presencia de León XIV. Afirma que el Papa «no se esconde» y acude «a los sitios de mayor sufrimiento del ser humano» para pedir a quienes tienen competencias que contribuyan a mitigar ese dolor.
El abogado sostiene que la visita debe servir para reclamar medidas concretas, como la apertura de una oficina de atención a los familiares de personas desaparecidas en la ruta migratoria y un trato digno para los menores que llegan solos a Canarias. Advierte de que cuando un menor es tratado con violencia «se le está educando a que la violencia es una herramienta válida en nuestra sociedad» y confía en que la presencia del Papa ayude a que las administraciones asuman responsabilidades y garanticen «un trato mínimamente digno» y respetuoso con los derechos humanos.