➤ «No puede ser que se perjudique a Canarias precisamente por liderar todos los números de la dependencia» ➤ «Lo que no puede convertirse es que tengamos un alta hospitalaria y dejemos a nuestro mayor en el hospital» ➤ «Hemos tenido que llegar al Supremo para que sea un tribunal el que le indique al Estado que sea solidario con Canarias»
La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, afirma que el Gobierno autonómico ha conseguido que el Estado «recule» en su propuesta de recortar 12,4 millones de euros en dependencia, al tiempo que defiende la mejora de los indicadores del sistema y reclama una financiación justa para las islas.
La dependencia y el recorte estatal
Candelaria Delgado sostiene que la propuesta inicial del Estado para el reparto de fondos de dependencia perjudicaba a Canarias precisamente por haber mejorado sus indicadores. La consejera explica que el Ministerio pretendía aplicar un «coeficiente corrector» que, en la práctica, reducía en 12,4 millones de euros la financiación destinada al archipiélago.
Delgado afirma que el Gobierno canario expresó sus quejas y que, según la información de la que dispone, el Estado ha dado marcha atrás antes de la comisión previa a la conferencia sectorial. «Al parecer no va a ser así y han reculado en esa decisión», señala.
La consejera defiende que Canarias lidera actualmente los principales indicadores de mejora en dependencia y considera injusto que ese avance tenga como consecuencia una pérdida de recursos. Cuando lideramos todos los números con una diferencia abismal, perjudican a Canarias», afirma.
Delgado recuerda que el archipiélago ya sufrió el año pasado un recorte de unos dos millones de euros por haber incorporado al sistema unas 8.000 solicitudes que permanecían sin grabar. La consejera sostiene que el Gobierno actuó correctamente al registrarlas, aunque eso terminara reduciendo la financiación estatal. «Entendíamos que las teníamos que grabar y que además teníamos que ser exquisitos con que toda persona que presente una solicitud tiene que tener inmediatamente su solicitud registrada», indica.
«Leer todas las letras chiquititas»
La consejera critica que el Estado no haya negociado previamente con las comunidades autónomas un nuevo criterio de reparto. Delgado afirma que Canarias había reclamado una comisión de trabajo para revisar los criterios, pero que esa comisión nunca llegó a celebrarse.
A su juicio, cualquier modificación debe acordarse con criterios objetivos y no imponerse de forma unilateral. «Otra cosa es que de aquí al año que viene nos sentemos y empecemos a hablar de unos criterios objetivos de reparto para que lleguemos a un consenso entre todas las comunidades autónomas», señala.
Delgado afirma que la relación con el Estado obliga a Canarias a estar permanentemente vigilante. «No hay reunión en la que vaya uno tranquila porque tiene uno que estar leyendo todas las letras chiquititas», asegura. La consejera añade que está «cansada» de acudir a negociaciones con el temor de que alguna decisión termine restando financiación o derechos al archipiélago.
Mejora de los tiempos de espera
La responsable autonómica de Bienestar Social asegura que Canarias ha mejorado de forma notable en dependencia, aunque admite que la espera media general continúa siendo elevada. Según explica, el tiempo medio actual se sitúa en 345 días, pero en varias islas no capitalinas los plazos ya están en torno a 160 o 170 días.
Delgado subraya que en El Hierro «ya no tenemos ni siquiera lista de espera» y que también se ha reducido el llamado limbo de la dependencia, es decir, la situación de quienes tienen reconocido el derecho pero aún no reciben la prestación.
La consejera matiza que una parte de esa demora no siempre es imputable a la administración, porque muchas prestaciones están vinculadas a servicios que deben contratar las familias. En ese sentido, afirma que la Consejería ha acelerado la acreditación de empresas y profesionales autónomos para ampliar la oferta disponible.
Más empresas y autónomos acreditados
Delgado explica que el Gobierno ha impulsado la incorporación de empresas, entidades y autónomos para prestar servicios vinculados a la dependencia. Cita, por ejemplo, el caso de fisioterapeutas autónomos que pueden ofrecer prestaciones vinculadas al servicio de fisioterapia.
La consejera afirma que la Consejería ha trabajado con colegios profesionales y entidades para explicarles que pueden acreditarse y prestar esos servicios. «Hemos ido incorporando muchos profesionales en ese sentido», señala.
También destaca la puesta en marcha, el 1 de mayo, del servicio de ayuda a domicilio gestionado directamente por la Consejería. Según explica, se trata de un contrato relevante para los próximos años que permitirá dar de alta a más personas en Tenerife, La Gomera, Lanzarote y Fuerteventura. En Gran Canaria, La Palma y El Hierro, este servicio se gestionará desde los cabildos insulares.
Delgado afirma que el contrato no solo contempla las horas de atención, sino también gastos de desplazamiento y dietas, con el objetivo de que las empresas puedan asumir mejor los costes derivados de los traslados y atender a más personas.
El déficit sociosanitario
La consejera reconoce que Canarias arrastra un déficit de plazas sociosanitarias y atribuye parte del problema a la baja ejecución del plan de infraestructuras en la legislatura anterior. Según afirma, ese plan se ejecutó «en un 35% nada más».
Delgado sostiene que esta situación no se explica únicamente por una legislatura, sino por años de retraso en la creación de recursos sociosanitarios. No obstante, recuerda que el plan aprobado en 2018 por Cristina Valido pretendía crear unas 5.000 plazas, una cifra que, de haberse materializado, habría permitido reducir de forma muy significativa el déficit actual.
La consejera señala que el Gobierno trabaja ahora en un tercer plan de infraestructuras sociosanitarias, que negocia con los cabildos insulares y que prevé cerrar antes de que termine el año. Ese plan incorporará infraestructuras pendientes y nuevos recursos necesarios en las islas.
Fondos europeos y colaboración público-privada
Delgado afirma que el Ejecutivo ha hecho dos apuestas principales: desbloquear fondos europeos Next Generation que estaban sin ejecutar y avanzar en convenios con los cabildos insulares. Según indica, esos fondos permitirán crear en torno a 900 plazas sociosanitarias antes de finales de 2026.
La consejera también defiende que se estudien fórmulas alternativas para acelerar la construcción de recursos, incluida la cooperación público-privada. Recuerda que el primer plan de infraestructuras sociosanitarias de Canarias fue el que más residencias creó en las islas y que se desarrolló mediante colaboración público-privada.
Delgado plantea, además, la posibilidad de utilizar fondos del FDCAN o incluso recursos vinculados a la Reserva para Inversiones en Canarias, como se ha hecho en materia de vivienda. A su juicio, lo importante es movilizar inversión y crear infraestructuras «en el más corto periodo posible».
Permanecer en el hogar
La consejera insiste en que el aumento de plazas residenciales debe compatibilizarse con la estrategia europea de desinstitucionalización. Delgado defiende que muchas personas dependientes pueden permanecer en su vivienda si reciben los apoyos adecuados.
«Si tenemos que adaptar su vivienda, adaptemos su vivienda. Si tenemos que ponerle más horas de ayuda a domicilio, ponerle más horas de ayuda a domicilio», afirma.
También destaca la figura del asistente personal y la creación de centros de día como alternativas a las residencias de 24 horas. La consejera aclara que, cuando habla de plazas sociosanitarias, no se refiere solo a estancias residenciales, sino también a recursos diurnos que permitan atender a personas dependientes mientras sus familias trabajan o desarrollan otras tareas.
Altas hospitalarias y responsabilidad familiar
Delgado aborda también la situación de las personas con alta hospitalaria que permanecen en centros sanitarios por falta de recursos sociales o familiares. Corrige la cifra planteada en la entrevista y afirma que no son 800, sino «500 y algo».
La consejera explica que el Gobierno analiza estos casos uno por uno. Algunos pacientes necesitan adaptar su vivienda o recibir ayuda a domicilio para poder regresar a casa. En otros supuestos, afirma, existen vivienda y medios económicos, por lo que también corresponde a las familias asumir su responsabilidad.
«Lo que no puede convertirse es que nosotros dejemos a nuestro mayor en él», señala en referencia al hospital, antes de precisar que habla de casos en los que la persona tiene medios económicos y vivienda a la que volver.
Los tres meses en dependencia
La consejera aclara que el plazo de tres meses en el sistema de dependencia solo se aplica cuando la falta de activación de una prestación es imputable a la persona interesada. Es decir, cuando una familia solicita el reconocimiento de dependencia, obtiene un grado, pero no quiere utilizar de momento ningún servicio.
Delgado niega que en esos casos haya que repetir todo el procedimiento desde cero. «Pedirla no, reactivarla», precisa. Según explica, si más adelante la persona empeora o la familia necesita ayuda a domicilio, una residencia u otro recurso, puede solicitar la reactivación.
La consejera distingue estos casos de aquellos en los que la familia no ha encontrado empresa o no se ha concedido todavía una plaza residencial. En esas situaciones, afirma, la causa no es imputable al interesado y la persona continúa en lista de espera.
Delgado rechaza las críticas de la oposición y asegura que nadie sale de una lista sin garantías administrativas. «No se cae a nadie, no se quita a nadie en una lista sin haber hecho un trámite de vista y audiencia», afirma.
Pensiones no contributivas
La consejera se refiere también al acuerdo entre España y Canarias sobre la compatibilidad de las pensiones no contributivas con la prestación autonómica complementaria. Delgado explica que el Estado ha comunicado que no recurrirá ante el Tribunal Constitucional una medida incluida por el Gobierno canario en los presupuestos de este año.
La responsable autonómica afirma que Canarias ha tenido que actuar de esta manera porque sigue pendiente una modificación de la ley de la Seguridad Social que permita a las comunidades autónomas complementar las pensiones no contributivas. Según recuerda, esa modificación fue respaldada por una amplia mayoría en el Congreso de los Diputados, pero aún no se ha materializado.
Delgado expresa su sorpresa por la reacción inicial del Estado. «Nosotros ponemos en la ley de presupuestos de este año esas dos pagas extras a las pensiones no contributivas, y recibimos una carta del Estado diciéndonos que igual era anticonstitucional», afirma.
La consejera considera que el Estado debería centrarse en cambiar la ley y en mejorar unas pensiones que, a su juicio, llevan años esperando una subida suficiente. «Algo que por otro lado debería estar haciendo el Estado, porque hace ya muchos años que dijo que iba a subir a las pensiones no contributivas y no lo ha hecho», concluye.
Menores migrantes bajo tutela
La consejera cifra en unos 3.300 los menores que se encuentran actualmente bajo la protección de la comunidad autónoma, teniendo en cuenta las últimas llegadas en patera. Afirma que los traslados a otras comunidades se siguen realizando, pero que en el último mes han entrado prácticamente tantos menores como los que han salido.
Delgado recuerda que Canarias continúa en situación de contingencia y que los expedientes siguen abriéndose por parte de las subdelegaciones del Gobierno para tramitar los traslados.
La consejera rechaza de forma tajante que se acuse a Canarias de insolidaridad. «La verdad que yo me quedé bastante en shock cuando oí eso, porque si algo se puede caracterizar a esta tierra nuestra es que de insolidarios no somos nada», afirma.
«Hemos estado solos»
Delgado sostiene que Canarias ha estado sola en la gestión de los menores migrantes no acompañados y reprocha al Estado que haya sido necesario acudir a los tribunales para exigirle el cumplimiento de sus competencias.
«Hemos tenido que llegar a los tribunales para que sea un tribunal, el Tribunal Supremo, el que le indique al Estado que sea solidario con Canarias», afirma.
La consejera considera «lamentable» que se tache de insolidaria a Canarias cuando, según afirma, lo que reclamaba el presidente Fernando Clavijo era información para garantizar que la ciudadanía canaria no estuviera en riesgo.
La visita del Papa
Delgado afirma que desea trasladar al Papa la realidad de la atención a los menores migrantes en Canarias y también la situación de los jóvenes una vez emancipados. Señala que habrá ocasión de exponer esta situación tanto en Arguineguín como en la Plaza del Cristo.
La consejera recuerda que el Gobierno canario presentó al papa Francisco el Plan Canario de Convivencia e Interculturalidad, un documento que, según afirma, refleja la forma en que Canarias aborda la convivencia en una sociedad multicultural.
Delgado vincula esa sensibilidad con la propia historia migratoria del archipiélago. Recuerda que Canarias ha sido tierra de emigrantes y que ella misma nació en el extranjero, en el contexto de la migración europea de los años setenta.