El Ayuntamiento trabaja con otras administraciones para atender a las personas vulnerables afectadas por el lanzamiento previsto para el 30 de junio.
El concejal de Servicios Sociales de Santa María de Guía, Alejandro Rivero, asegura que el Ayuntamiento mantiene contactos con distintas administraciones para afrontar el desalojo previsto en la antigua fábrica de Mr. Leacock, en la carretera entre Guía y Gáldar, donde todavía residen decenas de personas en situación precaria.
El edil señala que el consistorio ha declarado una situación de “alerta social” tras conocer la ejecución judicial prevista para el próximo 30 de junio y admite la preocupación existente por los casos de mayor vulnerabilidad.
Un asentamiento surgido tras el abandono de la fábrica
Alejandro Rivero recuerda que el edificio perteneció históricamente a la antigua actividad agrícola vinculada a Mr. Leacock, instalada en la comarca a finales del siglo XIX para el procesamiento de la caña de azúcar antes de la expansión del cultivo del plátano en la zona norte de Gran Canaria.
El inmueble quedó abandonado a finales de los años setenta y, con el paso del tiempo, comenzó a ser ocupado de manera progresiva por trabajadores y personas sin recursos hasta convertirse en un asentamiento irregular consolidado: «Se ha llegado a una situación prácticamente incontrolada»
El concejal explica que actualmente el inmueble pertenece al grupo empresarial de Félix Santiago, que inició el procedimiento judicial para recuperar la propiedad. Según indica, el Ayuntamiento fue notificado hace aproximadamente dos meses de la ejecución del desalojo.
Preocupación por los casos más vulnerables
Rivero detalla que el Ayuntamiento tiene registradas alrededor de 80 personas empadronadas en el inmueble, aunque aclara que la población es muy fluctuante y que el número real de residentes puede variar constantemente. La mayoría son personas de origen magrebí, especialmente marroquíes, aunque también existen algunas familias españolas: «Nos preocupan especialmente las familias con menores y personas enfermas»
El responsable municipal indica que entre 18 y 20 residentes son usuarios de los servicios sociales municipales, principalmente trabajadores temporales que recurren a ayudas en los periodos en los que carecen de ingresos.
Ante esta situación, el Ayuntamiento ha mantenido reuniones con la Delegación del Gobierno, Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Local, además de solicitar colaboración al Cabildo de Gran Canaria y al Gobierno de Canarias para coordinar una respuesta institucional.
Rivero afirma que ya se trabaja específicamente en algunos casos considerados de extrema vulnerabilidad para intentar garantizar alternativas habitacionales o recursos de emergencia antes de la fecha prevista para el lanzamiento judicial.
El concejal reconoce además que, desde que el caso trascendió públicamente, algunas personas han comenzado a abandonar voluntariamente el inmueble.