La presidenta del Cabildo critica la falta de coordinación con Canarias, activa el plan de emergencias y exige máximo rigor en los protocolos para evitar riesgos sanitarios y daños a la imagen turística.
La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, muestra su indignación por la gestión del Gobierno de España en relación con el traslado a la isla del barco con un brote infeccioso de hantavirus. Asegura que la decisión se adoptó «de manera unilateral» y sin consultar a las autoridades canarias, lo que califica de «absoluta deslealtad institucional».
Dávila explica que el Ejecutivo autonómico tenía información previa de que el buque continuaría su ruta hacia Países Bajos, pero que posteriormente se enteró «por un comunicado a los medios» de que finalmente se dirigía a Tenerife. «Lo mínimo habría sido convocar una reunión», afirma, subrayando que ni siquiera hubo contacto previo con el presidente de Canarias.
Activación del plan de emergencias
Ante la llegada del barco, el Cabildo ha activado el plan de emergencias insular en situación de prealerta por riesgo sanitario. La presidenta insiste en que, aunque se transmita un mensaje de tranquilidad, «tú tienes que tener todos los medios preparados» por si se produce cualquier incidencia.
En este sentido, destaca la necesidad de contar con equipos de protección, personal sanitario y protocolos claros para actuar con rapidez. Advierte además de que los pasajeros, aunque actualmente asintomáticos, «pueden dejar de serlo en cualquier momento».
Críticas al argumento sanitario y a la OMS
Dávila cuestiona también el argumento de que la decisión responde a indicaciones de la Organización Mundial de la Salud. «La OMS no da órdenes, da recomendaciones», afirma, señalando que no existe ningún informe técnico que justifique que Canarias sea el destino más adecuado para la operación.
Recuerda que países como Cabo Verde o Marruecos rechazaron asumir el desembarco completo del pasaje por considerar que existía riesgo para su población, mientras que España aceptó la operación.
Exigencia de que el barco no toque puerto
Uno de los principales objetivos del Cabildo ha sido evitar que el barco atraque en Tenerife. Dávila explica que, tras la presión institucional y social, se ha conseguido que el buque permanezca fondeado frente a la costa.
«Queremos que no toque tierra en ningún momento», señala, insistiendo en que el traslado de pasajeros se realice con embarcaciones auxiliares bajo estrictos protocolos de desinfección y control sanitario.
Repatriación y salida rápida del buque
La operativa prevista contempla la evacuación escalonada de los pasajeros según su nacionalidad, con vuelos militares y civiles organizados por distintos países. Dávila confirma que ya están previstos aviones de España, Estados Unidos y Reino Unido.
Además, exige que el barco abandone aguas canarias «lo antes posible» y que cualquier proceso de desinfección se realice fuera del archipiélago, preferiblemente en el país de bandera del buque.
Impacto reputacional y presión mediática internacional
La presidenta advierte del impacto que esta situación puede tener sobre la imagen de Tenerife. «Estamos en el ojo del huracán», afirma, señalando que medios internacionales como la BBC, The New York Times o la CBS ya han mostrado interés en el caso.
Considera que esta exposición mediática supone un riesgo añadido para el sector turístico y lamenta que la isla se vea envuelta en una crisis que no ha generado. «Esa publicidad no es buena», subraya.
Falta de respuesta del Gobierno central
Dávila critica también la ausencia de interlocución por parte del Gobierno de España. Asegura que ni el presidente autonómico ni las autoridades insulares han recibido explicaciones previas ni posteriores a la decisión.
En contraste, destaca el gesto del embajador de Países Bajos, que ha remitido una carta de disculpa y se ha puesto a disposición del Cabildo. «Es lo que no ha hecho nadie del Gobierno de España», apunta.
Llamamiento a la prudencia y al rigor
Pese al tono crítico, la presidenta insiste en la necesidad de actuar con responsabilidad y rigor para evitar errores. Subraya que el dispositivo debe ejecutarse con «la máxima garantía» y sin margen de fallo.
El objetivo, concluye, es proteger a la población canaria, minimizar los riesgos sanitarios y cerrar cuanto antes una operación que considera impuesta y mal gestionada desde el inicio.