El viceconsejero de Bienestar Social advierte de fallos en el proceso estatal, defiende la regularización como oportunidad económica y social y muestra preocupación por el nuevo pacto migratorio europeo.
La gestión de la inmigración y el proceso de regularización en marcha centran uno de los principales frentes abiertos del Gobierno de Canarias. El viceconsejero de Bienestar Social, Francis Candil, reconoce que la comunidad afronta una situación compleja marcada por la presión migratoria y por decisiones estatales y europeas que condicionan la respuesta institucional.
Preocupación por el nuevo pacto europeo
Candil respalda las críticas del presidente autonómico a la política migratoria de la Unión Europea y advierte de las consecuencias del nuevo pacto de migración y asilo, cuya entrada en vigor está prevista para junio. Según explica, este marco endurecerá los procedimientos y reforzará figuras como los centros de retención en territorios fronterizos.
El viceconsejero considera que Canarias, como frontera sur, podría verse especialmente afectada por estos cambios, con un aumento de los procesos de expulsión hacia terceros países y mayores dificultades en la gestión humanitaria.
Regularización: una oportunidad mal gestionada
En paralelo, Candil valora el proceso de regularización impulsado por el Estado como una “oportunidad” para integrar a miles de personas que ya residen en el archipiélago. Sin embargo, critica con dureza su ejecución.
A su juicio, ha habido “mucha improvisación” en el desarrollo del procedimiento, lo que ha derivado en largas colas y situaciones de desesperación entre quienes buscan regularizar su situación administrativa. El plazo para acogerse al proceso finaliza el 29 de junio, una fecha que, en principio, considera suficiente si se hubiera organizado adecuadamente el sistema.
Impacto económico y social
El viceconsejero subraya que la regularización permitiría aflorar economía sumergida y cubrir necesidades laborales en sectores con déficit de trabajadores, especialmente en el ámbito sociosanitario.
Se estima que entre 30.000 y 50.000 personas podrían beneficiarse del proceso en Canarias, muchas de ellas ya integradas en la sociedad pero sin acceso a derechos laborales plenos. La mayoría procede de países latinoamericanos, no de África, como a menudo se sugiere en el debate público.
Críticas al discurso sobre inmigración y delincuencia
Candil rechaza la vinculación entre inmigración y delincuencia, que califica de “barbaridad”, y defiende que la regularización contribuye precisamente a evitar situaciones de exclusión que podrían derivar en problemas sociales.
Insiste en que facilitar el acceso a empleo y derechos es clave para la integración y para reforzar la cohesión social en el archipiélago.
Problemas técnicos en el procedimiento
Uno de los principales obstáculos detectados es la exigencia de un certificado de vulnerabilidad, que el viceconsejero considera incoherente, ya que las personas en situación irregular ya se encuentran, por definición, en un contexto de vulnerabilidad.
Este requisito está generando dificultades adicionales y podría ser revisado por el Estado, según apuntan expertos en extranjería.
Canarias, ejemplo de convivencia
Pese a las tensiones del debate político, Candil destaca la respuesta de la sociedad canaria, que califica de “madura” y basada en la convivencia. Recuerda que las personas que ahora buscan regularizarse ya forman parte de la realidad social del archipiélago, sin que su presencia haya generado rupturas significativas.
En este contexto, el Gobierno autonómico trata de coordinarse con ayuntamientos y entidades sociales para paliar las carencias del sistema estatal y garantizar una atención adecuada a la población migrante.