El Gobierno de Canarias defiende el derecho creado tras la erupción como herramienta clave para reconstruir proyectos de vida y frenar el abandono de la isla.
La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, pone el acento en la creación de un nuevo derecho jurídico inexistente hasta ahora en España: el derecho a recuperar el valor total del patrimonio perdido por una catástrofe.
«Hoy las personas afectadas por el volcán tienen un derecho que no tiene nadie más en España ni en Europa», afirma, al explicar que la normativa estatal solo contemplaba ayudas limitadas, muy por debajo del valor real de los bienes.
Este cambio normativo ha permitido diseñar un sistema que compensa a los afectados mediante tasaciones públicas, descontando seguros y ayudas previas. «Como no devolviéramos a las personas el valor de lo perdido, la isla no iba a caminar», sostiene.
La consejera plantea además la necesidad de crear un fondo estatal permanente, alimentado por todas las comunidades autónomas, que permita responder con rapidez a futuras catástrofes como incendios o inundaciones.
Más de 366 millones para recuperar proyectos de vida
El viceconsejero para la Recuperación Económica y Social de La Palma, Pedro Afonso, destaca que el modelo aplicado ha permitido no solo compensar daños, sino «recuperar proyectos de vida».
Hasta el momento se han destinado más de 366 millones de euros en pagos directos a los afectados, de los cuales 266 millones proceden del Gobierno de Canarias y 100 del Estado. «Hoy pueden estar pensando en rehacer su vida», señala.
Afonso subraya que más de 800 viviendas habituales ya han sido abonadas y que el proceso continúa con segundas residencias y explotaciones agrarias. En el caso del sector platanero, más del 60% de los productores ha manifestado su intención de reconstruir sus fincas.
El sistema administrativo diseñado incluye hasta 12 trámites técnicos para garantizar la transparencia, antes de la aprobación final por parte de los responsables políticos.
Evitar el abandono de la isla
Uno de los efectos más relevantes del modelo, según el viceconsejero, ha sido frenar el éxodo de población. «La impresión que tengo es que la gente no se ha marchado», afirma.
Explica que, tras un primer momento de incertidumbre, el pago efectivo de las primeras compensaciones generó confianza entre los afectados, que decidieron permanecer en la isla y reconstruir su vida.
«Este modelo genera la posibilidad de que las personas decidan su proyecto de vida, no el que la administración quiera», añade, frente a alternativas que habrían conducido a una mayor dependencia de ayudas públicas.
Reconocimiento del personal laboral
En el ámbito administrativo, Barreto también destaca el acuerdo alcanzado con el Comité Intercentro para avanzar en la ordenación del personal laboral de la comunidad autónoma, que representa más del 67% de la plantilla.
La consejera explica que se trata de «dar en la práctica los derechos que ya están reconocidos en la ley», permitiendo la promoción interna y la movilidad, así como la posibilidad de funcionarización voluntaria en un proceso de cuatro años.
Subraya además el componente de género de esta medida, al señalar que el 78% del personal laboral son mujeres que, en muchos casos, accedieron por vías más compatibles con la conciliación: «Es justo reconocerles esos derechos».
Participación en los aeropuertos: «el camino se ha abierto»
En otro orden de cosas, Lady Barreto afirma que la reciente reunión con el Estado sobre la gestión aeroportuaria supone un punto de inflexión tras años de reivindicación. «El camino se ha abierto», asegura, al tiempo que subraya que Canarias no cuestiona su derecho a participar en la toma de decisiones, recogido en el Estatuto de Autonomía.
Barreto explica que el objetivo no es necesariamente entrar en el Consejo de Administración de AENA, sino garantizar que el archipiélago forme parte de las decisiones estratégicas, como la fijación de tasas o la planificación de infraestructuras. «Lo que queremos es tomar decisiones y formar parte en la toma de decisiones», señala.
Según detalla, el Estado remitirá en unos diez días un documento de trabajo, inspirado en el modelo vasco, que permitirá iniciar una ponencia técnica conjunta con el Ministerio de Transportes. «Preferimos partir de algo y ver hasta dónde quiere llegar Canarias», indica.
La consejera insiste en que los aeropuertos son «básicos para nuestro día a día» y esenciales para la cohesión territorial, por lo que reclama que los beneficios generados en las islas repercutan en la mejora de estas infraestructuras.
Acuerdo por el empleo público
Sobre el acuerdo recientemente alcanzado con el Comité Intercentros, que representa al personal laboral de la comunidad autónoma, Lady Barreto indica que busca corregir una situación arrastrada durante décadas por la falta de un plan de ordenación de recursos humanos.
Explica que este colectivo —que supera el 67% de la plantilla— tiene derechos reconocidos en la ley que, en la práctica, no podía ejercer. «Se trata de dar en la práctica los derechos que ya están reconocidos», afirma, aludiendo a la posibilidad de promoción interna, movilidad y acceso a puestos de mayor responsabilidad, hasta ahora limitados.
La consejera subraya además el impacto social de la medida, ya que el 78% de este personal son mujeres que, en muchos casos, accedieron por vías más compatibles con la conciliación. El acuerdo contempla un proceso progresivo de cuatro años que culminará con la opción voluntaria de funcionarización, mediante pruebas selectivas. «Es justo reconocerles esos derechos», sostiene Barreto, quien considera que esta reforma contribuirá a mejorar la estabilidad y la equidad dentro de la administración pública canaria.