El fin del acuerdo con Andalucía deja a las islas sin destino para estos residuos, lo que puede paralizar sectores clave y agravar riesgos sanitarios y ambientales, según denuncian la portavoz de Coalición Canaria en el Cabildo de Gran Canaria, Vidina Cabrera, y el director de Comunicación de FEMEPA, Víctor Rubio.
La portavoz de Coalición Canaria en el Cabildo de Gran Canaria, Vidina Cabrera, y el director de Comunicación de FEMEPA, Víctor Rubio, advierten de un escenario crítico tras la finalización del acuerdo con Andalucía para el tratamiento del amianto. «A día de hoy no hay ninguna solución», afirma Cabrera, quien subraya que el archipiélago carece de infraestructuras propias para gestionar este residuo peligroso.
Rubio explica que la normativa andaluza prohíbe ya recibir amianto de otras comunidades, lo que obliga a Canarias a aplicar el principio de autosuficiencia sin disponer aún de medios para ello.
Riesgo sanitario y ambiental
Cabrera insiste en la gravedad del problema desde el punto de vista de la salud pública. «Puede causar incluso cáncer», afirma, en referencia a las fibras que libera este material cuando se degrada y que pueden ser inhaladas.
Además, advierte de los riesgos en situaciones como incendios o roturas de infraestructuras. «Se creó una nube tóxica grande», recuerda sobre un caso reciente, señalando que ni siquiera los servicios de emergencia contaban con los equipos adecuados para afrontar este tipo de incidentes.
Falta de planificación y coordinación
Ambos coinciden en que el principal problema es la ausencia de planificación institucional. «Falta coordinación y falta una hoja de ruta», expresa Rubio, quien reclama una respuesta conjunta entre Gobierno de Canarias, cabildos y ayuntamientos.
Cabrera critica además la falta de iniciativas concretas y cuestiona la gestión del Cabildo de Gran Canaria. «La ciudadanía necesita actos, no palabras», afirma, denunciando que no se haya impulsado un censo de amianto que permita dimensionar el problema.
Impacto en sectores económicos
El bloqueo en la gestión del amianto ya tiene consecuencias directas sobre la actividad económica. Rubio advierte de que «las obras van a quedar paralizadas», especialmente en ámbitos como la fontanería o las energías renovables.
Explica que muchas instalaciones industriales y cubiertas contienen fibrocemento, lo que impide intervenir sin una solución para retirar y tratar el material. «No se puede», afirma, en referencia a la imposibilidad actual de gestionar estos residuos.
Además, alerta del riesgo de perder inversiones vinculadas a los fondos europeos. «No vamos a poder ejecutar en tiempo y forma», señala, en relación con los proyectos de descarbonización previstos hasta 2030.
Medidas urgentes y a medio plazo
Ante esta situación, los representantes plantean soluciones inmediatas y estructurales. Entre las primeras, destacan la necesidad de ampliar los plazos de almacenamiento temporal o negociar con otras comunidades autónomas para evitar el colapso.
A medio y largo plazo, consideran imprescindible la construcción de infraestructuras específicas. «Hay que saber de qué dimensión necesita ese vaso», afirma Cabrera, insistiendo en que sin un censo previo «estamos dando palos de ciego».
Un problema estructural sin resolver
Cabrera y Rubio coinciden en que el problema del amianto no es nuevo, pero denuncian que no se ha abordado con la urgencia necesaria. «No se ha avanzado nada», lamentan, alertando de la sensación de impotencia que genera la falta de soluciones.
En este contexto, apelan a la presión social y a la responsabilidad institucional para afrontar un desafío que combina riesgos sanitarios, impacto ambiental y consecuencias económicas para Canarias.