La plataforma vecinal advierte de que el nuevo decreto de vivienda pública del Gobierno de Canarias podría vulnerar derechos y denuncia que la falta de vivienda social agrava una crisis habitacional que afecta a miles de familias.
El portavoz de la Asamblea Vecinal Derecho al Techo, Javier Marrero, afirma que la situación vivida recientemente por una familia desahuciada en la calle Montevideo, en Las Palmas de Gran Canaria, refleja el problema estructural de acceso a la vivienda que atraviesa Canarias.
Marrero explica que la tramitación del desahucio se ejecuta con rapidez mientras que las soluciones habitacionales llegan con mayor lentitud. «Lo que ha actuado con mucha rapidez ha sido la tramitación del lanzamiento y el desahucio», señala.
En este caso, la familia recibe finalmente una vivienda social, aunque inicialmente se entrega sin servicios básicos. «Se entregó la vivienda pero sin tener electricidad ni agua», explica.
El portavoz de la plataforma indica que los afectados continúan durmiendo en un recurso provisional facilitado por la propia organización mientras se completan los trámites para garantizar las condiciones mínimas de habitabilidad.
Riesgo de aumento de desahucios
Derecho al Techo teme que situaciones como esta se multipliquen en los próximos meses si no se reactiva el llamado escudo social, que protegía a las familias vulnerables frente a los desahucios: «Tememos que venga una gran avalancha de desahucios si no se vuelve a poner en marcha el escudo social», afirma Marrero.
La plataforma asegura que ya detecta un aumento de procedimientos judiciales relacionados con desalojos. Según explica su portavoz, actualmente tienen constancia de varios lanzamientos previstos en los próximos meses y de numerosas solicitudes presentadas ante los juzgados por entidades propietarias de viviendas: «Ya tenemos tres lanzamientos previstos para el 8 de mayo y otros procedimientos que están iniciándose», señala.
Qué protegía el escudo social
Marrero explica que el escudo social era un mecanismo que permitía frenar los desahucios cuando los servicios sociales acreditaban la situación de vulnerabilidad de una familia: «El escudo social protegía la vulnerabilidad de las personas que no podían afrontar el pago del alquiler», indica.
Además, ese mecanismo impedía prácticas de presión sobre los inquilinos como los cortes de suministros básicos. «También evitaba que se pudieran realizar cortes de agua o de luz como forma de presión para expulsar a los inquilinos», añade.
Según la plataforma, la desaparición de estas medidas deja a miles de personas en una situación de gran incertidumbre. «Hay unas 60.000 personas que viven con temor a perder su vivienda», afirma.
Críticas al nuevo decreto de vivienda pública
La organización vecinal también cuestiona el decreto de vivienda pública aprobado por el Gobierno de Canarias, que a su juicio podría vulnerar derechos fundamentales: «Este decreto tiene una falta de racionalidad y puede tener tintes discriminatorios», sostiene Marrero.
El portavoz considera que las nuevas medidas podrían restringir el acceso a la vivienda pública y alterar los criterios de adjudicación basados en la vulnerabilidad social_ «La vivienda es un derecho y no se puede regular contra derechos ya reconocidos en la Constitución, el Estatuto de Autonomía o la normativa europea», afirma.
La plataforma incluso estudia la posibilidad de emprender acciones legales contra el decreto si finalmente se confirma su aplicación.
Falta de vivienda social
Más allá de las medidas legislativas, Derecho al Techo considera que el principal problema es la falta de vivienda pública disponible: «Se habla de decretos para facilitar el acceso a viviendas que no existen», critica Marrero.
Según explica, los proyectos de nuevas promociones tardarán años en completarse, lo que impide dar una respuesta inmediata a la crisis actual: «Las primeras viviendas que se anuncian no estarán terminadas hasta 2027», señala.
Por ello, la plataforma defiende que se adopten medidas urgentes para movilizar viviendas vacías y aumentar la oferta habitacional.
El perfil de las personas afectadas
El portavoz de Derecho al Techo subraya que el perfil de las personas afectadas por desahucios ha cambiado en los últimos años: «Son personas trabajadoras que tienen empleo pero que no pueden afrontar el precio actual del alquiler», explica.
Muchos de los afectados trabajan en sectores con salarios bajos, como la hostelería, el comercio o los cuidados, y destinan una parte muy elevada de sus ingresos al pago de la vivienda.
A esta situación se suma el impacto de la turistificación en algunos barrios, que reduce la oferta de alquiler residencial y provoca un aumento generalizado de los precios.
Un problema social creciente
La plataforma vecinal advierte de que la crisis de vivienda no solo afecta a familias jóvenes o con bajos ingresos, sino también a personas mayores que sufren presiones para abandonar sus viviendas: «Hay desahucios invisibles que afectan a personas mayores en barrios donde avanza la gentrificación», señala Marrero.
Ante este escenario, Derecho al Techo reclama políticas públicas más ambiciosas para garantizar el derecho a la vivienda y propone, entre otras medidas, ampliar la construcción de vivienda social, regular los precios del alquiler y abrir oficinas públicas de asesoramiento para inquilinos: «Hace falta que las administraciones den información y apoyo a las personas que se enfrentan a un desahucio», concluye.