El Consejo Económico y Social de Canarias aprueba por unanimidad un informe que propone ampliar las áreas marinas protegidas y reforzar la coordinación institucional para garantizar la sostenibilidad ambiental y económica del archipiélago.
El Consejo Económico y Social (CES) de Canarias ha aprobado por unanimidad un informe sobre áreas marinas protegidas que plantea reforzar la protección del entorno marino del archipiélago y situar a Canarias como referencia en conservación oceánica.
El presidente de la Comisión de Política de Bienestar Social del CES, Sergio Melián, explica que el documento se enmarca en los objetivos europeos de protección marina. «Lo que estamos haciendo es seguir la línea del Pacto de los Océanos de la Unión Europea, que establece el objetivo de proteger el 30% de los mares», afirma.
Según señala, el informe adapta ese objetivo al contexto específico de Canarias, cuya demarcación marina tiene un peso estratégico dentro del conjunto del Estado. «La demarcación marina canaria representa el 45% de la superficie total de las cinco demarcaciones existentes en España», expresa.
Canarias y la importancia de sus mares
Melián subraya que la singularidad de las aguas del archipiélago exige una estrategia ambiciosa de conservación. «La importancia de nuestros mares y de su biodiversidad es indudable, por lo que debemos situarnos en la vanguardia de la protección marina», dice.
En ese sentido, el informe propone aumentar tanto las áreas marinas protegidas vinculadas a la normativa europea de hábitats como las reservas marinas de interés pesquero.
El objetivo es garantizar la continuidad ecológica de los ecosistemas marinos y evitar la sobreexplotación de los recursos. «Se trata, dicho de forma sencilla, de no machacar nuestros mares y asegurar su salud ambiental a largo plazo», afirma.
Propuestas para reforzar la protección marina
El informe identifica entre trece y catorce líneas de actuación destinadas a mejorar la protección y la gestión del espacio marítimo.
Entre las medidas planteadas figura la ampliación de nuevas áreas marinas protegidas, la mejora de la coordinación entre administraciones y la actualización de planes de gestión que, según señala Melián, acumulan retrasos importantes. «Hay planes de ordenación marítima que llevan prácticamente diez años sin actualizarse», expresa.
Asimismo, el documento propone impulsar la red de áreas marinas protegidas, reforzar los mecanismos de vigilancia y promover acuerdos con organismos como la Armada o las fuerzas y cuerpos de seguridad para garantizar el cumplimiento de las restricciones en estos espacios.
Otra de las propuestas planteadas por el CES es trasladar a Canarias la sede de la Red de Áreas Marinas Protegidas, que actualmente se encuentra en Madrid.
Conservación y desarrollo económico
El responsable del informe insiste en que la protección ambiental no debe interpretarse como un obstáculo para el desarrollo económico. A su juicio, ambas dimensiones deben complementarse dentro del concepto de economía azul: «La planificación marítima ya contempla un reparto equilibrado entre las distintas actividades económicas», explica.
Entre estas actividades menciona sectores como la pesca, la acuicultura, el transporte marítimo o el turismo, que pueden convivir con la conservación si existe una adecuada planificación de los espacios: «Lo que buscamos es un equilibrio entre la protección ambiental y el desarrollo económico y social del archipiélago», afirma.
Aplicar mejor la normativa existente
En su análisis de la situación actual, Melián considera que el problema principal no reside tanto en la falta de legislación como en la escasa aplicación de las normas existentes: «Desde el punto de vista legislativo no habría que tocar gran cosa. Lo que hace falta es aplicar la normativa con mayor rigor», señala.
Según explica, tanto la legislación europea como la normativa estatal ya establecen marcos suficientes para avanzar en la protección marina.
Participación social y concienciación
El informe también propone reforzar los mecanismos de participación social en la gestión de los espacios marinos. Melián defiende la creación de espacios de gobernanza participativa donde puedan intervenir administraciones, comunidad científica, sectores económicos y ciudadanía: «La idea es que haya una cogobernanza participativa en la toma de decisiones», afirma.
Además, el documento plantea impulsar campañas de concienciación social sobre la importancia de proteger el entorno marino.
El papel de la ciencia y la investigación
El presidente de la comisión destaca la necesidad de reforzar los vínculos entre la comunidad científica y las administraciones públicas.
A su juicio, Canarias dispone de un importante potencial investigador en oceanografía y biología marina que debe aprovecharse mejor en la toma de decisiones: «Tenemos centros de investigación marina que están a la vanguardia a nivel estatal», señala.
Sin embargo, reconoce que históricamente han existido pocos puntos de conexión entre la comunidad científica y la administración responsable de la gestión de los mares.
Indicadores para medir los avances
De cara al futuro, el CES plantea utilizar indicadores internacionales de seguimiento para evaluar el progreso en materia de conservación marina.
Estos sistemas de monitorización permitirán analizar tanto la superficie de áreas protegidas como el grado de intensidad de la protección en cada espacio: «Con estas herramientas podremos medir objetivamente si avanzamos en la protección de nuestros mares», concluye Melián.