Más de 700.000 personas siguen atrapadas en la precariedad pese al crecimiento turístico y económico. La vivienda, los bajos salarios y la falta de empleo digno cronifican un problema que ya es estructural en el archipiélago.
La Comunidad Autónoma vuelve a situarse entre las regiones con peores indicadores sociales del Estado. El último avance de la tasa AROPE, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística, confirma que el 31,2% de la población canaria permanece en riesgo de pobreza o exclusión, el mismo porcentaje que el año anterior, lo que rompe la tendencia descendente registrada desde el año 2020.
Fernando Rodríguez, vicepresidente de EAPN Canarias, admite la sorpresa ante la falta de mejora: «Esperábamos seguir bajando casi dos puntos por año y, sin embargo, nos quedamos igual. Eso demuestra que la pobreza se ha convertido en un problema estructural», afirma. Tras la cifra, recuerda, hay más de 700.000 personas: «tres de cada diez canarios que no logran salir de esa situación».
Dependencia del turismo y salarios insuficientes
Rodríguez vincula el estancamiento a un modelo económico muy concentrado en los servicios y el turismo, sectores que generan empleo, pero no siempre empleo de calidad. ➤ «La riqueza no permea a la población más vulnerable. Muchos trabajos son parciales o con salarios bajos y eso produce pobreza laboral».
Aunque el PIB y la actividad turística baten récords, la mejora macroeconómica no se traduce en bienestar cotidiano. El dirigente subraya que tener contrato ya no garantiza escapar de la precariedad: «El empleo ha dejado de ser sinónimo de salir de la pobreza».
La vivienda, principal factor de empobrecimiento
El coste habitacional aparece como el detonante más inmediato. Con ingresos medios por hogar reducidos, alquileres que rondan los 800 o 900 euros sitúan a muchas familias en pobreza severa tras pagar la renta: «Solo con abonar la vivienda ya estás por debajo del umbral. Luego vienen luz, agua o alimentación, que también han subido», explica. Para la red social, el encarecimiento del alojamiento se ha convertido en el principal componente de carencia material grave dentro del indicador AROPE.
Perfiles que se repiten y nuevos colectivos vulnerables
El retrato de la exclusión mantiene rasgos conocidos: familias monomarentales, hogares con menores y trabajadores con sueldos bajos. Sin embargo, emergen con fuerza las personas mayores: «Las pensiones suben, pero no lo suficiente para cubrir cuidados, dependencia o servicios privados cuando faltan recursos públicos».
La organización también alerta sobre la juventud. Solo el 15% de quienes tienen edad y empleo logran emanciparse. «Estudian, trabajan y aun así no pueden independizarse», resume Rodríguez.
Medidas urgentes y realistas
Ante este escenario, la red propone actuaciones combinadas. Entre las prioridades, ampliar el parque de vivienda social mediante rehabilitación, activar los complementos pendientes de la Renta Canaria de Ciudadanía —para alquiler, familias con menores y pensiones bajas— y reforzar políticas estructurales, no solo ayudas de emergencia: «No basta con parches. Hace falta una batería de medidas sostenidas en el tiempo», sostiene.
El «escudo social» evita un escenario peor
Pese a la gravedad, Rodríguez defiende la utilidad de las prestaciones existentes. Una simulación interna apunta que, sin pensiones, ingreso mínimo vital o ayudas autonómicas, la tasa superaría el 57%. «Estas medidas están conteniendo el golpe, pero no solucionan el problema de raíz».
Riesgo de normalizar la exclusión
La repetición anual de cifras elevadas preocupa a la entidad: «Corremos el peligro de acostumbrarnos, como si fuera normal vivir con estos niveles de pobreza», advierte. Para la red, mantener la visibilidad del fenómeno y exigir responsabilidad política resulta clave para evitar que la desigualdad se cronifique.
Aun así, Rodríguez insiste en el compromiso del tercer sector. «Tenemos que ser optimistas. Si no creyéramos que puede mejorar, no seguiríamos trabajando cada día con las familias».