La asociación ha iniciado una recogida de firmas para exigir a las administraciones un dispositivo permanente de atención veterinaria y ayudas económicas que garanticen el acceso a urgencias para familias con menos recursos.
La Asociación Majoreros Solidarios ha iniciado una recogida de firmas en Fuerteventura para reclamar a las administraciones públicas la implantación de un servicio veterinario de urgencias 24 horas en la isla, así como medidas de apoyo económico para familias con escasos recursos que no pueden afrontar una atención veterinaria urgente. Así lo explica su presidenta, Eva Azurmendi, quien advierte de que la ausencia de este servicio está provocando situaciones de «impotencia absoluta» entre la ciudadanía y consecuencias irreversibles para muchos animales.
Una carencia estructural en la isla
Azurmendi subraya que actualmente no existe en Fuerteventura ningún servicio veterinario de urgencias operativo fuera del horario comercial. Esto significa que, si una mascota enferma o sufre un accidente por la noche, en fines de semana o festivos, sus propietarios no tienen a dónde acudir. «No hay ningún punto de la isla donde llevarlos, ni siquiera un teléfono de referencia», afirma.
La presidenta de la asociación recuerda que, aunque en el pasado hubo clínicas que ofrecían atención continuada, desde hace meses no existe ningún recurso de este tipo, una situación que se ha hecho especialmente visible durante las últimas navidades.
Casos que evidencian la urgencia
La iniciativa surge, explica Azurmendi, tras vivir de primera mano situaciones dramáticas. Relata casos de animales gravemente enfermos o atropellados cuyos propietarios pasaron horas intentando localizar a un veterinario, sin éxito. «Hubo personas esperando durante horas mientras su mascota fallecía, sin poder hacer nada», señala.
Para la asociación, esta realidad demuestra que la falta de un servicio de urgencias veterinarias no es un problema anecdótico, sino una cuestión que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte de un animal.
Cumplir la ley de bienestar animal
Azurmendi insiste en que la reivindicación no busca ir contra el colectivo veterinario, sino exigir que se cumpla de forma integral la ley de protección y bienestar animal. «La ley existe, pero no se está cumpliendo en todo su alcance», afirma, reclamando que las administraciones asuman su responsabilidad y articulen los medios necesarios.
Entre las demandas figura, como mínimo, la existencia de un servicio localizado, con un teléfono de urgencias claramente identificado, aunque no esté presente físicamente en todos los municipios.
Apoyo a familias vulnerables
La recogida de firmas incluye también la petición de ayudas económicas para familias en situación de vulnerabilidad. Desde Majoreros Solidarios, una asociación que trabaja directamente con hogares con pocos recursos, constatan que incluso para familias con ingresos estables el coste veterinario puede ser elevado. «Para una familia que apenas llega a fin de mes, llevar a su mascota al veterinario es simplemente imposible», explica Azurmendi.
Por ello, solicitan partidas públicas específicas que permitan cubrir urgencias veterinarias en estos casos y eviten que la falta de recursos económicos condene a los animales.
Amplio respaldo ciudadano
La campaña de recogida de firmas, realizada exclusivamente en papel para reforzar su impacto, ha tenido una respuesta masiva. En apenas quince días, la asociación ha superado ya las 3.500 firmas, con especial apoyo en varios municipios, y continúa recabando adhesiones en otras zonas de la isla.
Azurmendi reconoce que la magnitud del respaldo ha superado las expectativas iniciales y confía en que esta presión social obligue a las administraciones a actuar.
Una llamada a la colaboración institucional
La presidenta de Majoreros Solidarios recalca que la solución pasa por la colaboración entre administraciones públicas, profesionales veterinarios y colectivos sociales. «No vamos contra nadie, esto tiene que ser una unión», afirma, recordando que los veterinarios también necesitan respaldo económico y recursos para poder ofrecer un servicio de urgencias viable.
La asociación espera que la entrega de las firmas sirva para abrir un diálogo real y efectivo. «Lo único que pedimos es que se cumpla la ley y que ninguna familia vuelva a sentirse sola y desamparada ante una urgencia veterinaria».