El portavoz de la Asamblea Vecinal Derecho al Techo, Javier Marrero, señala que se está ampliando los casos de «sinhogarismo invisible» en las islas.
La crisis de la vivienda en Canarias continúa profundizándose y, lejos de corregirse, amenaza con agravarse a través de las nuevas herramientas normativas impulsadas por las administraciones. Así lo sostiene Javier Marrero, portavoz de la Asamblea Vecinal Derecho al Techo, quien explica que su colectivo ha solicitado la nulidad del Decreto de Registro de Demandantes de Vivienda Protegida y del nuevo sistema de adjudicación aprobado por el Gobierno de Canarias, al considerar que «puede dejar fuera a miles de familias que necesitan una vivienda digna».
Críticas al decreto y al modelo de adjudicación
Marrero afirma que el actual planteamiento institucional traslada la carga del problema a las personas más vulnerables, en lugar de actuar sobre las causas estructurales de la emergencia habitacional: «Se está culpabilizando a quienes menos tienen, cuando lo que hace falta es ampliar el parque público de vivienda».
Desde la Asamblea Vecinal Derecho al Techo defienden la recuperación de viviendas vacías, el incremento del parque público y la puesta en marcha de modelos de alquiler público a medio y largo plazo, con contratos de siete, diez años o más, que aporten estabilidad a las familias.
Rechazo a los incentivos fiscales al alquiler
El portavoz del colectivo también cuestiona las recientes medidas anunciadas por el Gobierno central para ofrecer beneficios fiscales a propietarios que no suban los alquileres. A su juicio, estas iniciativas no solo resultan insuficientes, sino que benefician principalmente a los grandes tenedores: «Las ventajas fiscales acaban favoreciendo a quienes más tienen y no resuelven el problema del precio desorbitado del alquiler».
Marrero advierte de que muchas familias destinan ya la mayor parte de sus ingresos al pago de la renta y que la congelación de precios no corrige un mercado previamente tensionado. Además, alerta de la finalización inminente de miles de contratos firmados durante la pandemia: «En Canarias pueden vencer unos 40.000 contratos, lo que afectará a más de 90.000 personas y puede empujar a muchas a la exclusión residencial».
Aplicación efectiva de la Ley de Vivienda
La Asamblea Vecinal Derecho al Techo reclama la aplicación real de la Ley estatal de Vivienda en Canarias, especialmente en lo relativo al control de precios y a la priorización del uso residencial frente al turístico: «La vivienda vacacional y el alquiler turístico están expulsando a la población de sus barrios».
Marrero insiste en la necesidad de reforzar la inspección, tanto en el alquiler turístico como en el residencial, y denuncia la proliferación de infraviviendas y alquileres por habitaciones a precios abusivos, que no cuentan con un control administrativo efectivo.
El caso de Margarita y el sinhogarismo invisible
Marrero pone rostro a la crisis habitacional con el caso de Margarita, una vecina de Las Palmas de Gran Canaria desalojada de su embarcación, que utilizaba como único recurso habitacional: «Se ha retirado su barco, que es de su propiedad, sin ofrecerle ninguna alternativa habitacional».
El portavoz denuncia que la falta de acompañamiento jurídico y social previo al desalojo ha convertido a esta mujer en un nuevo caso de sinhogarismo, una realidad que define como «cada vez más invisible y extendida».
Desahucios sin alternativa y vacío institucional
Marrero reclama que, antes de ejecutar cualquier orden de desahucio, se garantice la asistencia jurídica de oficio y se emita un informe de vulnerabilidad, además de asegurar una solución habitacional: «No se puede dejar a una persona en la calle sin una alternativa; es un derecho constitucional y una obligación social».
Asegura que, en algunos casos, la intervención del colectivo ha permitido frenar desalojos, aunque lamenta la disparidad de criterios judiciales y la rigidez en los procedimientos cuando intervienen grandes propietarios o fondos de inversión.
Un problema social de primer orden
El portavoz de la Asamblea Vecinal Derecho al Techo concluye que la emergencia habitacional no es solo un drama individual, sino un problema estructural que afecta al conjunto de la sociedad canaria: «Lo que se está creando es un efecto de vulnerabilidad que podría resolverse antes de convertirse en un problema mayor para las personas y para la sociedad».
Marrero insiste en que sin un cambio profundo en las políticas públicas de vivienda, Canarias seguirá ampliando una bolsa de exclusión residencial que ya se manifiesta en formas extremas de precariedad y desarraigo social.