Antonio Gallardo, experto económico de ASUFIN, quien considera que la reforma es «necesaria y urgente» para ordenar el mercado y reforzar la protección del consumidor.
El anteproyecto de ley de créditos al consumo impulsado por el Gobierno pretende corregir los abusos detectados en los préstamos rápidos y minicréditos, un ámbito que en los últimos años ha afectado de forma directa a millones de personas, especialmente a quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad económica. Así lo explica Antonio Gallardo, experto económico de ASUFIN, quien considera que la reforma es «necesaria y urgente» para ordenar el mercado y reforzar la protección del consumidor.
Gallardo sostiene que el principal problema de la normativa actual es que «permitía que prácticamente cualquiera pudiera conceder préstamos, sin estar regulado y sin límites en los tipos de interés». Esta situación ha dado lugar, explica, a prácticas claramente abusivas, sobre todo en el ámbito de los minicréditos, con intereses que llegaban a superar con creces niveles razonables y que se dirigían, además, a personas excluidas del sistema financiero tradicional.
Minicréditos y usura encubierta
El experto de ASUFIN detalla que algunos de estos productos ofrecían, por ejemplo, 300 euros a devolver en apenas 30 días por más de 400 euros, lo que suponía intereses desorbitados. «Hablamos de cantidades absolutamente abusivas, con sistemas diseñados, en muchos casos, para que el cliente no pudiera pagar», afirma. A ello se sumaban intereses diarios por impago que disparaban la deuda en muy poco tiempo, alimentando un círculo vicioso del que resultaba difícil salir.
En este contexto, Gallardo subraya que muchas de estas empresas no están supervisadas por el Banco de España, ni siquiera domiciliadas en el país, lo que dificulta enormemente la reclamación por parte de los afectados.
Los principales cambios del anteproyecto
El anteproyecto introduce, a juicio de ASUFIN, tres cambios clave. En primer lugar, obliga a que todas las entidades que concedan créditos al consumo estén debidamente registradas y sometidas a control. En segundo lugar, establece límites claros a los tipos de interés, fijando un tope máximo del 4% nominal mensual en el caso de los minicréditos. Y, en tercer lugar, amplía los plazos mínimos de devolución, eliminando los préstamos a 30 días y estableciendo un mínimo de 90 días.
«Cualquier operación que supere esos límites será ilegal de origen, lo que facilita enormemente la defensa del consumidor», explica Gallardo, quien destaca que, con estas medidas, muchas personas no tendrán que acudir directamente a los tribunales para reclamar.
Solvencia y crédito responsable
Otro de los aspectos centrales de la reforma es el refuerzo de la evaluación de la solvencia del cliente. Según Gallardo, conceder préstamos a personas que ya figuran en registros de impago «rompe todas las reglas del crédito responsable». «No se trataba de altruismo, sino de un negocio basado en lucrarse de la necesidad ajena», afirma, señalando que estas prácticas podían multiplicar por cinco la deuda inicial en pocos meses.
El experto defiende que el crédito debe concederse con la certeza de que el consumidor puede devolverlo y en condiciones que no comprometan su economía a medio plazo.
Más transparencia, pero también más información
Gallardo considera que el nuevo marco legal mejorará la transparencia, al obligar a informar con claridad sobre los costes reales de los préstamos y a respetar los topes establecidos. No obstante, insiste en que la ley debe ir acompañada de campañas informativas por parte del Ministerio de Economía y del Banco de España para que los consumidores sepan identificar cuándo una oferta es ilegal.
Mientras la norma se tramita y entra en vigor, el experto recomienda extremar la precaución. «Hay que desconfiar de la inmediatez, de los préstamos sin preguntas y de la letra pequeña que oculta la TAE real», señala, aconsejando valorar siempre alternativas menos gravosas, como acudir a entidades reguladas, renegociar con el banco o recurrir al entorno familiar.
Un mercado que necesita orden
Desde ASUFIN valoran positivamente el anteproyecto, aunque echan en falta una mayor protección frente a las penalizaciones por impago y una reflexión más profunda sobre la vulnerabilidad financiera. Con todo, Gallardo concluye que la reforma supone «un paso decisivo para poner coto a los abusos y avanzar hacia un sistema de crédito más justo y responsable», en un momento en el que el endeudamiento al consumo sigue creciendo en los hogares.