➤ «AENA hace lo que le da la gana con Canarias y no escucha a nadie» ➤ «La vivienda vacacional es un fenómeno alojativo que ha venido para quedarse» ➤ «RIU ya le ha dado su palabra a los trabajadores de Fuerteventura de que los va a defender hasta el último aliento»
La responsable de los servicios jurídicos de RIU, Águeda Borges, sitúa el cierre de 2025 con un balance claramente positivo para la industria turística canaria y con una previsión de invierno favorable, pero advierte de un escenario donde la fortaleza del sector convive con vulnerabilidades estructurales y con decisiones políticas y administrativas que, a su juicio, no siempre están a la altura de un motor económico que depende de la conectividad y de la reputación del destino. «Acabamos un buen año y las perspectivas para, por lo menos, todo el invierno 26 también son buenas», dice, antes de insistir en que «es un sector frágil» pese a la imagen de solidez que se le atribuye.
Un sector fuerte, pero con puntos débiles
Borges rechaza la idea de que atraer visitantes sea un automatismo: «Damos por hecho que conseguir que 18 millones de personas vengan a verte es fácil. No, no lo es». En su análisis, la condición insular convierte la conectividad aérea en un factor decisivo y sitúa al Archipiélago en una competición permanente con otros destinos que también ofrecen sol, playa y clima. «Estamos dependiendo de la conectividad aérea», subraya, y recuerda que el trabajo de “vender” Canarias fuera exige constancia, inversión y capacidad para diferenciarse.
Infraestructuras, vertidos y responsabilidades
En la entrevista, la jurista pone el foco en los problemas de infraestructuras vinculados al litoral y al saneamiento, y marca una frontera clara entre la responsabilidad empresarial y la obligación pública de planificar y ejecutar obras esenciales. «El empresario es responsable de su gestión, de pagar a sus empleados, de pagar sus impuestos», afirma, pero contrapone esa lista con la falta de dotaciones básicas: «¿Por qué no hay unos emisarios submarinos, unas depuradoras, unos centros de tratamiento de las aguas residuales?». A su juicio, el déficit no puede normalizarse: «Dinero público hay».
En esa misma línea, vincula el impacto ambiental con efectos directos sobre el negocio turístico y sostiene que actividades con capacidad de alterar la costa deben estar sometidas a controles equiparables a los que soporta el alojamiento turístico. «En la industria turística sabemos muy bien quién nos controla, quién nos inspecciona. Es un control exhaustivo», enumera, y añade que, si un incidente puede cerrar tramos de litoral, «también tendrán que controlar que lo hagas bien».
Incertidumbre, competencia y “no ser ombliguistas”
La responsable jurídica de RIU evita dar por garantizada la buena racha más allá del invierno y sitúa 2026 bajo el signo de la incertidumbre. «No lo sabemos», responde cuando se le pregunta por el tramo final del año, y enlaza esa cautela con el contexto geopolítico y con la emergencia de competidores: «Tenemos un conflicto bélico, destinos emergentes como el norte de África, Cabo Verde». Frente a ello, defiende una receta basada en calidad, profesionalidad y en el “hecho diferencial” de seguridad y cercanía con Europa. «Es importante salir, ver lo que se está haciendo y no ser ombliguistas», dice.
Empleo, absentismo y condiciones para trabajar
Borges reconoce dificultades para encontrar personal, pero sitúa el debate más allá del «no quieren trabajar» y aporta un dato que, en su relato, resume parte del problema operativo: «Hay cierto número de absentismo mayor que en años anteriores». Llega a cuantificarlo por zonas: «En Tenerife, a veces está por encima del 10 y del 12 y del 15». La consecuencia, afirma, se traduce en presión diaria para la organización y para la propia plantilla: «Cuando te levantas y abres tus hoteles, tienes un 10, un 12 por ciento de absentismo. Eso significa cambios».
Al mismo tiempo, intenta romper lo que considera un relato exclusivamente negativo sobre el sector. «No les estamos vendiendo el sector como una apuesta de futuro profesional y sin embargo lo es», afirma al hablar de nuevas generaciones, y defiende que existe un “backstage” de orgullo profesional y de vocación en la hostelería.
Vivienda y soluciones “inventadas” sobre el terreno
La entrevistada liga el acceso a la vivienda y los desplazamientos a la dificultad para atraer y retener personal en ciertas zonas turísticas, y vuelve a señalar a la administración como actor principal. «¿Quién responde a eso? La administración», dice, aunque también describe medidas que, según sostiene, ya se aplican desde el ámbito empresarial: «Los empresarios en muchos casos están haciendo cargo de dar alojamiento a sus trabajadores». Llega a poner un ejemplo en Fuerteventura sur, donde, explica, se han comprado unidades para alojar empleados y, en algunos casos, se han vendido después «a un precio muy interesante» a quienes las habitaban.
En su argumentación, insiste en un matiz que considera clave en el debate público: «En los últimos años no ha habido un crecimiento de plazas hoteleras, ha habido un decrecimiento», aunque sí ha aumentado el número de visitantes.
Vivienda vacacional: regulación y planificación
Sobre la ley de alquiler vacacional, Borges sostiene una posición favorable a regular para proteger marca-destino y estándares de calidad. «La vivienda vacacional ha venido para quedarse», afirma, y defiende que la norma es necesaria para que no “valga todo”. A su juicio, la exigencia de requisitos al hotel debe tener su equivalencia en la oferta vacacional: «Si te dicen hasta cuántos vatios tiene que tener el secador de pelo, ¿por qué no se va a controlar esa calidad?». También conecta el fenómeno con tensiones vecinales y con la transformación de barrios. El eje, resume, es organizar el modelo: «Se hace planificando».
El conflicto de la “unidad de explotación” en complejos turísticos
La jurista se detiene en el debate sobre la doble explotación y la “unidad de explotación” en complejos con comunidades de propietarios, especialmente en el sur de Gran Canaria, y lo describe como un choque entre propiedad individual, comercialización digital y sostenibilidad del modelo de servicios. Advierte de una asimetría que, dice, no es viable: «Hay un señor que está pagando la fiesta y otros que solamente pagan la cuota de limpieza del pasillo. No se va a sostener, porque no es justo». Frente al escenario de comercialización libre, propone fórmulas de “comunidades de gestión” que asuman costes reales de personal y servicios comunes, separadas de la comunidad de propietarios.
AENA, tasas y un aviso sobre los precios
Borges expresa una crítica frontal a la política de AENA respecto a tasas a guaguas discrecionales y taxis en aeropuertos, y la presenta como un contrasentido con los mensajes de sostenibilidad. «Me parece contradictorio a las políticas de sostenibilidad», afirma, y describe los aeropuertos como «instalaciones estratégicas por donde entra absolutamente todo lo que nos da de comer». Su acusación es directa: «AENA no escucha a nadie». Y advierte del efecto dominó: «Se subirán los costes, acabará subiendo la tarifa… y eso puede hacer que el cliente decida venir o no venir».
Fuerteventura y los hotel de TIU: “una pelea” larga
En el tramo final, Borges alude a la situación de los hoteles de Fuerteventura y, en particular, al Hotel Tres Islas. Señala que el asunto ha bajado de la agenda mediática, pero afirma que el trabajo continúa y subraya el compromiso con la plantilla: «Llevo 25 años sufriendo esta pelea» y «la empresa los va a defender hasta el último aliento». Sobre las actuaciones exigidas, sostiene que se ejecutan en agosto conforme a lo requerido: «Hemos adaptado todas las obras tal cual nos pidieron». Ahora, añade, toca transitar «de manera pacífica» el periodo de concesión indemnizatoria que, según plantea, corresponde.