➤ «Uno de cada tres españoles tiene un seguro privado» ➤ «El cuello de botella está en el recurso cama» ➤ «Estamos haciendo un esfuerzo importante, porque, en algunas comunidades, estamos cerca de destinar uno de cada dos euros a la sanidad»
La sanidad pública española se enfrenta a una encrucijada que, si no se aborda con un gran acuerdo político, acabará pasando factura a toda la sociedad. Así lo advierte Sebastián Sansó, director general de Hospitales Universitarios San Roque y presidente de la Asociación de Clínicas Privadas de Las Palmas, quien insiste en que «debiera haber un pacto de Estado para rescatar o salvar la sanidad, porque si no nos vamos a arrepentir todos» y alerta de que el sistema se sostiene cada vez más sobre recursos económicos y humanos que ya muestran claros signos de agotamiento.
El auge del seguro privado como síntoma de desconfianza
Sansó sitúa el debate en un dato que, a su juicio, resume el momento que vive el sistema: «En el año 2018 el 17% de la población española tenía un seguro privado. En el año 2024 es el 33. Uno de cada tres españoles tiene un seguro privado». Explica que el crecimiento se dispara especialmente a raíz de la pandemia, cuando la ciudadanía comprueba «la dificultad de acceso creciente» a los servicios de la sanidad pública por las restricciones y los retrasos acumulados.
Incluso en comunidades con estructuras socioeconómicas frágiles, como Canarias, el salto es notable: «Prácticamente uno de cada cinco canarios tiene una póliza de seguro privada». Y subraya que la tendencia no se frena: «Crece todos los años entre un 3, un 5, un 7%», según las memorias de las compañías aseguradoras.
Para el responsable de Hospitales Universitarios San Roque, este trasvase constante hacia la sanidad privada y concertada no significa un abandono de la sanidad pública, pero sí marca un cambio cultural: una parte creciente de la población ya no confía en que la red pública pueda resolver por sí sola sus necesidades en tiempos razonables.
La manta corta del Estado del bienestar
El diagnóstico de Sansó va más allá de la gestión concreta de cada comunidad autónoma. Coloca el foco en el giro que está dando el estado del bienestar en Europa, condicionado por el aumento del gasto militar y la necesidad de blindar las pensiones: «El dinero es finito, hay que poner dinero», resume.
A su juicio, si se pregunta a los europeos qué recortar antes, la respuesta es clara: «Probablemente los europeos prefieran reducir la sanidad, porque la pensión está vinculada a personas que ya tuvieron su desempeño productivo y que no podrían cubrirse la sanidad de ninguna manera porque son rentistas. Entonces, creo que la prioridad va a ser mantener los sistemas de pensiones».
En ese escenario, advierte, «si incrementamos el gasto militar y garantizamos las pensiones, obviamente la sanidad como está concebida no va a poder disponer de los mismos fondos». La metáfora que utiliza es la de la manta que ya no alcanza para cubrirlo todo, pero aplicada a un contexto demográfico especialmente delicado: población más longeva, mayor deterioro físico y peso creciente de la cronicidad.
Tecnología para sacar al paciente del hospital
Ante unos recursos económicos y humanos limitados, Sansó cree que la única salida viable pasa por transformar la organización de la atención sanitaria. Y ahí sitúa la clave en la tecnología y en el desplazamiento del cuidado desde el hospital hacia el domicilio: «Va a haber más concertación y se va a introducir por primera vez tecnología no sólo tendente a la curación del paciente, […] sino a tecnología que permita desplazar el cuidado del paciente del hospital a su domicilio, que empoderen al paciente, que precise de menor recurso humano auxiliar».
Pone ejemplos que ya están funcionando, especialmente en el norte de Europa, donde los municipios disponen de trabajadores sociales con rutas asignadas para pacientes crónicos, mientras apps y dispositivos recuerdan tratamientos o registran constantes. En Canarias cita la experiencia de la unidad de atención domiciliaria encabezada por el actual gerente del Hospital Doctor Negrín, Miguel Ponce, y subraya que España se ha apoyado hasta ahora en el núcleo familiar, pero camina «hacia la soledad» de los mayores que viven solos.
En ese contexto, describe soluciones que hace unos años podían sonar a ciencia ficción: «Telefónica nos ha enseñado un robot, un perro que sirve para hacer compañía a la persona mayor, haciendo piruetas, bailando, poniendo música, y el perro tiene un dispensador farmacológico dentro, y está programado para suministrar las pastillas, y después también tiene un sistema de alerta que está conectado con una central por si el mayor se encuentra mal». Junto a ese modelo, menciona sistemas de cámaras en puntos estratégicos de la casa y videollamadas diarias con trabajadores sociales para comprobar el estado de la persona.
Son, insiste, fórmulas pensadas «para que el paciente evite o reduzca el número de contactos con el hospital y evite el colapso porque el recurso va a ser finito».
El cuello de botella de las camas sociosanitarias
Si hay un punto donde Sansó ve un problema estructural inmediato es en la falta de camas sociosanitarias. Lo plantea de forma tajante: «El cuello de botella está en el recurso cama». Y no sólo en la sanidad pública: «la sanidad concertada tiene, por acuerdo con el Servicio Canario de Salud, unos 700 u 800 pacientes crónicos viendo en los hospitales, de los cuales probablemente haya otros 100 u 150 que tengan el alta médica y que sean imposibles de evacuar el hospital por este mismo motivo».
Si se suman los casos de los hospitales públicos y concertados de las islas, calcula «unas 1.000 personas» ocupando camas hospitalarias que no se pueden liberar. Eso, sobre un total de «unos 5.500, 5.600» recursos, supone «prácticamente un 16, un 17, es la sexta parte de nuestra capacidad productiva». El resultado es inevitable: «Es insoportable eso, insoportable», y se traduce en «fotos de pacientes apilados en urgencia» que, a su juicio, podrían evitarse si se crearan suficientes plazas residenciales.
Para explicar la diferencia entre hacer hospitales y residencias tira de una comparación demoledora: «Último concurso del IAS de Gran Canaria para gestionar la residencia de Tamaraceite. Una cama en esa residencia, la paga el Cabildo a 117 euros. Una cama de agudos en el hospital Doctor Negrín costaría 2.700 euros. Es decir, 26 veces lo que cuesta una cama sociosanitaria».
Por eso celebra que el Gobierno de Canarias y los cabildos hayan firmado un acuerdo de 1.600 millones hasta 2028 para impulsar plazas sociosanitarias, pero advierte de que la ejecución es lenta y el problema es «muy urgente». Recuerda que hace ocho años se necesitaban 3.000 camas y hoy, teniendo en cuenta a quienes siguen en sus casas en condiciones precarias, «igual son 10.000».
Colaboración público-privada y nuevas fórmulas
Sansó insiste en que la administración es consciente de su propia lentitud y por eso explora la colaboración público-privada. Relata cómo, antes del verano, la consejera de Asuntos Sociales, Candelaria Delgado, y el viceconsejero Francis Candil convocaron al sector privado para «escuchar al operador» y valorar su participación en la construcción y gestión de camas sociosanitarias.
Apunta además que la falta de recursos no es sólo económica, sino también humana. Cita el caso de Castilla-La Mancha, donde se han creado residencias pequeñas sin médico presencial porque «no hay médico suficiente para atender una residencia de 14 camas o de 20 camas» y se recurre a la telemedicina: un facultativo atiende en remoto varias residencias y sólo se activa la derivación al sistema sanitario cuando el cuadro se agrava.
Este tipo de soluciones, sostiene, muestran que «tenemos que empezar a pensar de manera distinta. Si hacemos lo mismo que venimos haciendo, esto ya no va más. La leche ya no sale». Recuerda que España es «el quinto país de la Unión Europea con más médicos por habitante» y que Canarias destina «casi el 44% de su presupuesto a sanidad», pero aun así el modelo repite tensiones porque «el recurso humano ahora mismo es finito».
Un sistema tensionado pero sin quiebra inminente
Pese a la dureza de su diagnóstico, Sansó descarta hablar de una quiebra inminente de la sanidad pública. Prefiere la imagen de un «aterrizaje lento», comparable al de la economía en otras etapas. Sin embargo, avisa de que el sistema está «cogido hasta tal punto con pinzas» que episodios como la actual huelga de médicos por la reforma del estatuto marco tienen un impacto directo en las listas de espera.
Menciona también un riesgo infraestimado: los casi mil médicos que en toda España trabajan en «jubilación activa», atendiendo a un millón de pacientes. Si la administración no renueva su continuidad, «si usted mañana, esos mil médicos salen el 31 de diciembre por la puerta, se quedan un millón de pacientes sin atender, no va a tener mil médicos». Y lo enlaza con el error del presidente andaluz cuando prometió contratar 70 radiólogos para acabar con el atasco en mamografías: «Contrató a seis, pero no porque no quiso, es que no hay más».
Política, ideología y realidad de los datos
En la parte final de la conversación, el directivo sanitario subraya la distancia entre el discurso político y la realidad que reflejan los informes oficiales. Recuerda que, según el propio informe del Sistema Nacional de Salud presentado por la ministra Mónica García, «las dos comunidades donde más ha avanzado el sector privado en el intervalo 2018-2024 son Cataluña y Navarra, las dos gobernadas por el Partido Socialista». Y remata: «Una cosa es predicar y otra dar trigo».
Sansó no plantea su diagnóstico en clave partidista, y pone como ejemplo que los territorios que mejor han resuelto el problema sociosanitario no comparten color político: «Sólo Asturias y en gran parte Galicia han resuelto este tema» y lo han hecho porque su dispersión geográfica les obligó a anticipar el envejecimiento de pequeños núcleos poblacionales.
De ahí que su propuesta central sea elevar el debate por encima de los ciclos electorales y las luchas de partido: «Tal y como sucedió en el pacto de Toledo con las pensiones, debiera haber un pacto de Estado para rescatar o salvar la sanidad». De no hacerlo, insiste, «nos vamos a arrepentir todos». Una advertencia que lanza no sólo como representante del sector privado, sino como alguien que ve a diario cómo un sistema clave del estado del bienestar se estira hasta límites que, tarde o temprano, pueden romperse.