➤ «En cinco años, el 90% de las viviendas vacacionales en manos de pequeños propietarios va a quedar fuera del circuito turístico» ➤ «La ley está hecha para dos cosas: para que no haya más viviendas vacacionales y para cargarse poco a poco a los que ya están» ➤ «Esto castiga de manera expresa al pequeño propietario; beneficia a los de siempre, a los grandes»
Javier Valentín Peñate, vicepresidente y asesor jurídico de la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional (ASCAV), asegura que la nueva ley autonómica «entrará en vigor en diciembre» tras su debate parlamentario en noviembre, y adelanta un diagnóstico rotundo: «somos muy pesimistas». Afirma que la norma «nace para frenar nuevas altas hasta que cambie el planeamiento —años— y para ir sacando del juego a quienes ya están, sobre todo al pequeño propietario».
Valentín sostiene que el Gobierno «busca» un efecto estadístico: cuando se anunció la ley «había 43.000» viviendas vacacionales inscritas; ahora «hay 70.000», aunque «operativas de manera efectiva son 48.000». «Ese efecto llamada ha sido intencionado», dice, porque con 43.000 «no se justificaba una ley tan restrictiva», pero con 70.000 sí. En todo caso, recalca que ASCAV agrupa a más de 2.000 asociados y que el perfil predominante «son familias canarias con entre una y dos propiedades».
La asociación reclama seguridad jurídica para el pequeño propietario; una regulación proporcional que diferencie entre edificio completo y vivienda aislada; soluciones para complejos mixtos sin explotador único que no obliguen a ceder la propiedad; y evaluar con datos «los efectos reales» sobre el alquiler residencial antes de agravar restricciones: «Piensen en las familias cuando voten».
«No hoteles», fraude y competencia
El portavoz distingue al pequeño propietario de los proyectos que «piden licencia de edificio residencial y, con la última mano de pintura, cuelgan el cartel de vivienda vacacional». Lo califica como «fraude de ley» y se desmarca: «eso lo criticamos abiertamente». Defiende que «hay mercado para hoteles y para viviendas», y que el viajero que elige vacacional «no siempre busca precio; busca otra experiencia».
Gentrificación y por qué muchos huyen del alquiler estable
Admite «sin lugar a dudas» que la oferta vacacional ha contribuido a procesos de gentrificación en zonas de ciudades como Las Palmas de Gran Canaria, pero pide mirar «el porqué»: «con la Ley de Arrendamientos Urbanos y los desahucios suspendidos para vulnerables desde 2021, el propietario percibe desprotección». En ese marco, afirma, muchos evitan el alquiler de larga duración «por inseguridad jurídica» y por el diferencial fiscal y de riesgo.
La “unidad de explotación”, el punto de choque
El 70% de la oferta, cita, está en complejos mixtos «sin explotador turístico único». Señala que el Gobierno «quiere ir a machete» obligando a ceder los apartamentos a una empresa explotadora: «en el registro puede constar que es tuyo, pero por la ley estás obligado a cederlo… la llave la tiene el explotador». Asegura que multarán «por vivir en tu apartamento», por no cederlo o por alquilarlo vacacionalmente al margen de la unidad de explotación. Pide una salida: allí donde los propietarios acuerden una empresa, «perfecto»; donde no, que las unidades puedan comercializarse «de forma individual», coordinando servicios comunes.
Expulsión del pequeño y subida de precios
Valentín anticipa que «en cinco años el 90% de las viviendas en manos de pequeños quedará fuera». No cree que eso abarate el alquiler residencial: cita los casos de «Barcelona —parón desde 2017— y Nueva York», donde restringir la vivienda turística «no ha bajado el alquiler» y, en cambio, «ha encarecido la noche de hotel —en Nueva York, un 56% más desde 2022 a 2023— al eliminar competencia». «El negocio es redondo para el sector hotelero si desaparece la alternativa», añade.
Ventas a extranjeros y temporada: efectos no deseados
Si el objetivo gubernamental es que esas viviendas vuelvan al residencial, Valentín lo ve «incierto»: ante la inseguridad, «muchos venderán a extranjeros o alquilarán por temporada». En el sur de Gran Canaria, dice, los precios «superan con facilidad los 120.000 euros» y compradores «con mayor capacidad» desplazan la demanda local; «al final estamos vendiendo nuestras propiedades por un puro y un Mercedes».
Política y responsabilidad
El vicepresidente de ASCAV lee «cerrado y firmado» el acuerdo PP–Coalición Canaria para sacar del mercado a los pequeños, y emplaza a los grupos a «proteger a las familias canarias». «Que se retraten», dice: «si aprueban esta norma, cuando empiecen a caer viviendas vacacionales, en 2027 habrá elecciones y cada palo que aguante su vela». Insiste en que «no pedimos que no haya ley», sino que «la ley proteja al de aquí».