➤ «El Gobierno de España no asume por voluntad propia a los menores solicitantes de asilo: lo hace porque se lo ordena el Tribunal Supremo» ➤ «Llevamos más de dos años soportando en solitario una situación que debería ser compartida» ➤ «La redistribución está garantizada por ley y la vamos a vigilar sin que nos tiemble el pulso»
El viceconsejero de Presidencia del Gobierno de Canarias y presidente de Proexca, Alfonso Cabello, confirma que el Gobierno central ha comenzado a asumir la tutela de 827 menores solicitantes de asilo, de un total de 1.290 casos registrados en las islas. Se trata de un primer paso en el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo que ordena su inclusión en el sistema estatal de protección internacional. «Hay que reconocer que el Estado los daba de alta por obligación delante del Tribunal Supremo», afirma Cabello. «No lo hacen porque sean almas cándidas ni porque hayan sido empáticos con Canarias».
Este proceso, que ha incluido el traslado de varios centenares de menores a dependencias como el centro de Pozuelo de Alarcón en Madrid, ha generado reacciones políticas y vecinales que el viceconsejero lamenta. «No se montó ningún lío cuando el mismo centro acogió a refugiados ucranianos», asegura, «pero sí cuando los menores son negros». El Gobierno de Canarias, indica, colabora con el proceso y ha facilitado los datos de ubicación de los menores, de modo que su redistribución ya depende directamente del Estado. «Ahora el seguimiento del día a día corresponde al Gobierno del Estado».
Reuniones semanales con el Estado y seguimiento judicial
A partir de esta semana, se establecerán reuniones semanales entre el Gobierno de Canarias y el Ministerio de Inclusión para realizar un seguimiento técnico de la situación de cada menor. Estas sesiones serán grabadas y remitidas al Supremo para verificar que se cumple con la redistribución. «Es una garantía para todos que el Supremo esté detrás y velando para que se cumpla su sentencia», sostiene el viceconsejero.
Cabello destaca que Canarias ha tenido que presentar ya tres demandas contra el Estado por su inacción en materia migratoria: una por los menores con derecho a asilo, otra por la falta de financiación y una tercera por la redistribución general. A día de hoy, en las islas permanecen unos 5.600 menores migrantes no acompañados, muchos de ellos integrados ya en familias canarias de acogida.
El reparto entre comunidades avanza con escasa solidaridad
En cuanto al acuerdo de redistribución de los menores no solicitantes de asilo, el número supera los 4.000 y, según la previsión del Gobierno central, deberían ser acogidos en su mayoría por comunidades como Valencia, Madrid y Andalucía. «Hay comunidades autónomas que nunca han acogido ni a un solo menor», denuncia Cabello. Recuerda que los criterios de reparto incluyen el poder adquisitivo, la población, la dispersión territorial y el esfuerzo previo. «Lo que sí es verdad es que en este asunto nadie ha querido ayudar a Canarias», recalca. «Llevamos más de 30 años recibiendo en solitario esas pateras, esos cayucos, viendo fallecer a gente en nuestras costas sin que se hiciera nada».
Aunque el viceconsejero evita especular sobre la posible oposición política al reparto, insiste en que Canarias no puede permitirse el lujo de dudar. «Nosotros tenemos que hacer un seguimiento riguroso de los pasos que se están dando. Si se desvían de lo razonable, no nos va a temblar el pulso para acudir de nuevo a los tribunales».
Un déficit económico de casi 200 millones de euros
Cabello denuncia que la deuda acumulada del Estado con Canarias por la atención a menores migrantes alcanza ya los 194 millones de euros. «Pedro Sánchez se comprometió a transferir 100 millones el año pasado, de los cuales solo llegaron 50. Este año no ha llegado ni un solo euro». Asegura que, pese a tratarse de una situación de emergencia que permitiría transferencias vía decreto ley, no se ha producido la voluntad política suficiente.
El Gobierno autonómico ha tenido que realizar una modificación presupuestaria urgente para inyectar 46 millones de euros en la Consejería de Bienestar Social y garantizar la continuidad de los pagos a los 82 centros de acogida repartidos por el archipiélago. «Estamos hablando de más de 8.000 menores», concluye, «y dentro de poco esta deuda alcanzará los 250 millones si no se resuelve pronto».