El presidente de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales y del Observatorio Estatal de la Dependencia señala que el sistema canario necesita más personal y recursos si quiere atender a todas las personas con derecho reconocido.
Canarias padece los mismos problemas estructurales que el resto del país en materia de atención a la dependencia: falta de financiación, listas de espera y déficit de personal. Así lo denuncia José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales y del Observatorio Estatal de la Dependencia, quien advierte que «el sistema sigue estando infradotado» y que el incremento de fondos anunciado en años recientes «ni siquiera ha permitido recuperar lo recortado en la última década».
Retrasos inaceptables en la valoración
Uno de los aspectos más graves, según Ramírez, es el retraso en la valoración de los expedientes, una situación especialmente visible en el Archipiélago. «En Canarias hay más de 8.000 personas esperando una valoración. Eso significa que aún no se les ha reconocido oficialmente su derecho a una prestación», denuncia. A ello se suma un segundo grupo de más de 3.000 personas que, aun teniendo el derecho reconocido, no están recibiendo ninguna ayuda efectiva.
Avances en transparencia, pero no en cobertura
Pese a las dificultades, el presidente del Observatorio reconoce un aspecto positivo en la gestión del Gobierno canario. «Canarias ha sido la comunidad más transparente de España en dependencia. Ha publicado todos los datos, incluso los más incómodos, y eso hay que reconocerlo», subraya. Sin embargo, insiste en que la transparencia no basta si no va acompañada de una mejora real en la cobertura. «El dato clave es cuántas personas con derecho reconocido reciben efectivamente una prestación. Y ahí todavía hay mucho por hacer», afirma.
Falta de personal técnico y recursos materiales
Ramírez pone el acento en la sobrecarga de los servicios sociales municipales, que son quienes tramitan la mayoría de los expedientes. «No se trata solo de dinero, también faltan trabajadores sociales, psicólogos, valoradores, gestores. Y sin ese personal es imposible reducir los plazos», explica. Según sus cálculos, Canarias debería duplicar sus recursos técnicos si quiere ofrecer una respuesta ágil y de calidad.
Reformar el modelo sin resolver lo básico sería un error
En relación con el debate abierto sobre una reforma estructural del sistema de atención a la dependencia, Ramírez se muestra tajante: «No se puede plantear un nuevo modelo si antes no se resuelven los problemas estructurales del actual». En su opinión, el riesgo de crear una nueva estructura sin reforzar la actual sería agravar aún más las desigualdades.
Un pacto por los cuidados
El Observatorio reclama al Gobierno estatal y a las comunidades autónomas un compromiso conjunto para blindar legalmente el derecho a la atención a la dependencia. «Necesitamos un pacto de Estado por los cuidados, que garantice una financiación estable, criterios comunes y un calendario de mejora», sostiene. Y recuerda que, en todo el país, más de 200.000 personas han muerto en la última década sin recibir la prestación que les correspondía. «Canarias no es una excepción», concluye.