Lola García: «Necesitamos una ley de residencia para no convertirnos en extranjeros en nuestra propia tierra»

Lola García | Foto: Cabildo de Fuerteventura

Lola García | Foto: Cabildo de Fuerteventura

➤ «El crecimiento de Fuerteventura ha sido del 75% en 25 años, y no nos ha dado tiempo a construir las infraestructuras básicas» ➤ «El Cabildo trabaja ya para aplicar una ecotasa en los espacios turísticos protegidos» ➤ «Estamos en emergencia energética y exigimos que el traslado de la central térmica esté en la planificación estatal»

Lola García, presidenta del Cabildo de Fuerteventura, advierte de que la isla se encuentra al límite de su capacidad de crecimiento. La población censada supera las 126.000 personas, pero con la presencia de turistas y residentes temporales se estima que conviven actualmente entre 135.000 y 150.000 personas, con picos estivales que superan ampliamente esa cifra. «La población en Fuerteventura ha crecido un 75% en 25 años», afirma. Este crecimiento, añade, «nos ha impedido dotarnos de infraestructuras básicas y por eso pedimos una ley de residencia que nos permita frenar el ritmo y planificar».

La presidenta considera imprescindible esa ley para garantizar el acceso a servicios esenciales, como el agua, la vivienda y los recursos sociosanitarios, y destaca que la isla es la que cuenta con menos plazas en este último ámbito. «Ya hemos adjudicado la Residencia y el Centro de Día de Gran Tarajal y pronto sacaremos el de Costa Calma», explica. La vivienda, insiste, es otro de los retos prioritarios, afectado también por el fenómeno de la compra extranjera: «La adquisición de segundas residencias por parte de foráneos encarece el precio e impide el acceso a los que viven y trabajan aquí».

Una ecotasa para conservar los espacios naturales

En paralelo, el Cabildo trabaja para aplicar una tasa turística vinculada a la sostenibilidad. «Estamos planteando una ecotasa en espacios como Cofete, Lobos o las dunas», señala García. El objetivo es reforzar la conservación de estos entornos únicos con recursos adicionales que complementen el presupuesto insular. «Tenemos 169 millones en 2025, pero más de 40 millones van a gasto corriente. Necesitamos financiación extra para garantizar la vigilancia y el cuidado del patrimonio natural».

La presidenta asegura que la tasa se enmarcará dentro de los planes de ordenación del territorio (PIOF, POR, PRUG) que se están reformulando. «El actual PIOF es de 2001. Esperamos presentar el nuevo borrador para su exposición pública en otoño, y que pueda aprobarse inicialmente a finales de 2026».

Seguridad y energía: dos frentes urgentes

El crecimiento de la población también ha traído consigo un aumento de las incidencias. «Fuerteventura siempre ha sido una isla tranquila, pero en el primer trimestre del año los delitos aumentaron casi un 20%», señala García. Robos, hurtos y algunos hechos violentos en zonas turísticas preocupan al Cabildo, que reclama más efectivos de Guardia Civil y Policía Local. «Nos hemos reunido con la delegación del Gobierno y exigimos que se amplíe el catálogo de plazas».

En el plano energético, la situación es crítica. «Estamos en emergencia energética. La central térmica del Charco debe trasladarse a Zurita», dice la presidenta. Reclama que este traslado se incluya en la planificación estatal para el periodo 2027-2033, ya que Fuerteventura y Lanzarote comparten sistema eléctrico. «Nos jugamos un apagón en cualquier momento, y exigimos que se coloquen cuanto antes los 50 megavatios autorizados como respaldo en caso de cero energético».

Urbanismo: rehabilitar, no expandir

García insiste en que el modelo de desarrollo urbanístico debe cambiar: «No estamos a favor de más construcciones, sino de rehabilitar lo ya construido». La presidenta menciona casos como Corralejo, Morro Jable o Caleta de Fuste, donde algunas cadenas ya apuestan por la calidad y la modernización de las infraestructuras existentes. «Lo que queremos es elevar la calidad turística y redistribuir la riqueza, no llenar la isla de más cemento», afirma.

También apunta a la necesidad de actuar sobre los edificios inacabados que quedaron tras el boom urbanístico y la crisis financiera. «Coordinamos con el Ayuntamiento de La Oliva y el Gobierno de Canarias para buscar soluciones», señala. «Fuerteventura es un territorio frágil y debemos cuidarlo. No podemos seguir creciendo sin sentido».

La presidenta concluye con una reflexión que resume el sentir de buena parte de la sociedad majorera: «Queremos seguir siendo dueños de nuestra tierra y mantener la calidad de vida de quienes viven en ella. No nos oponemos a acoger, pero necesitamos reglas claras y recursos suficientes para hacerlo bien».