➤ «Nuestro objetivo es que ningún canario vuelva a morir esperando una ayuda» ➤ «Hemos pasado de 950 días de espera a 550, pero aspiramos a cumplir el plazo legal de seis meses» ➤ «El nuevo decreto permitirá que las ayudas lleguen antes, aunque haya resistencias por parte de algunos colectivos»
La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, desgrana los tres frentes que más tensan la política social del Archipiélago: las cifras erróneas del sistema de dependencia, la abultada lista de espera y el decreto que entra en vigor el 25 de mayo pese a la oposición sindical.
El origen de los «datos dudosos» lo sitúa en las llamadas «prestaciones no efectivas»: servicios aprobados pero aún no prestados —por ejemplo, una plaza residencial pendiente— que fueron enviados por error al IMSERSO en lugar de a los cabildos y engordaron artificialmente el registro estatal. La oposición socialista lo calificó de «maquillaje premeditado» y «fraude» , pero Delgado lo atribuye a un fallo administrativo que ya ha comunicado al Ministerio, que en su web reconoce la regularización realizada en febrero de 2025 .
Acusación de delitos
La consejera reveló además que «8.600 solicitudes nunca llegaron a incorporarse al aplicativo» antes de julio de 2023 y que su equipo ha tenido que revisar «unos 16.000 expedientes con incidencias», cuyo vacío habría supuesto «una merma de un millón de euros» si no se hubiera subsanado . Delgado defendió la labor del funcionariado y consideró «imperdonable» que se les acuse de delito por ese error .
31.000 canarios fallecidos sin llegar a recibir prestación
En cuanto a la lista de espera, admite que sigue siendo larga, con más de 31.000 canarios fallecidos sin llegar a recibir prestación desde 2019. No obstante, subraya que el tiempo medio para resolver un expediente se ha recortado de 950 a 550 días desde que asumió el cargo el 15 de julio de 2023, gracias a la contratación de 30 nuevas personas y a un ritmo de 730 resoluciones mensuales, más del doble de la media de la etapa 2019-2023 (287) . Su objetivo, insiste, es alcanzar los seis meses que marca la ley.
Nuevo decreto de dependencia
El instrumento clave es el nuevo decreto de dependencia, que fusiona en un solo trámite la valoración del grado y la asignación de prestaciones (PIA) y confía en acelerar así la concesión efectiva. El texto permite que enfermeras, fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales, además de trabajadoras sociales, elaboren el informe de entorno exigido por la normativa estatal .
Precisamente esa apertura profesional ha provocado el rechazo de los sindicatos y de los colegios de Trabajo Social, que critican la pérdida de calidad y la falta de negociación. Delgado replica que fue el propio IMSERSO quien advirtió de que no podía limitarse la tarea a un único colectivo y asegura haber incorporado varias enmiendas propuestas por los colegios, aunque no la de reservarles en exclusiva el PIA .
Acuerdo con los cabildos
La consejera completa su hoja de ruta con un acuerdo en negociación con los cabildos para aumentar las plazas residenciales y una futura licitación autonómica de ayuda a domicilio «para que el servicio llegue esté donde esté el beneficiario». Todo ello, afirma, permitirá que «nadie vuelva a morir esperando» y que el sistema recupere credibilidad tras el revuelo de las cifras.
El reto, reconoce, exige más personal, nuevas infraestructuras y cooperación política: «Tenemos que centrarnos en resolver el problema, no en la guerra de datos», sentenció. A partir del 25 de mayo se verá si el decreto logra transformar las intenciones en prestaciones reales.