La nueva normalidad se parece mucho a la antigua si hablamos del serio problema que tenemos en la gestión pública. Por más que le doy vueltas no consigo entender cómo es posible que a punto de cumplirse tres meses de que se decretó el Estado de Alarma, cuando ya puedo comer en restaurantes, comprar ropa, viajar en barco y avión, lo único que no puedo conseguir es que me atiendan presencialmente en algunos organismos públicos.
En la sanidad privada las consultas, pruebas diagnósticas y hasta la cirugía se realizan con normalidad desde hace semanas. Pero en mi centro de salud me siguen atendiendo por teléfono.
Las entidades bancarias ya han abiertos sus puertas, pero en muchos ayuntamientos aún no se puede ir a hacer una gestión presencial. Mi hijo lleva desde principios de mes en un campus privado donde juega con otros niños y niñas, hace tareas y hasta almuerza, pero en la escuela pública aún no se sabe qué distancia deberán mantener los alumnos cuándo vuelvan, si es que vuelven, a la aulas en septiembre. Las escuelas infantiles privadas, aquellas a las que les sea rentable, podrán abrir sus puertas el lunes, pero en la escuela pública aún estamos debatiendo si en los cursos de infantil se puede obviar la distancia social porque son los grupos son más estables.
¿Por qué las recetas que valen para lo privado no sirven para lo público? ¿Por qué en lo que depende de la iniciativa privada todo es empuje para recobrar la actividad, por parte de los directivos y también del personal, mientras en lo público aún estamos a medio gas? Es sencillo, en lo público no hay nada que perder, no hay riesgo vital, en lo público nada va a cambiar.
En los primeros días de la pandemia ya fue evidente el lastre que ha significado el alto grado de burocratización de nuestra forma de vida, y lo poco adaptados que estamos a la vida digital. El Gobierno aprobaba ayudas para afrontar las carencias más emergentes pero eran imposibles de gestionar por la gran cantidad de documentación oficial que había que aportar y que era imposible de conseguir, además de por la ausencia de gestores que tramitaran los expedientes.
Salvo honrosas excepciones en lo que tiene que ver con la emergencia sanitaria, la gestión pública ha echado el cierre estos tres meses, y aún gran parte de ella sigue durmiendo la siesta de la COVID19, mientras el resto del país espera impotente un protocolo, una licencia, una autorización, una sentencia, una ayuda, al menos una respuesta.
Y aunque los responsables públicos se han llenado la boca con lo del teletrabajo y la gestión telemática, lo cierto es que, también salvo honrosas excepciones, la mayor parte del funcionariado de nuestro país y de nuestra comunidad, lleva tres meses de vacaciones pagadas. No habrán podido ir a la playa, pero tampoco han dado palo al agua.
Si, es verdad, no es justo generalizar. Aquellos que prestan servicios esenciales han tenido que echar horas y redoblar esfuerzos, es el caso de policías y sanitarios, por ejemplo, algunos docentes de las universidades ya duchos en lo digital y el teletrabajo, también algunos de primaria y secundaria, muy comprometidos con su importante papel en esta sociedad, parte del personal de las entidades de empleo que han gestionado los procedimientos de los ERTES con más empeño que éxito… Pero el resto, que son una mayoría, desconectaron el 14 de marzo y aún no han vuelto a trabajar, pero siguen cobrando sus sueldos puntualmente.
El presidente de la Agrupación Socialista Gomera se atrevió, en los primeros días de la pandemia, a sugerir que tal vez también se debería contemplar que los empleados públicos que no podían teletrabajar, pasaran también a situación de ERTE hasta que la normalidad volviera a las instituciones. Y la casta de representantes sindicales le cayó encima por pronunciar semejante blasfemia, porque el empleado público es intocable. Pero Curbelo no es de los que se callen, y preguntado días después, reiteró su postura al respecto. Esta semana, ha sido el secretario general de la Confederación Canaria de Empresarios, José Cristóbal García, quien rogaba agilidad en la gestión pública criticando que frente a los muchos trabajadores que se han tenido que ir a sus casas, con un pérdida considerable de ingresos, haya otros muchos que teniendo su sueldo íntegro y puntualmente, no hayan mostrado ni el más mínimo compromiso o responsabilidad.
El malestar generado por el cobro, de una vez y sin previo aviso, de los plazos fraccionados de los impuestos, también ha puesto de manifiesto que en la gestión tributaria se echó el cierre el 14 de marzo y no se volvió hasta el 30 de mayo para darle al botón que gira los recibos a las entidades bancarias.
Ayer fue la alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana quien arremetió contra la clase funcionarial que ralentiza los procedimientos municipales de pago perjudicando la estabilidad económica de los proveedores. No es habitual que sean los responsables políticos los que pongan en su sitio a los funcionarios. Los profesionales de la liberación sindical no aceptan bien las críticas y tenerlos en contra significa pagar un alto precio. Eso es lo que explica que no haya gobierno que no ceda antes sus pretensiones y los tenga siempre presentes, antes que a nadie, en sus oraciones. El próximo capítulo lo veremos en la reforma del Estatuto Básico del Empleado Público para impulsar el teletrabajo que ayer acordaron impulsar las administraciones. Como si no hubiera nada más importante.