«Teníamos razón: el ‘caso Grúas’ se queda en nada»

Recuperamos, dada su urgente actualidad, el editorial del 11 de febrero de 2019 titulado ‘Caso Grúas: una indefensión deliberada’ en el que ya se adelantaban los criterios que finalmente el Tribunal Supremo ha confirmado en el archivo de la causa:

1.- Génesis de un disparate: el informe erróneo del fiscal Sánchez

El verano del teniente fiscal de la Comunidad Autónoma, Demetrio Pintado, fue de lo más atareado. El 27 de julio de 2018, el fiscal adscrito al juzgado de Instrucción número 2 de La Laguna, Santiago Sánchez, emitió un esperado informe sobre el denominado ‘caso Grúas’, donde entendía que el presidente del Ejecutivo, Fernando Clavijo, debía ser investigado por el TSJC por los presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos al tratarse de una personalidad aforada.

Fue la última actuación de Sánchez en La Laguna y en Canarias. De repente, fue trasladado a la Península, a un lugar cercano a su nacimiento; seguramente, un lugar soñado por un profesional que no actuó como tal.

Sánchez argumenta que Clavijo debe ser investigado porque, cuando la Junta de Gobierno local otorga el préstamo de 120.000 euros a Autogrúas Poli (24 de junio de 2014), empresa que ya estaba intervenida por el Ayuntamiento de La Laguna al prestar su servicio de forma discutible en época de languidez económica, esta no pone como condición fundamental fecha alguna para el reintegro del dinero.

No es verdad. Sánchez se equivoca gravemente, y más grave es todavía que tal desliz haya sido “comprado” por la jueza del citado juzgado, Celia Blanco, por el fiscal jefe de Canarias, Vicente Garrido, y por al menos dos magistradas que componen el TSJC, Margarita Varona y Carla Bellini. Es incomprensible cómo personas de reconocida talla intelectual, con un conocimiento profundo del Derecho, puedan errar de manera tan inexplicable. Algunas de ellas, entrando al trapo; otras, sin querer entrar tal vez porque, de hacerlo, hubiera llevado consigo el inevitable archivo del caso.

En el punto 3 del acuerdo de junio de 2014 -con la aprobación de todos los partidos políticos presentes, y la abstención de los posteriormente denunciantes, NC y Podemos-, se lee textualmente: “restitución del préstamo con cargo a certificaciones futuras, revisiones de precios o cualquier otro derecho económico que se pueda generar a favor de la empresa, con el límite temporal de finalización de la medida cautelar de la intervención”.

Por lo tanto, sí hay una fecha concreta para devolver el préstamo: “cuando finalice la medida cautelar de la intervención”. Es decir, diciembre de 2016. Esa fue la fecha… Sin embargo, Autogrúas Poli devuelve el dinero al ayuntamiento ¡dos años antes!, en diciembre de 2014. ¿Qué clase de daño, dolo o quebranto, se causó por parte de los dirigentes del Ayuntamiento de La Laguna a sus representados, los ciudadanos, cuando el dinero adelantado sirvió para resolver los problemas que entonces existían para garantizar un mínimo orden circulatorio en la histórica ciudad, y cuando ese dinero fue devuelto dos años antes de lo pactado en un pleno que fue aprobado por la mayoría política elegida democráticamente?

Lo voy a decir más claro todavía: estamos ante un “no caso”, un asunto surgido de las cabezas delirantes de sujetos con los suficientes contactos para destrozar la imagen pública de un contrincante político. No habrá nunca, ni en Canarias ni en Madrid, un solo tribunal, por muy inclinado que esté a hacerle un favor a los conspiradores, que diga a través de una sentencia que las personas acusadas en el caso Grúas han cometido un delito. Quien lo haga será un presunto prevaricador, y eso se sabe donde tiene que saberse. Ahora bien: la tinta de calamar vale para que determinada jauría libere sus odios y venda sus servicios a las cloacas del PSOE, partido que nada necesita de ayudas tan poco nobles.

2.- Sin prisa, con calma, pausadamente

Cuando el TSJC recibe el auto de la juez de La Laguna, Celia Blanco, ha pasado casi un mes del informe inicial del fiscal Sánchez. En ese tiempo, Demetrio Pintado no ha dejado de trabajar. Investiga el asunto a conciencia buceando en la densa documentación que consta en el procedimiento. Su primera idea es llamar a declarar al presidente Clavijo entre los meses de septiembre y octubre. Escucharlo para que explique su actuación. En los días siguientes, a medida que prosigue con su labor de espeleología, esa primera idea es enterrada. Pintado, con la documentación en la mesa, llega a la conclusión de que no hay delito alguno por parte de Clavijo, de los técnicos, y del actual alcalde de La Laguna. El préstamo, que se efectúa a la empresa con serios problemas de supervivencia económica, es devuelto seis meses después, dos años antes de vencer el plazo que se había pactado en el pleno. Las autoridades municipales habían tomado todas las medidas para que ese adelanto de 120.000 euros no corriera el menor riesgo. Tenían en su poder la fianza de la empresa -180.000 euros- y tenían el absoluto control de la situación, como luego se demostró.

Pintado traduce los resultados de su investigación en quince folios en los que pide la absolución del presidente Clavijo. Ese informe está terminado a finales de agosto de 2018 y es entregado en mano a su superior, el fiscal jefe del TSJC, Vicente Garrido. Exactamente el día 7 de septiembre, viernes, dos meses antes de que la reforma del Estatuto de Canarias se publicase en el Boletín Oficial del Estado; dos meses, sesenta días, en los que Garrido tuvo bajo su égida, de forma directa o indirecta, el escrito que dejaba liberado de cualquier sospecha al presidente de la Comunidad Autónoma.

Garrido tenía el documento y la información. A los miembros del TSJC, a excepción de Antonio Doreste, les fue comentado el informe Pintado en conversaciones informales. Las dos, Varona y Bellini, dijeron que les parecía bien el diagnóstico. Eso sí: no querían ninguna prisa, ningún ritmo frenético; querían pausa y ralentí.

Prisa. Prisa. Prisa. Palabra clave.

Prisa. De algún modo, alguien pretendía, a sabiendas de que el Estatuto estaba a punto de aprobarse, retrasar cualquier decisión hasta la llegada de ese acontecimiento, el cual llevaba consigo el fin de los aforamientos. Si Clavijo no era aforado, el “caso Grúas” debía ser devuelto al juzgado de Instrucción de La Laguna, un escenario aparentemente contaminado por el presidente de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, Astor Landete, por su manifiesta amistad con uno de los denunciantes, Santiago Pérez -amistad que surge durante el proceso del ‘caso Las Teresitas”-.

Landete no tuvo reparo alguno en obligar a Celia Blanco a abrir el procedimiento cuando ya lo había cerrado decretando la inocencia de Clavijo, arguyendo que la jueza no tomó declaración a todos los encartados.

Si por algo destaca el TSJC, es por ser un tribunal con prisas, a veces con excesivas prisas, cuando trata asuntos relativos a presidentes de Gobierno. En menos de un mes, cerró una denuncia contra el presidente Olarte en los tiempos del affaire inmobiliario (finales de los 80), pese a que uno de los magistrados, José Joaquín Díaz de Aguilar, estaba empeñado en demostrar las reglas torcidas del entonces máximo representante político de la Autonomía. Díaz de Aguilar fue apartado y el presidente de la época, Manuel Alcaide, proclamó la inocencia de Olarte.

Años más tarde, otro presidente autonómico, Manuel Hermoso, fue investigado por el ‘caso Maher’. Todo fue herméticamente resuelto en menos de cinco semanas.

En 2006 el presidente Adán Martín fue grabado dentro de las escuchas policiales ordenadas por la ‘operación Góndola’. Hablaba con un empresario, Santiago Santana Cazorla, que le pedía un favor para que una construcción suya obtuviese una rápida licencia como, posteriormente, así fue. El asunto se sentenció en el espacio récord de… ¡una semana!… con la completa inocencia de Martín.

El TSJC instruye rápido cuando los presidentes se asoman al precipicio. Es la norma. El TSJC interpreta realidades inconcebibles cuando un político aforado le ofrece a un concejal “un kilillo” y, de pronto, no distingue la voz que todo el mundo conoce de Domingo González Arroyo porque la defensa le presenta como prueba una imitación de Carlos Latre. De modo que tuvo que ser un imitador el que ofreció el “kilillo” a un concejal a cambio de su voto para presentar una moción de censura en La Oliva.

¿Por qué, si suelen ser profesionales de gatillo fácil, convenía no ir de prisa en el ‘caso Grúas’, no tomar decisión alguna, dejar que pasara el tiempo, aguantar la pelota dos meses dejando en clara indefensión al presidente Clavijo, no declarar su obvia inocencia para así arrojarlo a los leones de un juzgado de Instrucción timorato y presionado, con el objeto, probable, de que este se dedicase a hacer el “paseíllo” durante la campaña electoral?

Porque esto es lo que parece: una maquinación preconcebida para erosionar, desfigurar y asesinar la imagen de quien opta a presentarse a la reelección presidencial.

Quien lea con detenimiento el “oculto” informe de Demetrio Pintado por parte de Garrido y la Fiscalía General del Estado y los dos votos particulares del presidente del TSJC, Antonio Doreste, llegará a conclusiones similares a las mías.

3.-Tanto la Fiscalía como el TSJC tuvieron el tiempo suficiente para cerrar el caso

La voz cantante de este misterio es la de la Fiscalía y, concretamente, de Vicente Garrido. Las magistradas Bellini y Varona se han limitado a hacer seguimiento de las tesis de la Fiscalía, como ya ha ocurrido en distintos, y varios, casos en el pasado. El por qué dos magistradas, teóricamente independientes, coinciden siempre, o casi siempre, con la Fiscalía, es algo que se me escapa.

Ahora es el momento de fijarnos en lo que hizo Vicente Garrido. Tiene el informe preceptivo y no vinculante de Demetrio Pintado desde el 7 de septiembre de 2018. Faltan dos meses para que Clavijo sea “desaforado”. Tiene, evidentemente, el tiempo preciso para que la Fiscalía haga un informe solvente. Le sobra tiempo pero no lo hace. Según las propias declaraciones de Garrido, no envía el informe Pintado a la Fiscalía General del Estado -para que lo verifique y para que lo apruebe- hasta el 28 de octubre… Esa fecha la suelta ante los micrófonos de la Cadena Cope. El periodista, Mayer Trujillo, se percata del imposible: “… Señor Garrido, ¿envió el informe un domingo?”… Garrido se trastabilla, se tambalea y busca una salida rápida en su cerebro… “No, el domingo 28 evidentemente no fue; tuvo que ser el 18… Sí, eso es, el 18”.

Acaba de confesarlo. Durante un mes y once días tuvo el informe Pintado en su poder y no lo envió a Madrid. Paró la decisión de Madrid, la ralentizó. Sin prisa, como le habían dicho que hiciera… Anteriormente, había negado la existencia del informe Pintado. Cuando el periódico “La Provincia” lo publicó, dijo que se trataba “solo” de un borrador. Cuando semanas más tarde el citado rotativo publicó que el informe había sido dado por bueno en la Fiscalía General del Estado, que el informe pedía la absolución de Clavijo y que, no obstante, Madrid dio órdenes específicas de bloquear cualquier decisión en Canarias aguardando por la publicación en el BOE de la reforma del Estatuto y, con ello, del final de los aforamientos, entonces Garrido calló… De la vergüenza, supongo.

Dando por cierta la afirmación de Garrido de que envió a Madrid el informe Pintado el 18 de octubre, aún había tiempo suficiente para ratificar las conclusiones. La FGE tuvo 19 días. Le bastaba con una semana para hacer oficial la inocencia de Clavijo y le bastaba al TSJC los doce días restantes para llegar a idéntica conclusión. Eso si hubieran tenido interés en acercarse a la verdad, como es su obligación, en vez de jugar a manipular fechas, borradores, informes, desmentir lo obvio, calcular los efectos perniciosos de una decisión que, seguramente, se tomó en el despacho de un partido político.

Madrid y Garrido eran una misma cosa, la misma entidad. Garrido había defendido la autonomía de la Fiscalía del TSJC y esa autonomía quedaba en entredicho con la actuación de Madrid. Le habían dado órdenes para perjudicar gravemente al presidente del Gobierno. O eso parecía.

¿Quién? ¿La Fiscalía en general? ¿O la Fiscalía del PSOE?

¿El absurdo informe del fiscal Santiago Sánchez obedeció a que el PSOE, de forma inesperada, se había hecho con las riendas del Gobierno central (Rajoy dimite el 5 de junio de 2018, mes y medio antes de la pintoresca actuación de Sánchez), circunstancia que fue rápidamente utilizada por señores con amigos poderosos en esa Fiscalía General del Estado? ¿Por eso cambió de opinión Sánchez; fue presionado a cambio del favor de su traslado a la Península por la FGE?

4.- El papel de Rodríguez Rey, un ‘juanfernandista’ en la FGE

Contaré algunas casualidades: a) la abogada que lleva la defensa de Santiago Pérez es Sandra Rodríguez, compañera sentimental de Juan Fernando López Aguilar, exministro de Justicia en tiempos de Zapatero; b) JFLA y Santiago Pérez fueron colaboradores estrechos e íntimos en el PSOE hasta la huida del entonces secretario regional a Europa; c) Vicente Garrido envía el informe Pintado al fiscal de la Sala Jefe de la Secretaría Técnica, Fernando Rodríguez Rey, segundo de la fiscal general del Estado, María José Segarra, que es el que ordena frenar la resolución del ‘caso Grúas’; d) Rodríguez Rey fue, en su momento, un declarado “juanfernadista”; fue nombrado el primer fiscal anticorrupción de Cataluña por López Aguilar; posteriormente, formaría equipo con otro hombre de JFLA, Narciso Ortega, máximo responsable de la Policía Nacional en Canarias en los tiempos de “guerra sucia” de los casos Eólico, Faycán, Góndola, Teresitas y Unión, casos políticos contra PP y CC, premiado posteriormente por las autoridades socialistas con el mismo cargo en Cataluña; e) que JFLA no puso en antecedentes a su viejo colaborador, Rodríguez Rey, solamente es pensable por aquellos que no conocen los pasadizos del poder; f) Garrido es de convicciones conservadoras pero pasajeras; cuando se lo pidieron, no tuvo problema alguno -por aquello de las jerarquías- en utilizar la Fiscalía como un yunque en causas políticas singulares -las citadas anteriormente-, cuyos procedimientos judiciales delatan, como mínimo, mala praxis en la investigación, flagrantes errores en custodia de pruebas, detenciones ilegales, pruebas ilegales, acusaciones de delitos a inocentes y un largo etcétera… Varios juicios tuvieron que cerrarse tras un mercado persa al que fueron invitados los abogados de la defensa a propuesta de la propia Fiscalía, con el motivo esencial de redactar sentencias con condenas a cambio de que los “culpables” no fueran a la cárcel. De hecho, ninguno de los 35 imputados de los casos Faycán y Eólico ha ido a prisión ni irá, pese a ser denominados ambos, por la investigación, “macrocausas” o “los casos de corrupción más importantes de la historia de Canarias”; y g) otra casualidad: el que fuera durante quince años mano derecha de Garrido, su fiscal provincial, Guillermo García Panasco, trabaja actualmente en la Secretaría Técnica que preside Rodríguez Rey: ¿fue el intermediario ideal cuando tocaba volver hacer méritos con la administración socialista? ¿Tuvo algo que ver García Panasco en el retraso deliberado del informe Pintado? ¿Tuvo algo que ver el fiscal que fue desalojado de Canarias por perseguir y acosar a la magistrada Victoria Rossell, acusándola de cometer presuntos delitos cuando no formaba parte de sus competencias?

Hubo una ocasión en que JFLA y equipo utilizaron instrumentos del Estado para uso partidista. No es poca cosa. A lo loco y con el fin justificando los medios… Consiguieron 26 parlamentarios en 2007 y, al mismo tiempo, que CC y PP pactasen contra él… Si una vez, durante cuatro años largos, convirtieron Canarias en una zona de terror donde los delatores fueron entronizados, ¿cabe la opción de que tanta dilación indebida en el ‘caso Grúas’, tanta pausa ordenada por la FGE, tanta investigación para conocer de dónde surgen las filtraciones pero ninguna para aplicar la ley de forma estricta, este deseo nada inocente de hundir a un adversario político robándole su identidad y mezclándolo con el barro, sea todo un inmenso espejismo, un invento de mentes sojuzgadas por materias peligrosas, algo que, pareciendo verdad, jamás ocurrió?

Hace cuatro años, un sector inquietante del PSOE utilizó al juez Pamparacuatro para liquidar a Clavijo en sus primeras elecciones. Caso Corredor. A Pamparacuatro todavía se le espera para que firme el auto inicial que dio origen a la investigación del ‘caso Unión’. Y también para que encuentre la famosa grabadora Gnome que recoge la denuncia de Fernando Becerra. Y también para que explique cómo firmaba autos en Lanzarote los mismos días que estaba de juerga en la fiesta de Los Indianos en La Palma… El que un juez de estas características, protagonista de apartamientos, investigaciones y decisiones asombrosas, siga en la vida pública solo tiene una explicación: los amigos que tiene. Entre ellos, esa parte de la Fiscalía y de la Magistratura que sigue conectada a las cloacas socialistas.

Si alguna vez la sociedad llega a tener una idea concreta, precisa, de lo que se urdió para trocar la inocencia de un presidente en una sospecha enfermiza, se lo deberemos a dos hombres valientes y cabales: Demetrio Pintado y Antonio Doreste, los únicos que han jugado limpio en este enredo.

Escucha el comentario inicial del 11 de febrero aquí.