Francisco J. Chavanel
El titular podría ser este: “El Gobierno de Canarias le encarga al superhéroe, Patriota, que resuelva la maleza jurídica del Archipiélago”, aunque así fuese, aunque Gobierno y Parlamento guarden la mejor de sus voluntades para transformar las Islas en un lugar tentador para los inversores, lo cierto es que ni siquiera el superhéroe de la serie de moda (“The boys”), Patriota, lo conseguiría. Explotaría de la impotencia al enterarse de que la selva más cerrada es un lugar abierto y cómodo al lado de la herencia que nos han dejado nuestros gobernantes.
Lo cierto es que el encargo existe, por lo que el fracaso está asegurado. El Gobierno de Torres demuestra sus buenas intenciones, pero ya se sabe que las intenciones, buenas o malas, no son sinónimo de acciones eficaces. Por lo pronto no se puede borrar el pasado, ni el más reciente ni el lejano. El pacto de las flores representa un convenio firmado entre la izquierda y es precisamente la izquierda la que ha protagonizado los más serios ataques del nonismo contra la propiedad privada en el Archipiélago.
Desde la llegada de Román Rodríguez al poder en 1999 un total de 17 leyes y contraleyes se han aprobado en Canarias para garantizar que el empresario y, por lo tanto, el inversor sea en la mayoría de los casos un delincuente, cuya única escapatoria fuese la de pactar con la clase política acuerdos beneficiosos para las partes, a través de las conocidas ventanillas y las correspondientes “comisiones obreras”. Aquel que estaba de acuerdo y transaba, construía, y el que objetaba, ponía la ley por delante, y exigía que no se le coaccionase, se le apartaba, marginaba y, si se ponía muy pesado, le echaban la “Justicia” por delante.
Hemos conocido tantos casos así que ya me da pereza señalarlos.
El territorio se convirtió en un instrumento de poder político de primer orden, siempre desde una visión de que todo él es público incluyendo el que está inscrito por la parte privada. A eso se le llama confiscación, y es lo que ha pasado en los últimos veinte años. La parte privada ha tenido que pasar por ventanilla cada vez que pretendía construir en terrenos que eran suyos. Y cuando ganaban un litigio en los tribunales, otra vez la parte política lograba presionar a tribunales superiores en Madrid para evitar el pago de indemnizaciones. CC sabe mucho sobre esto. Y el gabinete presidido por Paulino Rivero más que ninguno.
Ahora esta visión típica de regímenes obsoletos de izquierda quiere cambiarse. Eso está muy bien, felicidades. La pregunta es cómo, quién hará el trabajo, dónde está el pistolero que apretará el gatillo y apuntará a la cabeza de una izquierda nonista que, por ejemplo, en la pasada legislatura se cansó de crear conflictos a una Ley del Suelo, cuyo principal objetivo era, oh casualidad, cargarse la jungla jurídica para dar seguridad a los inversores. Esa ley, aprobada y dispuesta a ser utilizada, duerme en el sueño de los justos y nadie la aplica. Dicen que porque es demasiado restrictiva ¿Restrictiva? ¿Lo dicen los mismos que hicieron lo imposible para despeñarla?
Acabamos de enterarnos de cómo Madrid quiere quedarse con los 1.200 millones de euros que distintos empresarios locales pensaban materializar en el Archipiélago por condicionamientos de la Reserva de Inversiones. El año 2020 se ha puesto imposible entre el confinamiento y la falta real de economía. ¿Dónde materializan los inversores sus ganancias si no hay lugares donde hacerlo? Pero al Estado no le interesa oír lamentos canarios. En realidad está harto. Les cuesta escucharnos en asuntos de inmigración, no hay reuniones bilaterales, no se nos devuelve el dinero ganado en el Supremo del convenio de carreteras (cerca de 600 millones), no hay plan “prometido” para el Turismo, desconocemos si nos pagarán lo que nos deben recogido en el REF y en el Estatuto de Autonomía, estamos en un duermevela continuo pendientes de un Estado que no pierde la menor oportunidad para mostrar su desprecio hacia nosotros, su obsesivo pensamiento de que somos unos privilegiados, y de que no tenemos razones para quejarnos.
Ahora pretenden quedarse con esos 1.200 millones, consecuencia de fueros canarios aprobados en el pasado y que han sido muy útiles para crear una clase empresarial local, que vive momentos durísimos en la actualidad para sostenerse en el mercado. Si se los quedan es el principio del final. Puede que sea el pinchazo definitivo a la RIC por parte del centralismo. Es ahí donde tendría que enviar el gobierno canario a Patriota. No puede consentir una aberración de este tipo. No es lo mismo que ese dinero se invierta en el Archipiélago que se lo lleve el Estado a través del impuesto de sociedades.
No hace falta que desbrocen una selva jurídica que ellos mismos han ayudado a montar con su visión absolutista de la economía y de la propiedad privada. Basta con que hagan un frente común contra Madrid.¿Todo está perdido? ¿Se someterá Torres, con todo lo que significa Torres para el socialismo canario, todo lo que significa ese presidente aliado al diálogo que, a través del buen rollito y de la consanguineidad avanza y avanza pero, tal vez, no a la velocidad adecuada, para hacer entender al centralismo nuestras peculiaridades? ¿Será Torres nuestro ‘Patriota’? Las esperanzas no están perdidas del todo. Ayer mismo, a golpe de teléfono, logró convencer a la ministra Montero. En el último instante.
No recuperaremos la seguridad jurídica porque eso sería tanto como quitarles la piel que poseen a algunos, pero sí se ha logrado que Madrid respete de mala gana el fuero canario sobre la RIC. Algo es algo en este día perenne de la marmota.
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