Misión: anular a los jueces

Justicia

Justicia

Francisco J. Chavanel

El Gobierno de Madrid, formado por socialdemócratas y comunistas radicales, cada vez se escora más hacia posiciones fundamentalistas. Empieza a ser un serio problema para la pervivencia de la democracia. Hemos visto intentos para domeñar la libertad de expresión, controlar a los jueces, usar a los fiscales a conveniencia política, cambios de leyes para beneficiar pactos de continuidad de actual Ejecutivo, acuerdos con socios que son todo lo que se quiera menos leales y serios, en fin, una serie de comportamientos preocupantes y nada episódicos que están deslizando al Partido Socialista hacia un extremismo de manual que, antes o después, lo terminará alejando de sus auténticos electores.

La última ocurrencia forma parte del mismo caldo o, del mismo barro, como se prefiera. El ministro de Justicia tiene el encargo de sacar adelante una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, que es como un enorme contenedor donde va toda la ideología de los socios actuales. En ese anteproyecto figura, por ejemplo, darle placer a los separatistas catalanes, rebajándoles a la mitad las condenas por su sedición del 1 de octubre de 2017, lo que en la práctica significa devolverles a la calle durante la navidad que tenemos ya encima de la cabeza.

Pero, aunque todo esto les parezca muy relevante, lo mas importante no es eso. Lo importantes es una vieja idea que hizo danzar en su momento Zapatero y que pronto, en vista de la brusca respuesta social, abandonó, y que también quiso llevar a cabo el Gobierno de Rajoy, topándose con parecida respuesta de la sociedad. En realidad, en España no se ha aprobado ley alguna que tenga que ver con cambios en la forma de impartir Justicia en los últimos 20 años. Pero eso no quiere decir que ahora no se consiga, en vista del empecinamiento demostrado por los nuevos compañeros de aventuras de Pedro Sánchez, unos asaltantes de caminos que no conocen la palabra “responsabilidad”, que gozan colocando al Estado contra las cuerdas, que son auténticos enemigos de cualquier sentimiento democrático, y que para ellos prostituir el estado de libertades constituiría un placer intenso, al alcance de muy pocos antisistema. De modo que van a por ello.

Estoy hablando de una nueva inquisición que contenga cualquier revuelta, cualquier pensamiento contrario a cualquier gobierno, una ley que lleve en sí misma tal carga de poder que impida por completo el debate, la libertad de expresión, el sentimiento de pensar como cada cual quiera, siempre y cuando respete la libertad de los demás.

Todo eso se vendría abajo si el ministro Juan Carlos Campos saca adelante su anteproyecto y su idea -que no es la suya, sino la del presidente Sánchez y su vicepresidente Iglesias, de que a partir de ahora sean los fiscales los que se encarguen de la investigación de los casos, mientras los jueces se conviertan en árbitros.

Lo de convertir a los jueces en “árbitros” es pura superchería, pues ya me dirán ustedes cómo se va a arbitrar un partido si no has tenido acceso a detalle alguno de la investigación. No serán árbitros, serán muebles que bajo la justificación de que tienen excesivo trabajo, de que la administración es muy lenta, los apartarán para que la Justicia pierda la poca ecuanimidad que le queda.

No es de recibo un pensamiento semejante, como tampoco es de recibo que se argumente que en otros países europeos, más viejos democráticamente hablando, tal práctica se lleva a cabo desde hace años con resultados positivos para los distintos regímenes. Ya, pero se olvidan de decir lo principal: en esos países la Fiscalía General del Estado no depende del Estado, es completamente independiente. Los fiscales no se organizan según principios jerárquicos ni son una extrapolación de los intereses del Gobierno de turno.

Lo que contemplamos en España, una fiscal general del Estado, Dolores Delgado, que antes fue ministra de Justicia, colocada a posteriori por el presidente Sánchez para imponer su disciplina a los fiscales; eso sería imposible que sucediese ni en Alemania, ni en Francia ni en el Reino Unido.

Y esa Fiscalía, la nuestra, ¿qué es lo que hace regularmente? Acusar en aquellos procedimientos en los que el partido del Gobierno esté interesado, y quitarse de en medio cuando lo que está en juego son tratos del mismo gobierno con determinadas instituciones. Nada de libertad, nada de neutralidad. Los propios fiscales lo dicen abiertamente. No tenemos libertad alguna para realizar nuestro trabajo.

Los fiscales en España, al menos los que hacen carrera política, son puros inquisidores, personajes agresivos que primero disparan y luego preguntan, primero te condenan y después buscan las pruebas para ganar el juicio. Desconocen lo que es la neutralidad, lo que es el respeto al Estado de Libertades, no aguantan la menor crítica, son cizañeros, déspotas, están acostumbrados a conseguir lo que quieren con los métodos -algunos- mas execrables.

Individuos con este tipo de comportamientos no pueden llevar la investigación de ni de las cuentas de su casa. Se han acostumbrado tanto a “asesinar” a los demás, que se creen que están por encima de las nubes y de Dios. ¿Les vamos a conceder más poder para que se ensañen con nosotros con todo el poder legal a su alcance?

Guste o no son los jueces los únicos garantes de las libertades y de lo que es un estado de derecho en España. Se equivocan muchas veces, no siempre aciertan; están politizados en las alturas y, a veces, no todas las manzanas del cesto están sanas. Pero su preparación, tanto humana como intelectual, está a años luz de los fiscales. Cada uno de ellos, en su juzgado, juzgados de familia, de lo social, de lo contencioso, de lo civil o de lo penal, son una casta inmensamente superior al Ministerio Fiscal y a todo lo que representa. Podemos decir cosas amargas de ellos, podríamos reclamarles más independencia, como también podríamos reclamar los recursos tanto humanos como técnicos que la clase política se ha negado concederles desde que muriera Franco.

Porque esta es la clave de todo. La clase gobernante -y los que tenemos ahora es la más sucia de toda la serie democrática- no quiere jueces ni libres, ni neutrales, ni apolíticos. Los quiere a sus pies, fieles y durmientes, y eso, a pese a sus múltiples intentos por contaminarlos, no lo han conseguido. Si les colocan a los fiscales por encima los inutilizan, serán intocables para toda la existencia, y serán, por último, los perros guardianes que nos destrocen el alma cuando hagamos un comentario como el de hoy sobre comportamientos gamberros con una Ley de Enjuiciamiento Criminal gamberra.

Escucha el comentario inicial aquí.