Madres negras y delincuentes

Hay algo siniestro en todo esto. La Fiscalía no sólo no pide disculpas por su inconcebible actuación sino que, además, deriva la responsabilidad hacia el Gobierno de Canarias.

Francisco J. Chavanel

Me parece una frivolidad la forma en la que la Fiscalía de Las Palmas ha despachado el grave asunto de menores migrantes -bebés, para entendernos- separados de sus madres hasta que se les efectúe una prueba de ADN que puede tardar la friolera de dos meses.

En declaraciones realizadas a Canarias7, Beatriz Sánchez, fiscal jefe provincial de Las Palmas, reconoce que actúan de esta forma –despiadada, bajo mi punto de vista-, después de que en el año 2019 se encontraran con varios supuestos de engaños: bebés que no pertenecían a su madre legítima.

Debo suponer que migrantes, hombres y mujeres, que vienen a Canarias en pateras y cayucos, carecen de los más mínimos derechos, porque si los tuvieran se les concedería una pequeñísima presunción de inocencia. Esto es como encontrar una aguja en un pajar: pedirle a determinados fiscales que garanticen los derechos de los ciudadanos es como reclamarle al sol que deje de alumbrar; si no lo hacen con los ciudadanos españoles, ¿por qué tendrían que ser más comedidos con seres lanzados a la aventura, carentes del apoyo logístico de un abogado, a los que los residentes locales no quieren, pobres desgraciados que se juegan la vida por llegar al primer mundo?

Últimamente para justificar insanos comportamientos hemos escuchado de todo. En las pateras vienen yihadistas, empresarios del turismo, la mayoría de los cayucos son acercados a la costa por buques nodriza, muchos son atletas que llegan tan tranquilos a puerto, etcétera. La historia de mujeres que traen a bebés de otras mujeres para lograr quedarse en España, forma parte de la misma leyenda.

Hay algo elemental que no encaja en la actuación de la Fiscalía: su falta de humanidad. Beatriz Sánchez es una mujer que, al parecer, no siente empatía por otras mujeres caídas en desgracia. Sí, ya sé, que por encima de este tipo de solidaridad de género, hay algo que se sobrepone: la profesionalidad, por supuesto, y donde esté la profesionalidad que se quite de en medio lo subjetivo y el sujeto en cuestión. En vez de disparar y preguntar después, ¿por qué no lo hicieron al revés?

¿Por qué en vez de separar los vínculos, si los hubiese, no mantuvieron juntos a la presunta madre con el bebé hasta que las pruebas de Madrid llegasen? ¿Por qué no se utilizaron otro tipo de pruebas que se realizan en el Archipiélago con parecida exactitud a las pruebas del ADN? ¿Por qué no efectuar las que son posibles ejecutar en Canarias y, luego, esperar por las que lleguen de Madrid?

Hay algo siniestro en todo esto. La Fiscalía no sólo no pide disculpas por su inconcebible actuación sino que, además, deriva la responsabilidad hacia el Gobierno de Canarias. ¿En serio? El Gobierno dijo lo que tenía que decir hace dos semanas en el Parlamento. Se llevó las manos a la cabeza. Ha sido el movimiento de otras mujeres, presentes en otras instituciones, quienes se han dirigido a los medios de comunicación a denunciar esta tropelía. Y como consecuencia de lo publicado la Fiscalía se ha asustado y, de pronto, ha comenzado a devolver los bebés a las supuestas madres. Esta reacción lo dice todo, habla por sí misma de lo que es mala conciencia, mala praxis, mala leche y, si me apuran, atentado a los derechos humanos.

No sé qué tiene qué decir todo esto los organismos que defienden justamente los derechos humanos de los más desfavorecidos, pero lo sucedido es exactamente lo mismo que hizo Trump hace apenas dos años cuando miles de mejicanos, y de latinoamericanos, cruzaron la frontera. Trump, maníaco, ególatra, sociópata, dictador que la mayoría del planeta desea verlo desaparecer durante las elecciones de noviembre, separó a madres de sus hijos, los instaló en jaulas, y dio la espalda a cualquier queja. Tuvo que ser una vez más el estallido popular quien, a través del miedo y del bochorno, devolviera a Trump de su locura, para que madres e hijos consiguieran de nuevo reunirse.

Dice la fiscal que prefiere “un menor en un centro bien atendido, antes que entregarlo a alguien que no tengo certeza de que sea su madre”. Sería interesante que la señora Sánchez nos descubriese que centro existe en Canarias que sea considerado “bien atendido”. ¿Le parece que cumplen el protocolo los CIE de Hoya Fría y Barranco Seco, donde jueces con un mínimo de sensibilidad indican que son una fábrica de transmisión del Covid? ¿O tal vez la calidad protectora mejora bajo las lonas de Arguineguín, donde se hacinan más de mil personas? No contabilizo ni hoteles ni apartamentos, ni lugares no previstos para combatir el fenómeno desgarrador de la migración. Supongo que tampoco la Fiscalía.

En Canarias, en estos momentos, no hay un solo centro donde un migrante pueda ser aceptablemente atendido. Tampoco ninguna madre con su hijo. Entregarlo a alguien del que no se tiene certeza de que sea la progenitora del bebé requiere tiempo y prudencia. No hace falta separarlos pues la sospecha -según datos facilitados por la propia Fiscalía alcanza únicamente al 5% de los que vienen- no es hacia la mayoría, sino hacia la minoría de la minoría. La Fiscalía separa en todos los casos al cien por cien lo cual lleva consigo una enorme injusticia.

De entrada ya sabe que está convirtiendo el 5% de probabilidades en un 100%. Eso no hay forma de sostenerlo. Cualquier ser racional sabría que eso no es mesurable ni prudente ni lógico. La Fiscalía debe decirnos a todos por qué no aguarda los resultados de las pruebas para actuar con datos que justifiquen su actuación. Y, siendo evidente, que ha actuado de una forma muy distinta, completamente aleatoria, ahora lo que queremos saber es por qué de antemano se juzga que todas las madres que vienen con sus bebés, todas, sin excepción, sean tratadas como unas delincuentes. ¿No es eso objetivamente un acto de discriminación racial? No es de recibo lo ocurrido aquí. Debe de quedar claro a partir de ahora que ese protocolo es racista, va contra los derechos humanos, criminaliza a los inocentes. Y que no habrá una segunda vez.

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