A pesar de la complejidad del caso y de que “la situación empeora cada minuto que pasa sin presentarse ante la justicia”, la jueza aprecia brechas jurídicas que podrían aprovecharse en su favor.
La magistrada canaria, además de denunciar la falta de medios y recursos para investigar los casos de violencia de género con la celeridad que la Justicia requiere para ser útil a la sociedad, así como la “de [rapidez de] reacción de algunos juzgados”, afirma que “es insoportable que no se haya investigado, ni aquí ni en Italia, la denuncia por violencia, anterior a la orden civil de restitución [de los menores]”, algo que hubiera aportado cierto ‘orden’ a los pasos judiciales que tendría que haber seguido Rivas en su defensa antes de huir para, según su punto de vista y la de sus asesores, garantizar la protección a sus hijos.
A pesar de ello, “hay ventanas que se pueden abrir”, pero pasan “por tener información” que implica desde aclarar cuál es el lugar de residencia habitual de los menores a conocer por qué la Audiencia de Granada ha tardado más de un año en enviar a Italia la denuncia por maltrato cuya resolución les habría protegido o, incluso, a averiguar cuál es el motivo por el que, al venir el ex marido maltratador a Granada a reclamar la entrega de los menores y estar en jurisdicción española, no se le haya aplicado la legislación territorial por maltrato.