Sergio Martín Martel, vicepresidente del Colegio Oficial de la Profesión Veterinaria de Las Palmas, resume el sentir general del sector: «La indignación sigue siendo la misma que el primer día».
El pasado fin de semana, profesionales de la veterinaria salieron a la calle en 35 ciudades españolas —incluidas Las Palmas de Gran Canaria, Puerto del Rosario, Teguise, Santa Cruz de La Palma y Santa Cruz de Tenerife— para protestar contra el Real Decreto 666/2023, una norma que, según afirman, limita gravemente su capacidad de actuación clínica. Sergio Martín Martel, vicepresidente del Colegio Oficial de la Profesión Veterinaria de Las Palmas, resume el sentir general del sector: «La indignación sigue siendo la misma que el primer día».
Según explica Martín Martel, las concentraciones han contado con un respaldo amplio, aunque algo menor en Gran Canaria en comparación con protestas anteriores. «A nivel nacional la participación ha sido muy buena. Aquí, aunque fuimos menos que la última vez, sí hubo apoyo de todos los colectivos implicados».
Un decreto que “encasilla” al veterinario
El núcleo del conflicto se encuentra en las limitaciones que el decreto impone a la prescripción de tratamientos, especialmente antibióticos. «Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, y esta normativa nos encasilla para que trabajemos en base a una regla administrativa, no a nuestro criterio clínico», afirma. En la práctica, esto significa que los profesionales se ven obligados a seguir un protocolo estricto, que no siempre es el adecuado para cada caso: «Puede ser contraproducente para la salud del animal».
Además de las mascotas, también se ven afectados los animales de granja y producción. «No se trata solo de perros y gatos. Esta normativa alcanza a vacas, ovejas, aves… a toda la cabaña ganadera», advierte. El problema se agrava en casos de urgencia: «Si un animal necesita un antibiótico en mitad de la noche, el profesional se arriesga a recibir una sanción si lo prescribe sin cumplir todos los pasos del decreto».
Sanciones “desproporcionadas” que generan miedo
Uno de los aspectos más polémicos del Real Decreto 666/2023 es el régimen sancionador. «Estamos hablando de sanciones que pueden llegar a 1.200.000 euros», denuncia el vicepresidente del colegio. Según indica, incluso las infracciones menores contemplan multas de varios cientos de miles de euros, lo que genera un clima de temor entre los profesionales. «Yo entiendo que haya quien diga “yo no me arriesgo”, aunque sepa que está haciendo lo correcto según el código deontológico».
Martín Martel asegura que este tipo de normativas pueden provocar que algunos animales no reciban la atención necesaria a tiempo: «Imagínate una otitis que se resuelve en dos días si se aplica el tratamiento correcto. Si el veterinario tiene que esperar a los resultados de un cultivo que tarda una semana, el sufrimiento del animal se multiplica y los costes para el dueño también».
Un marco legal sin respaldo profesional
El decreto fue aprobado en 2023, antes de las últimas elecciones generales, y entró en vigor el 2 de enero de 2025. El representante de la organización colegial lamenta que se publicara a pesar de las alegaciones presentadas desde el Consejo General de Veterinarios de España. «No he encontrado a nadie en España que diga que esta ley tiene sentido», afirma. Para él, se trata de una norma que no nace del diálogo con los profesionales ni tiene en cuenta la realidad de la práctica veterinaria.
Lejos de tratarse de un debate corporativo, Sergio Martín Martel considera que lo que está en juego es la salud animal y, por extensión, la salud pública: «Nosotros solo pedimos trabajar con autoridad clínica. Nadie cuestiona a un médico humano cuando prescribe un antibiótico, ¿por qué sí a un veterinario?».
Un conflicto abierto
Aunque las movilizaciones ya se han producido, los veterinarios no dan por cerrado el conflicto. El propio vicepresidente del Colegio de Las Palmas anticipa nuevas protestas si no se modifica el marco legal: «Ojalá un día me llamen para decirme “lo hemos conseguido”, pero no creo que sea ahora. Seguirán las manifestaciones». Mientras tanto, el sector se organiza para seguir exigiendo que se respete su criterio profesional y que se revise un decreto que, según sus palabras, «ha sido un disparate desde el primer momento».