Vecinos de Carrizal se oponen al cableado urbano de Red Eléctrica

Obras de Red Eléctrica en Carrizal | Ayuntamiento de Ingenio

Obras de Red Eléctrica en Carrizal | Ayuntamiento de Ingenio

Francisco Suárez, presidente de la plataforma Justicia Social, afirma que la infraestructura afecta a bienes personales, patrimoniales y a la salud pública debido a la radiación.

Vecinos del Carrizal, en el municipio grancanario de Ingenio, se oponen al cableado que la empresa Red Eléctrica Española pretende llevar a cabo en el caso urbano, según señala Francisco Suárez, presidente de la plataforma Justicia Social, que se opone al trazado de esa infraestructura. 

Se trata de seis cables eléctricos, con capacidad para 66.000 voltios y que, según el proyecto actual, estarían soterrados en el casco urbano. Se trata de un proyecto de Red Eléctrica que se remonta al año 2015, pero del que la ciudadanía no ha tenido conocimiento, de forma directa, hasta el pasado 26 de octubre de 2022, cuando el Ayuntamiento se los comunicó señalando que se trataba de una decisión estatal que no tenía marcha atrás. 

Días después, vecinos de la zona constituyeron la plataforma Justicia Social de Carrizal para defender los derechos de la ciudadanía, pues entienden que no se ha tenido en cuenta muchas afecciones al patrimonio personal, público e, incluso, a la salud pública, debido a su alta radiación. 

Trazado a través del barranco

Suárez indica que el pasado 9 de noviembre, el consejero de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias y Lucha contra el Cambio Climático, José Antonio Valbuena, se comprometió “de palabra” a que el trazado no afectara al casco histórico y se trasladara a otra zona, pero los vecinos consideran “incongruente” esta solución, “porque sería dejar de afectar a unos vecinos para molestar a otros”. 

Los vecinos proponen el trazado a través del barranco, en terreno rústico, pero Red Eléctrica señala que se trata de una solución inviable porque no es posible soterrar en suelo rústico, lo cual, señala Suárez, no se deduce de la normativa, que no establece una prohibición, sino que señala la forma en que se debe hacer, que en este caso sería más cara. Por tanto, la plataforma entiende que lo que predominan son “intereses económicos”.