Los portavoces en el Cabildo, José Miguel Bravo de Laguna y Carlos Ester, apelan a la "ética" y la "responsabilidad".
Bravo de Laguna señala que el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, debería dar "marcha atrás" en el expediente por el que la Corporación adquirió terrenos de los que eran propietarios familiares del presidente de Nueva Canarias, Román Rodríguez, porque "tiene muchas sombras políticas". Se pregunta si los miembros del grupo de gobierno que votaron favorablemente conocían la relación de propietarios de estos terrenos y adelanta que "todo es muy oscuro". Afirma que no se trata solo del aspecto jurídico, sino del "ético": "Se trata de la oportunidad o no de hacer esta compra", dice, porque, a su juicio, las cláusulas del procedimiento restringido del expediente solo las cumplían son los que finalmente han sido beneficiarios.
Ante posibles acusaciones sobre procedimientos realizados durante su mandato al frente del Cabildo, Bravo de Laguna es tajante: "En mi mandato no se compró nada a ningún familiar".
Por su parte, el portavoz del PP en el Cabildo de Gran Canaria, Carlos Ester, coincide en que el expediente debe ser paralizado "por responsabilidad y en aras de darle luz a este caso". Recuerda que la ley de procedimiento administrativo permite paralizar expedientes, pero está seguro de que Antonio Morales no lo hará porque "es una persona muy orgullosa que no le gusta dar marcha atrás. Nunca se equivoca".