Tras más de 30 años, Arucas y Moya ven encauzada una solución para la GC-2

Acuerdo histórico para el futuro de Arucas. Soterramiento parcial de la GC-2 entre Bañaderos y el Puertillo | Foto: Ayuntamiento de Arucas

Acuerdo histórico para el futuro de Arucas. Soterramiento parcial de la GC-2 entre Bañaderos y el Puertillo | Foto: Ayuntamiento de Arucas

El alcalde de Arucas, Juan Jesús Facundo, señala que tras la prioridad de La Aldea, «ahora le toca al norte avanzar en seguridad y cohesión».

Tras más de 30 años de debates, movilizaciones vecinales, recursos judiciales y cambios políticos, el proyecto para transformar el trazado de la GC-2 a su paso por Arucas y Moya entra en una fase decisiva. Así lo defiende el alcalde de Arucas, Juan Jesús Facundo, quien subraya el carácter histórico del acuerdo alcanzado entre el Gobierno de Canarias y los ayuntamientos implicados para avanzar hacia el soterramiento parcial en Arucas y la construcción de un túnel en Moya. 

Tres décadas de reivindicación vecinal

Facundo sitúa el acuerdo actual como el resultado de una larga trayectoria de reivindicaciones sociales e institucionales. Explica que desde los años noventa se han sucedido distintos proyectos y propuestas, algunas de ellas muy controvertidas, como aquel primer trazado que alejaba la carretera de la costa y la hacía discurrir por zonas agrícolas, lo que generó una fuerte contestación social y acabó en los tribunales.

El alcalde afirma que, con independencia de los colores políticos, todos los responsables municipales han intentado en algún momento desbloquear una solución para una vía que considera esencial para el norte de Gran Canaria. «Aquí han pasado muchos líderes políticos y muchas etapas, pero la necesidad siempre ha estado ahí», dice, en referencia a una infraestructura utilizada a diario por decenas de miles de personas.

Un proyecto con consenso institucional

El alcalde destaca que, a diferencia de etapas anteriores, el proyecto actual nace del consenso entre administraciones. Señala la coordinación con el Ayuntamiento de Moya y con su alcalde, Raúl Alfonso, así como el trabajo conjunto desarrollado en el marco de la Mancomunidad del Norte. A su juicio, este clima de colaboración ha sido determinante para avanzar.

Facundo insiste en que el objetivo es llegar a finales de este año con el proyecto redactado y sometido a los trámites de información pública y evaluación ambiental, un paso que considera clave para garantizar su viabilidad. «La evaluación ambiental es fundamental para que el proyecto pueda caminar con seguridad jurídica», afirma.

El horizonte de ejecución

Aunque evita fijar cifras cerradas sobre el coste de la obra, el alcalde apunta que no se trata de una inversión desorbitada si se compara con otras infraestructuras similares ejecutadas en Canarias. Asegura que el presupuesto estará previsiblemente por debajo de los 40 o 50 millones de euros y defiende que el impacto en la movilidad durante las obras será limitado, especialmente en el tramo de Moya.

Facundo sostiene que, si se cumplen los plazos administrativos, la financiación podría incorporarse a partir de la próxima legislatura, con la vista puesta en 2027 como punto de arranque para la ejecución.

La prioridad fue La Aldea

El alcalde de Arucas coincide con el diagnóstico de que, durante años, la prioridad del Gobierno de Canarias estuvo centrada en la carretera de La Aldea, una obra que califica de «justa, necesaria y vinculada a la seguridad». Considera que, una vez encauzada esa infraestructura, el norte de la isla debía ocupar el siguiente lugar en la agenda viaria.

«No estamos hablando de una carretera local, sino de una vía que articula la movilidad de más de 120.000 personas», afirma, al tiempo que compara el impacto social del futuro túnel de Moya con otras obras ejecutadas en islas menos pobladas.

El PTP-15 y la vía judicial

En relación con el Plan Territorial Parcial 15, actualmente en los tribunales, Facundo explica que el procedimiento judicial sigue su curso y que se espera una resolución a finales de año. Aclara que este proceso no condiciona el acuerdo alcanzado para la GC-2, ya que la infraestructura tiene consideración de interés general.

No obstante, defiende la legitimidad de los ayuntamientos al haber acudido a los tribunales para proteger los intereses de sus vecinos y para dejar constancia de sus alegaciones técnicas y territoriales.

Los menores migrantes integrados en Arucas

El alcalde también se refiere a la situación de cinco menores migrantes que han desarrollado un fuerte arraigo en Arucas. Facundo afirma que estos jóvenes siguen en la isla, mantienen contacto con familias del municipio y desean regresar a su entorno habitual, donde estaban escolarizados, integrados en actividades deportivas y con vínculos sociales consolidados.

Reconoce las dificultades administrativas y los retrasos en la tramitación de los expedientes, pero asegura que el Ayuntamiento y las familias continúan acompañándolos y manteniendo la esperanza de una solución que tenga en cuenta su integración real en la comunidad.