El concejal de Hacienda y Patrimonio, José Alberto Díaz-Estébanez, señala que, en algunos casos podría llegar al 90%: «Ese dinero no mejora el servicio municipal: va a cabildos y al Gobierno de Canarias».
El concejal de Hacienda y Patrimonio de Santa Cruz de Tenerife y portavoz de Coalición Canaria, José Alberto Díaz-Estébanez, sostiene que el incremento del impuesto sobre la recogida de residuos sólidos «no solo es cierto, sino que el 50% es una media» y que, según los tramos, «hay subida incluso de hasta el 80% y el 90%». Asegura que la medida «es obligada por el gobierno de Sánchez para todos los municipios de forma indiscriminada», en aplicación de una directiva europea del «quien contamina paga» que el Ejecutivo español «se ha empeñado en aplicar de manera inaplazable e inmediata» a los 8.000 ayuntamientos.
Díaz-Estébanez enmarca el alza en la transposición estatal de la normativa comunitaria: «Es derivado de una directiva europea que aplica cada gobierno de manera gradual o como lo entiende». En España, afirma, se ha optado por exigirla «al 100% de los municipios, independientemente del número de habitantes», lo que fuerza una «subida del 50% como media» con picos mayores en algunos casos. «Me parece absolutamente escandalosa», dice, y reprocha que el «responsable de este incremento no ha dado la cara» y «obliga a los ayuntamientos a ser el recaudador».
Impacto en los recibos de los hogares
El portavoz municipal explica que el recibo doméstico pasará de unos 70 euros a 105, 110 o 120 euros por vivienda, con ajustes según parámetros como «el valor catastral del inmueble». Subraya que serán los consistorios quienes afronten el desgaste político: «Los municipios son los que se degradan ante los vecinos… ¿Con quién se va a enfadar el ciudadano? Con su alcalde, con sus concejales».
El edil admite que «tenemos que dar la cara a los ciudadanos y explicarles» los nuevos importes, aunque «la garantía única» de que el dinero repercuta en mejoras sería «que lo trabajase el ayuntamiento», por su cercanía y la posibilidad de exigir responsabilidades directas.
Un flujo de recaudación ajeno al servicio local
Díaz-Estébanez insiste en que el incremento «no se lo quedan los ayuntamientos para mejorar el servicio». Según detalla, la recaudación «va directamente a la entidad gestora», en Canarias «a los cabildos», que a su vez «lo trasladarán al Gobierno de Canarias» para que la Consejería de Transición Ecológica diseñe «a futuro planes de regeneración ambiental». «Esto no va a repercutir al día siguiente en la mejora del servicio para los ciudadanos», recalca.
Filosofía fiscal de Santa Cruz
El concejal reivindica la trayectoria reciente del municipio: «Nuestra filosofía es la de una baja presión fiscal», y recuerda que Santa Cruz «ha estado los últimos cinco años en el podio de capitales españolas de libertad económica». Por eso, afirma, la imposición estatal «va en contra de nuestra filosofía». Añade que «la inmensa mayoría de los municipios, incluidos los municipios socialistas, ha pedido que esto no se aplique de esta manera en España».
Crítica política al gobierno central
Más allá del debate técnico, Díaz-Estébanez extiende su reproche al Ejecutivo estatal: «El Gobierno socialista tiene otras prioridades y desde luego no es la del día a día de los ciudadanos». Cita episodios que, asegura, le producen «vergüenza» o incluso «asco», como determinadas declaraciones sobre La Palma o las reticencias en el reparto de menores migrantes, y atribuye a la Moncloa una estrategia que hace recaer «las iras de la ciudadanía» sobre los ayuntamientos.