➤ «Nuestros centros están hacinados». ➤ «Hay menores que llevan cerca de dos meses en ese dispositivo y no es de recibo» ➤ «Desde hace dos años es Canarias quien está dando respuesta sola, en solitario»
La directora general de Protección a la Infancia y la Familia del Gobierno de Canarias, Sandra Rodríguez, sitúa el foco en una emergencia estructural: «el sistema de protección a la infancia en este país está en jaque», sostiene, y reclama una respuesta coordinada del Estado y de las comunidades autónomas que priorice el interés superior del menor por encima del ruido político. «Desde hace dos años es Canarias quien está dando respuesta sola, en solitario», dice, mientras sus recursos de acogida funcionan por encima de su capacidad.
Canarias, al límite
Rodríguez recuerda que el Archipiélago tutela «más de 5.000 menores» y ha alcanzado picos de «cerca de 6.000», lo que ha llevado a centros «sobreocupados» y, en palabras de la propia responsable, «hacinados». A su juicio, se trata de una realidad que «se está atendiendo en solitario» por parte de Canarias, pese a que el fenómeno afecta a España y a la Unión Europea: cuando un menor llega a las Islas «llega a España y a Europa».
La directora general incide en que la prioridad debe ser dar una respuesta «lo más adecuada posible» a niños y adolescentes «especialmente vulnerables», respetando sus derechos y circunstancias. En este contexto, subraya el papel del Tribunal Supremo, «que le recuerda al Estado cuáles son sus competencias y cuáles son sus obligaciones» en materia de protección internacional para los menores que la solicitan.
El cuello de botella del «Canarias 50»
Una de las principales preocupaciones se concentra en el dispositivo estatal de tránsito «Canarias 50», concebido para entrevistar y valorar a los menores con protección internacional antes de su derivación a otras comunidades autónomas en un plazo máximo de 15 días. «Hay menores que llevan cerca de dos meses en ese dispositivo y no es de recibo», afirma. Este retraso, explica, desincentiva a los chicos a aceptar el traslado: «para que me derive a otro dispositivo de características similares para esperar un mes, dos meses, tres meses… no se sabe cuánto tiempo», expresan.
Frente a ese bloqueo, Rodríguez propone que las entrevistas se realicen «en nuestros centros» —empezando por las chicas— y que los traslados solo se ejecuten «cuando se tenga la plaza» asignada en destino. «Hemos hecho esta propuesta al Estado», dice, aun admitiendo que «no sentó bien» porque exigiría «ser más ágiles» en la búsqueda y apertura de plazas.
«La maquinaria del Estado»
La responsable compara la respuesta canaria, que pasó de «38 centros en agosto de 2023» a «85» en la actualidad —con aperturas y cierres según necesidad—, con la capacidad estatal: «¿Cómo todo el aparato del Estado, la maquinaria del Estado, no es capaz de articular procedimientos para acoger a los menores?» Recuerda además el precedente de la acogida a menores procedentes de Ucrania, cuando se «flexibilizó el marco normativo», se aportaron recursos y hubo coordinación interterritorial y con la UE. «Si se fue capaz en aquel momento… ¿Cómo es posible que en estos momentos no seamos capaces de dar respuesta a niños y jóvenes que están en nuestra tierra?», plantea.
Xenofobia, discursos y realidad en las islas
Rodríguez rechaza los discursos que, a su juicio, «quizás xenófobos», distorsionan la percepción social sobre la migración y la infancia migrante. Preguntada por un eventual comportamiento «racista» de formaciones políticas estatales, responde: «Quiero pensar que no y digo que no», y lo atribuye a «estrategias» de partido que «se olvidan» de que el sistema de protección «está en jaque, por no decir totalmente destrozado». Recalca, no obstante, que «ese problema no está en Canarias», donde también se ha acogido a menores ucranianos —algunos en acogimiento familiar e incluso en procesos de adopción— con normalidad.
Polémica política y niños en el centro
La directora general reprocha que el debate estatal se haya convertido en un «enfrentamiento» entre grandes partidos, hasta el punto de que «parece que mamá y papá se están divorciando» y que «se están olvidando» de los menores. «Esto es un problema nacional», insiste, que requiere «alturas de mira» y dejar a un lado «los enfrentamientos políticos».
Controles, cierres y depuración de responsabilidades
En relación con los casos de presuntos malos tratos en centros de menores, Rodríguez subraya que las primeras denuncias fueron presentadas por el propio Gobierno de Canarias, «en cuanto nos llegaron» avisos de chicos y de personal sanitario.
«Uno de ellos está cerrado», detalla sobre el centro de Arinaga, «a la espera» de que se levante el precinto para poder recuperarlo si fuese necesario. Explica que la investigación penal corresponde a la autoridad judicial, pero que su departamento «requiere» a las entidades la «inmediata» separación de los profesionales señalados cuando haya «datos constatados» o «dudas más que razonables».
La trasera humana de la gestión
Más allá de las cifras, Rodríguez pone rostro a la urgencia. «Es muy duro llegar […] a recoger 50 chiquillos con aquellas caritas que te miran, esa piel quemada por el sol», relata, o ver «cómo los ojos se les abren cuando ven un vaso de agua, un zumo, unas galletas» al llegar a un recurso «que acabamos de abrir por la mañana». Reconoce que el centro de Valverde «está hacinado», pero «sigue siendo un hogar» en el que se intenta «reorganizar» para que los menores «se encuentren lo mejor posible» pese a las limitaciones.
Al mismo tiempo, destaca el trabajo «al máximo» del equipo de la Dirección General y de los profesionales implicados: se han abierto dispositivos específicos «para chicas», «para los niños más pequeños», «para menores con problemas de salud mental o adicciones», e incluso para «niñas que llegan embarazadas», a quienes se les tramita protección internacional para que puedan ser atendidas en espacios más adecuados. «Ya me gustaría tener centros de 8 o 10 plazas como en otras comunidades», señala; en Canarias, «lo mínimo» son «30 niños», y «todos están sobreocupados».
Prioridades
Rodríguez sintetiza las prioridades: agilizar el sistema estatal de protección internacional para menores; evitar cuellos de botella en el «Canarias 50» entrevistando en origen y trasladando solo con plaza confirmada; y retomar un marco de cooperación territorial equivalente al activado con Ucrania. Todo ello, insiste, con una premisa: que el interés superior del menor sea el criterio rector real, no retórico. «Tenemos que trabajar entre todos», afirma, «porque esto es un problema de España y de Europa», y porque cada día que pasa sin soluciones «tiene efectos concretos» en miles de vidas en desarrollo.