La directora general de Protección a la Infancia y la Familia del Gobierno de Canarias, Sandra Rodríguez, advierte de que la gestión estatal de los menores migrantes no acompañados está marcada por la improvisación.
La directora general de Protección a la Infancia y la Familia del Gobierno de Canarias, Sandra Rodríguez, advierte de que la gestión estatal de los menores migrantes no acompañados está marcada por la improvisación, con cientos de jóvenes en dispositivos de tránsito en Gran Canaria, decenas con arraigo que rechazan ser trasladados y una maraña burocrática que impide cumplir los plazos fijados por la propia normativa.
Centros de tránsito y menores con arraigo
Rodríguez explica que, en estos momentos, unos 251 menores se encuentran en distintos dispositivos del Estado en Gran Canaria, como el acuartelamiento Canarias 50 o el antiguo Colegio León, que el Gobierno autonómico considera recursos de mera transición, no soluciones estables. A ello se suman en torno a 150 chicos y chicas que han sido llamados a trasladarse pero que se niegan a cambiar de isla o de centro porque ya han encontrado vínculos en sus comunidades de acogida.
Entre esos casos cita a cuatro jóvenes que residían en Arucas, en Gran Canaria, integrados en la vida del municipio y queridos por sus vecinos, y que ahora se encuentran en el Canarias 50 a la espera de un destino en la península, mientras el Ayuntamiento reclama que puedan regresar. Para la responsable de Infancia, estos ejemplos ilustran el choque entre la lógica administrativa de los traslados y las realidades de arraigo que se han generado sobre el terreno: «Lo que estamos pidiendo es que el Estado abra centros permanentes de protección internacional en Canarias, para que los chicos no tengan que ser desarraigados de su isla».
Críticas a la reacción del Gobierno central
Rodríguez interpreta el giro del Gobierno central como una reacción a las críticas que, desde hace meses, viene formulando Canarias por la carga que soporta en solitario en materia migratoria. Recuerda que el Tribunal Supremo dio un plazo de diez días, a partir del 25 de marzo, para que se garantizara el acogimiento de los menores solicitantes de asilo, un mandato que, según subraya, no se quiso aplicar en ocho meses y que ahora se intenta cumplir «a marcha forzada» en apenas dos semanas.
La directora general se muestra especialmente crítica con el discurso de que «ya se ha cumplido» con la ley. A su juicio, en quince días lo que se ha hecho es mover a los menores dentro de Canarias, ubicándolos en espacios de tránsito, pero sin resolver el fondo del problema: la falta de recursos permanentes de acogida y la ausencia de una planificación que tenga en cuenta los proyectos de vida de cada joven «No se trata solo de mover expedientes y personas; hablamos de chicos que han llegado en situación desesperada y que han empezado a construir aquí su vida».
Un sistema desbordado por la burocracia
La responsable de Infancia insiste en que el sistema está «enredado» en la burocracia. Recuerda que la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería se aprobó el 18 de marzo, pero su aplicación no arrancó hasta el 1 de septiembre por retrasos del propio Estado. Entre tanto, muchos jóvenes han ido cumpliendo la mayoría de edad: solo en los dispositivos de protección internacional se calcula que unos 250 chicos pasaron a ser mayores durante el proceso, quedando fuera de la posibilidad de ser trasladados a otras comunidades.
En paralelo, Canarias ha remitido 449 expedientes de menores a las subdelegaciones del Gobierno desde septiembre, pero solo ha recibido 154 resoluciones definitivas de traslado. El resto están pendientes, mientras los plazos corren y las expectativas de los jóvenes se van frustrando: «Tenemos expedientes enviados desde principios de septiembre de menores que cumplen 18 años en enero o febrero; cuando llegue la resolución ya serán mayores y no tendrá sentido moverlos».
Más de 4.500 menores tutelados y una financiación insuficiente
Rodríguez detalla que Canarias tutela actualmente a 4.524 menores migrantes, cifra que incluye tanto a quienes se encuentran en recursos del archipiélago como a los solicitantes de protección internacional ubicados en la península, cuya tutela sigue correspondiendo a la comunidad autónoma. El Gobierno regional recuerda que asume esa responsabilidad «en situación de emergencia humanitaria» desde el 1 de agosto de 2023 y que, con frecuencia, los fondos estatales llegan tarde o de forma insuficiente.
Como novedad, adelanta la convocatoria de la Comisión Sectorial de Infancia para este viernes 27, en la que se prevé acordar una subvención de 100 millones de euros destinada a financiar el acogimiento residencial de menores migrantes no acompañados en Canarias. Una medida que valora, pero que considera solo un paso parcial si no se acompaña de cambios estructurales en el sistema de acogida.
Exigencia de centros permanentes en las islas capitalinas
La principal demanda del Gobierno canario es clara: que el Estado habilite centros permanentes de acogida de protección internacional, al menos en Gran Canaria y Tenerife, con recursos de pequeña escala —en torno a diez o quince plazas— que permitan una atención digna y estable sin obligar a los jóvenes a abandonar las islas donde ya han comenzado a integrarse: «Lo que no podemos es jugar con las expectativas de los menores ni con la solidaridad de la sociedad canaria, que los ha acogido y los quiere aquí».
Rodríguez admite que la situación es «un lío espantoso», pero subraya que se vive y se gestiona «día a día» desde las islas, donde se combinan la emergencia humanitaria, la presión sobre los recursos y la obligación legal y ética de proteger a los menores. Por eso reclama coordinación real con el Gobierno central, más agilidad administrativa y una red de centros estables que evite que Canarias siga soportando en solitario el peso de la frontera sur de Europa.