La diputada de CC en el Parlamento de Canarias pide al Gobierno autonómico que exija que los 1.140 millones se queden en las islas.
La diputada regional de Coalición Canaria, Rosa Dávila, exige flexibilizar las condiciones que deben cumplir las empresas para acceder a las ayudas al turismo de la partida extraordinaria de 1140 millones de euros aprobada por el Gobierno central.
Para Dávila, desde el Ministerio de Economía se han puesto “muchas barreras” a las empresas, a través de condiciones “muy difíciles de cumplir”. Así, señala que de los 538 epígrafes en los que se dividen los sectores económicos, tan solo se pueden acoger a las ayudas 95 de ellos. Así, dice, un supermercado instalado en una zona turística y que ha estado cerrado por falta de actividad, no podrá acogerse por no estar en alguno de los epígrafes beneficiados.
Empresas “zombies”
A esto se suma el que las empresas deben haber registrado unas pérdidas de más del 30% con respecto al ejercicio anterior y haber obtenido beneficios en el ejercicio 2019. Para Dávila, esta condición es arbitraria, pues puede darse el caso de que una empresa viable haya tenido pérdidas en el año 2019 por haber realizado inversiones. A su juicio, la norma debería haber contemplado una franja mayor de años para comprobar si se trata de empresas “zombies”.
Para la diputada, el conjunto de estas condiciones hace “muy difícil” que toda la partida de 1140 millones de euros se quede en Canarias, por lo que su partido exige que “sí o sí” haya un compromiso para que ese dinero no salga de las islas: “Es fundamental que se flexibilicen las condiciones de acceso”. No obstante, Dávila es escéptica sobre que la reunión que mantiene hoy el presidente del Gobierno canario, Ángel Víctor Torres, con el Ministro de Administraciones Públicas, Miquel Iceta, sirva para este fin.
ERTE y pago del IRPF: “Una auténtica crueldad”
Dávila es también muy crítica con la decisión del Ministerio de Hacienda de mantener al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) como pagador a efectos de la declaración del IRPF. Esto supone que los trabajadores que se han acogido a un ERTE en el año 2020 tendrán que presentar la declaración y pagar la diferencia entre las bajas retenciones que hace el SEPE y las que se está obligado a pagar. Esto puede suponer, señala Dácila, hasta 1000 euros para las rentas más bajas: “Es increíble que cuando ya no tienen ahorros tengan que hacer frente al pago de 1000 euros”.
Considera que no es suficiente con que la Agencia Tributaria permite el pago fraccionado durante seis meses. A su juicio, las rentas del ERTE deben estar exentas de tributación en el IRPF: “No entiendo que se quiera sacar dinero a las personas que tienen las rentas más bajas. Es una auténtica crueldad”.
Superávit en 2020
Para la diputada, que las cuentas de la Comunidad canaria se hayan saldado en 2020 con un superávit de 232 millones de euros es un ejemplo de la “pésima gestión” durante un año de pandemia y con las reglas fiscales suspendidas desde el mes de marzo “para que los gobiernos pudieran rescatar sus economías”. Afirma que este superávit no obedece solo a la falta de ejecución, sino también a un exceso de ingresos porque el Gobierno “ha estado friendo a las personas a impuestos”.