Su abogada, Isabel Saavedra, reclama un aplazamiento que evite que los menores acaben bajo tutela de la administración.
Una familia de Ingenio formada por padre, madre y seis hijos vuelve a estar a 48 horas de quedarse en la calle. Su abogada, Isabel Saavedra, denuncia que el juzgado reactiva el lanzamiento pese a existir un informe de vulnerabilidad emitido por el Ayuntamiento y una promesa de vivienda por parte de la empresa pública Visocan, y reclama un aplazamiento que evite que los menores acaben bajo tutela de la administración.
Lanzamiento fijado para el miércoles
Saavedra explica que, tras la suspensión inicial del desalojo, «la letrada de la Administración de Justicia el día siguiente señaló de nuevo para el miércoles. Una semana de tregua». Ese día, resume, «tendrán que ser desalojados, lanzados a la calle, esta familia, padre, madre y seis hijos. Y si pierden el control de los hijos, pues será el gobierno de Canarias quien se ocupe de ellos».
La abogada subraya que no se trata de un conflicto entre dos familias por una misma vivienda, sino de un procedimiento promovido por un fondo de inversión al que se refiere como «fondo buitre». Por eso considera que existe margen para actuar con más humanidad: recuerda que la familia es reconocida como vulnerable y que «son gente valiente y dispuestos a seguir luchando», pero que la presión psicológica de vivir pendiente de un lanzamiento sucesivamente reactivado «está siendo muy traumático».
Un informe de vulnerabilidad que el juzgado no tiene en cuenta
Tras recibir el nuevo señalamiento, Saavedra presenta un nuevo escrito en el juzgado en el que aporta el informe de vulnerabilidad emitido por el Ayuntamiento de Ingenio. Explica que ese documento «aunque lo aportó el gobierno de Canarias, es posible que el juzgado no lo esté teniendo en cuenta precisamente por eso, porque el gobierno de Canarias no es parte del procedimiento».
Por ello solicita un aplazamiento. Entiende que, con ese informe sobre la mesa y la vivienda ya localizada, el órgano judicial dispone de base suficiente para frenar temporalmente el lanzamiento.
Vivienda prometida y burocracia que no da tregua
Según detalla la abogada, la empresa pública Visocan ha trasladado a la familia que existe una vivienda disponible, pero el acceso está bloqueado por la tramitación administrativa. Saavedra considera que la situación se reduce a dos gestos que, a su juicio, son «bastante sencillos»: «Parece que todo está pendiendo de que alguien simplemente haga un gesto bastante sencillo por parte del juzgado, suspenderlo o aplazarlo, y por parte del gobierno de Canarias, a través de su empresa de vivienda, Visocan, entregarles esas llaves». Sin embargo, lamenta que, «por ahora», no se haya producido ni una cosa ni la otra.
Plataforma desesperada pero sin tirar la toalla
La letrada, que forma parte de la plataforma de apoyo a la familia, admite el desgaste acumulado tras meses de movilización: «Seguimos intentándolo, nosotras desde la plataforma estamos desesperados, porque la verdad que fue un palo, pero no tiramos la toalla, no la vamos a tirar».
Relata que ya en dos ocasiones se han visto obligados a acudir físicamente al domicilio el día señalado para el desalojo: «Hemos ya tenido que ir dos veces allí a ponernos delante de la puerta, con lo que eso supone». Pese a ello, insiste en que la familia mantiene la determinación de defender su derecho a una vivienda digna y a no ser separada: «Más allá de que hemos ido consiguiendo pues que duerman una noche más en este techo, es muy traumático, imagínense, pero son, ya digo, son gente valiente y dispuestos a seguir luchando».
Llamamiento urgente a la solidaridad y al alquiler social
Ante la falta de respuesta institucional efectiva y con el reloj corriendo hacia el nuevo lanzamiento, Saavedra lanza un llamamiento directo a la sociedad grancanaria: «Igual soy un poco ingenua, pero algún empresario en Gran Canaria que tenga una vivienda cerrada, dispuesta a alquilarla, y ellos están dispuestos a pagar un alquiler».
La abogada insiste en que no pide una cesión gratuita, sino la oportunidad de firmar un alquiler en condiciones asumibles y relativamente cerca del entorno actual de la familia: «Me dirijo pues a la solidaridad, no solo de empresarios, obviamente, también de personas que puedan tener una vivienda por la zona sureste».
Mientras espera una respuesta del juzgado y de Visocan, Saavedra confirma que el miércoles volverán a estar en la puerta del domicilio. Entre la amenaza del desalojo y la promesa todavía incumplida de una vivienda pública, la abogada resume la situación con una frase que repite como mantra: «Solución siempre hay si hay voluntad».