La parlamentaria popular cree que Patricia Hernández ha abandonado la investigación por el pacto de su partido en el Cabildo de Gran Canaria.
Luzardo no podrá ir de invitada a la comisión abierta que se celebrará el próximo martes en el Parlamento de Canarias y en la que su grupo, el popular, presentará cuatro cuestiones sobre el cobro indebido que efectuó el ayuntamiento de Agüimes a los familiares de los usuarios de la residencia de ancianos. La consejera ha alegado que no podrá estar presente porque el asunto está judicializado, pero para Pepa Luzardo se trata de dinero público, de un convenio que firmó el Gobierno de Canarias con el Cabildo de Gran Canaria y este con el ayuntamiento.
La popular manifiesta haber hablado con las familias de los dependientes que “se sienten engañadas” por el ayuntamiento que, en el momento de los hechos, dirigía el actual presidente insular, Antonio Morales. Luzardo niega creer que un técnico municipal no supiera que el PIA (Programa Individual de Atención) es nominativo, que no puede distribuirse entre el resto de usuarios de la residencia. Para ella, lo lógico habría sido que el consistorio reconociera el error, pagara y pidiera perdón, en lugar de estar buscando abogado para presentar recurso.
Se pregunta por qué el Ejecutivo regional no inicia un trámite judicial y apunta que Patricia Hernández, quien “empezó muy fuerte” en sus ataques a lo sucedido, ha abandonado la causa para no perjudicar el pacto PSOE-Nueva Canarias del Cabildo grancanario. Por su parte, anuncia que el PP pedirá a la Audiencia de Cuentas un informe de la gestión económica de la residencia.