El alcalde de la localidad grancanaria afirma que el municipio continúa sin respuestas claras sobre el episodio ambiental que mantiene cerradas las playas desde hace un mes y que se originó a mediados de octubre.
El alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, afirma que el municipio continúa sin respuestas claras sobre el episodio ambiental que mantiene cerradas las playas desde hace un mes y que se originó a mediados de octubre. Tras semanas de investigaciones, analíticas y vuelos de drones, asegura que no existe ninguna prueba que responsabilice al emisario municipal y acusa a distintas administraciones de mantener un silencio «incomprensible» que, a su juicio, perjudica gravemente a la ciudadanía.
La investigación municipal, frenada y sin coordinación externa
Peña explica que el Ayuntamiento, a través de Aguas de Telde, ha realizado «todas las evaluaciones posibles»: analíticas del agua, inspecciones del emisario y estudios de corrientes marinas. «Los resultados no indican vertidos ni anomalías», sostiene, y recalca que ninguna prueba técnica apunta al municipio como origen del episodio que obligó al cierre prolongado de Melenara, Salinetas y otras zonas del litoral.
El regidor lamenta que, pese al impacto social y económico del incidente, ningún responsable del Gobierno de Canarias ni de la Dirección General de Pesca haya acudido al municipio para ofrecer explicaciones públicas o coordinar una intervención. «La ciudadanía se pregunta por qué no se ha convocado una sola rueda de prensa institucional», afirma, aludiendo a la falta de liderazgo administrativo en un problema que ya suma dos meses.
El conflicto con la empresa acuícola y la polémica por el uso de drones
Una parte central de la crisis gira en torno a la empresa que gestiona las jaulas marinas frente a la costa teldense. Según Peña, la relación entre la compañía y el Ayuntamiento «cambió drásticamente» después de que el consistorio difundiera imágenes captadas por drones en las que se apreciaban peces muertos dentro de las instalaciones.
Esos vuelos —realizados, explica, con las autorizaciones de AENA y en presencia de técnicos de Salud Pública— se han llevado a cabo «casi a diario» desde que comenzó el episodio. Las imágenes, asegura, muestran días con peces muertos, otros con tareas intensivas de limpieza y otros en los que «no había absolutamente nada», lo que refuerza su tesis de que no se está ofreciendo información homogénea ni verificable sobre lo que ocurre dentro de las jaulas.
Peña subraya que la misma unidad municipal de drones que hoy se cuestiona es la que la empresa había utilizado en numerosas ocasiones para supervisar roturas de redes o posibles robos de pescado: «Antes volar sobre las jaulas no era un problema; ahora, curiosamente, sí lo es».
Documentos que no salen a la luz y la denuncia interna de septiembre
El Ayuntamiento sostiene que existen elementos no aclarados por las administraciones competentes. Entre ellos, una denuncia presentada por un trabajador de la empresa en septiembre, en la que se alertaba de la muerte diaria de miles de kilos de peces supuestamente vinculada a una bacteria.
Peña afirma que esa información «nunca ha sido explicada» y que no se han mostrado registros oficiales sobre la retirada o tratamiento de esos animales, lo que alimenta la sospecha de que «se está ocultando documentación relevante». El alcalde insiste en que no atribuye responsabilidades, pero que todas las hipótesis deben investigarse y trasladarse a la Fiscalía, como ya ha hecho el consistorio mediante diferentes ampliaciones del expediente.
La ciudadanía, «más informada y más desconfiada» que nunca
El regidor reconoce que este episodio marcará un antes y un después en la relación de la población con las actividades acuícolas. «A partir de ahora, cualquier mancha o anomalía generará aviso inmediato a Salud Pública», advierte, y añade que este nuevo contexto puede llevar a cierres de playas recurrentes si no se garantiza una gestión transparente de la concesión y de los procesos de control ambiental.
Colectivos ciudadanos con los que se reunió esta semana trasladaron al alcalde su incredulidad ante la versión ofrecida por la empresa y su disposición a colaborar con el Ayuntamiento para esclarecer los hechos. Según Peña, especialistas y organizaciones ambientalistas han aportado información que, aunque cuestionada por algunos sectores, considera valiosa para ampliar líneas de investigación.
Reclamo de responsabilidades y posible vía judicial
El alcalde sostiene que el cierre de playas ha generado «pérdidas millonarias» para el municipio y que, una vez se determinen los responsables, Telde exigirá las compensaciones que correspondan, sin descartar acciones judiciales directas. El consistorio ya ha elevado el caso a la Fiscalía y espera aún el informe del Seprona, cuyo retraso considera «incomprensible» dada la magnitud del episodio.
Peña remarca que el Ayuntamiento actuará «con prudencia, pero con firmeza»: no señala culpables sin pruebas, pero tampoco está dispuesto a que el municipio cargue con una responsabilidad que, a día de hoy, asegura, no se sostiene técnicamente.
Un llamamiento a la transparencia
Frente al silencio que denuncia por parte de la empresa y de las administraciones autonómicas, el alcalde concluye reclamando información clara y pública para que la ciudadanía pueda recuperar la confianza y para que el litoral de Telde vuelva a la normalidad. «Lo que más daño hace es la falta de respuestas», señala, convencido de que solo una investigación exhaustiva y abierta permitirá cerrar una crisis que ha dejado al municipio en una situación «insostenible».