El primer teniente de alcalde de Las Palmas de Gran Canaria sostiene que la ayuda al transporte no puede eliminarse sin alterar el marco constitucional y advierte de posibles maniobras del Estado con los fondos destinados a sufragarlo.
Pedro Quevedo, primer teniente de alcalde y concejal de Desarrollo, Turismo y Ciudad del Mar del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, defiende que la bonificación del 75% en los billetes aéreos para residentes canarios constituye un derecho plenamente consolidado. Según explica, esta medida no es fruto de una decisión coyuntural, sino de una negociación política que permitió incorporar al Régimen Económico y Fiscal (REF) y al Estatuto de Autonomía.
El edil recordó que el acuerdo que hizo posible esta mejora también desbloquea reformas institucionales de gran calado para Canarias. «No solo fue el 75%, sino muchas cosas más», señala, subrayando que aquella negociación permitió avanzar en la actualización del marco autonómico y fiscal del archipiélago.
Un acuerdo «productivo» para Canarias
Quevedo califica aquel pacto presupuestario con el Gobierno central como una actuación «transitoria y enormemente productiva», al entender que generó beneficios estructurales duraderos. En su opinión, el resultado fue positivo independientemente de la orientación ideológica de los interlocutores, ya que lo relevante era el contenido del acuerdo.
Además, insistió en que la inclusión del descuento en el REF lo convierte en un elemento difícil de modificar, al formar parte del entramado jurídico que regula las singularidades económicas del archipiélago.
Sospechas sobre el uso de los fondos
El responsable municipal también muestra preocupación por el elevado coste que el Estado asume para financiar la bonificación, una cifra que sitúa entre 800 y 1.200 millones de euros anuales, aunque reconoce que otras estimaciones la elevan hasta los 1.500 millones.
A su juicio, el incremento del gasto responde en parte al aumento de precios de los billetes, que —según dice— algunas compañías habrían elevado al saber que el coste final recae en las arcas públicas y no en los residentes.
Quevedo va más allá al sugerir que «alguien en el Estado» podría estar utilizando esos recursos con fines distintos a los previstos o gestionándolos de forma inadecuada, lo que explicaría las tensiones presupuestarias en torno a esta partida.
Propuesta de un observatorio de control
Para evitar irregularidades o abusos, el concejal recuerda que en su momento se propuso la creación de un observatorio encargado de vigilar la aplicación de las bonificaciones y detectar posibles fraudes. Según indicó, esta iniciativa buscaba garantizar que el dinero público se destinara exclusivamente a compensar los sobrecostes reales del transporte.
También recuerda episodios pasados en los que se investigaron supuestos abusos en el sistema, concluyendo que las irregularidades no procedían de los residentes canarios sino de intermediarios externos.
Advertencia ante posibles cambios
Finalmente, Quevedo subraya que eliminar o reducir la bonificación no sería sencillo desde el punto de vista legal, al estar respaldada por normas de rango superior. No obstante, advierte de que existen presiones desde el Estado para revisar el sistema y de que podrían buscarse argumentos —como la existencia de fraudes— para justificar modificaciones.
El edil concluye que la defensa de este derecho debe seguir siendo prioritaria para Canarias, al tratarse de una herramienta esencial para compensar la insularidad y garantizar la movilidad de sus ciudadanos.