El todavía alcalde de La Oliva (Fuerteventura) se enfrenta en su mandato a una segunda moción registrada por once concejales de Coalición Canaria, Partido Progresista Majorero y Nueva Canarias
“El pleno está convocado [para el próximo día 16 a las 12:00 hs] y, si no ocurre un desastre, habrá que celebrarlo; otra cosa es el resultado”, ha dicho el todavía alcalde de La Oliva (Fuerteventura) Pedro Amador, en relación a la moción de censura contra él que presentaron los cinco concejales de Coalición Canaria (CC), los cuatro de PPmajo (Partido Progresista Majorero) y los dos de Nueva Canarias (NC) el pasado martes día 2 de mayo después de obtener la certificación municipal que acredita la expulsión de Amador del PPmajo y, por tanto, su paso al grupo de los no adscritos en el pleno municipal, circunstancia que daría viabilidad legal a la censura.
El alcalde está “seguro de que no se pueden registrar dos mociones de censura en el mismo mandato”, a pesar de que la anterior no se produjo “pero se tramitó completamente como establece la Ley”, razón por la que el primer edil ya recurrió a los tribunales para que la paralización “la resuelva el juez”.
A la sospecha de que esta segunda moción se deba a una ‘venganza’ de Domingo González Arroyo, eterno alcalde del municipio, conocido como El marqués de La Oliva, a quien sucedió tras su inhabilitación judicial por ir segundo en la lista, Amador afirmó rotundo que “para mí, González Arroyo no existe”, pero no descarta que se encuentre detrás, aunque “allá él”.
Amador aseguró haber intentado llegar a un acuerdo “por activa y por pasiva” con las formaciones que reclaman la moción de censura “pero todo lo que yo construyo me lo demuelen detrás”, desconociendo cuáles son los verdaderos motivos o “qué ocultan” para negarse a retirarla.
El Ayuntamiento de La Oliva, cuyo grupo de gobierno está formado por PP, PSOE y por el alcalde, que se presentó en las listas del Partido Progresista Majorero (PPmajo) y que se quedó sin respaldo tras enfrentarse al Marqués, se encuentra inmerso en varias instrucciones judiciales en marcha, la mayor parte denunciada por Votemos, el partido más activo de la oposición.