➤ «AENA está en una deriva absolutamente recaudatoria» ➤ «La cementera está obligada, en seis meses, a entregar el proyecto de desmantelamiento» ➤ «La contaminación de Telde podría obedecer a un vertido ajeno tanto a las jaulas marinas como al emisario municipal»
El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, aborda la crisis de contaminación que mantiene en vilo a Telde y asegura que en la calle percibe «mucho descontento» y «cabreo», pero también «mucha desinformación» tras semanas con playas cerradas y un fuerte impacto social y económico. El responsable autonómico señala que la reapertura depende de criterios técnicos —“se hacen análisis de las aguas y si están en condiciones, se abren”— y sitúa el foco en la investigación del SEPRONA, cuyo informe sigue pendiente tras dos meses de espera, con el origen del episodio aún sin aclarar.
Rodríguez desliza, eso sí, una posibilidad: que se trate de un vertido ajeno tanto a las jaulas marinas como al emisario municipal, extremos que —según expone— se han ido descartando en los avances conocidos. «Es probable», afirma, al tiempo que matiza que no se apoya en un «hecho cierto» y que será el SEPRONA quien concluya. En su razonamiento, si la contaminación no procede de la actividad acuícola ni del emisario público, «solo queda una posibilidad: el vertido ilegal».
La cementera y el puerto: «Industria sí, pero no en ese lugar»
En otro de los ejes de la entrevista, el consejero defiende la exigencia del Gobierno canario a la cementera asentada en un entorno turístico del sureste grancanario para que presente, en el plazo de seis meses, un proyecto de desmantelamiento de sus instalaciones. Rodríguez remarca que la decisión parte del Consejo de Administración de Puertos Canarios, que concluye que “no cabía” prorrogar la concesión, y subraya la obligación de la empresa de entregar el plan requerido: «La empresa está obligada a, en seis meses, entregar el proyecto de desmantelamiento».
El consejero anticipa que la estrategia empresarial puede pasar por judicializar el conflicto, pero sostiene que la administración dispone de mecanismos para actuar: si la compañía no cumple, explica, la administración competente puede ejecutar el proyecto «al margen» de la empresa y repercutirle los costes. Al mismo tiempo, Rodríguez dice mantener una posición «coherente»: considera «absolutamente necesaria» la industria del cemento en Gran Canaria, pero no en Santa Águeda, donde —recuerda— la planificación insular lleva más de dos décadas señalando un cambio de uso hacia lo turístico-deportivo una vez finalizada la concesión.
Carreteras: la variante Ofra–El Chorrillo y el tramo final de La Aldea
En materia de infraestructuras viarias, Rodríguez asegura que la variante Ofra–El Chorrillo —una obra que afecta a Santa Cruz de Tenerife y La Laguna— queda adjudicada tras «20 años de líos» y entra en fase de expropiaciones, que se tramitan por urgencia al no afectar a viviendas, sino a suelos. El consejero sitúa el grueso de la ejecución en 2026 y añade un anuncio: antes del 31 de diciembre, afirma, el Gobierno sacará a licitación el tramo Guamasa–Aeropuerto, en la TF-5, dentro de las medidas para aliviar la congestión en la autopista del Norte.
Sobre la carretera de La Aldea, Rodríguez niega que se haya «quitado dinero» para destinarlo a la TF-1 y atribuye la polémica a una lectura errónea del presupuesto: al estar ejecutado ya más del 80% del proyecto, el crédito restante es menor porque no se vuelve a consignar lo ya gastado. El consejero cifra el tramo pendiente en torno al 20% y sostiene que los viaductos clave ya están en marcha tras destrabar un modificado “desde 2020”, con el horizonte de completar el itinerario con seguridad en 2027.
AENA y el «tasazo»: pide al Ministerio que frene una «deriva recaudatoria»
El titular de Movilidad carga contra la decisión de AENA de implantar cobros a guaguas y taxis en zonas de operación aeroportuaria y sostiene que se trata de una medida unilateral que perjudica al transporte colectivo y contradice el discurso de «movilidad sostenible». Rodríguez afirma que la clave para frenar el plan está en el accionariado público: «quien único lo puede parar» es el 51% estatal, a través del Ministerio de Transportes, y menciona expresamente al ministro Óscar Puente.
En su diagnóstico, AENA actúa con una lógica empresarial que ignora el impacto social en un territorio donde los aeropuertos son especialmente rentables. «AENA desde el punto de vista empresarial está en una deriva absolutamente recaudatoria», dice, y añade que no tiene sentido que el gestor aeroportuario busque ingresos extra gravando el transporte de turistas hacia sus hoteles, mientras se dice apostar por un modelo más sostenible.
Vivienda: límite de la acción pública y apuesta por «sentar las bases»
Rodríguez centra la parte final de la entrevista en la vivienda y asume la dimensión del problema: «No existe una varita mágica para resolver este problema». Lo enmarca como el «principal desafío» no solo de Canarias, sino de Europa, y apunta que la Comisión Europea aprueba «por primera vez» un plan específico para vivienda asequible, en un contexto de déficit de construcción y tensiones en el mercado. Su objetivo, afirma, no es prometer una solución inmediata, sino «sentar las bases» para que los residentes puedan «encontrar un hogar» en las Islas.
El consejero aporta datos para ilustrar el cuello de botella: tras la ruptura del ciclo constructor en 2009, Canarias pasa de construir 35.000 viviendas al año a cifras de 800 o 1.000 durante más de una década. Según su explicación, en 2024 se superan las 4.000 viviendas iniciadas y en 2025 se rebasan las 5.000, pero advierte de que sigue siendo insuficiente si se compara con el crecimiento poblacional —25.000 personas al año— y con un cambio social que multiplica la demanda: hogares cada vez más pequeños, con una media inferior a dos personas.
Zonas tensionadas: choque con Las Palmas de Gran Canaria y exigencia de justificación
Preguntado por la declaración de zona tensionada en Las Palmas de Gran Canaria, Rodríguez asegura que no se opone por principio, pero rechaza medidas que, a su juicio, reduzcan aún más la oferta. Dice que el Ayuntamiento presenta una solicitud apoyada en informes de portales inmobiliarios «absolutamente insuficientes» y sin un plan paralelo para incrementar la oferta durante los tres años que dura la declaración, un requisito que considera esencial. En su planteamiento, el Gobierno canario pide al consistorio que justifique por qué debería aplicarse la medida y sostiene que, si los técnicos se convencen de su utilidad, se hará; si no, se evitará una decisión que pueda agravar la escasez.