➤ «Esta norma es muy positiva, no solo por la vivienda» ➤ «Canarias vuelve a estar en igualdad con Baleares respecto al software» ➤ «El incentivo al alquiler solo opera si se trata como actividad económica»
La Comisión de Hacienda del Congreso ha dado luz verde a una esperada reforma del Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias que, en palabras del secretario general de la Asociación Española de Asesores Fiscales, Orlando Luján, supone «un paso positivo» en la dinamización de la inversión y el impulso a la oferta de vivienda habitual en el Archipiélago. Las medidas aún deben superar el trámite en el Senado, pero podrían entrar en vigor a partir del 1 de enero de 2025 si las Cortes no se disuelven antes, un riesgo que mantiene en vilo a quienes han seguido de cerca esta tramitación iniciada en enero.
Vivienda protegida y libre como nuevo destino de la RIC
La modificación más llamativa es la posibilidad de materializar la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC) en la adquisición y construcción de viviendas para alquilar como residencia habitual, siempre que se realice como una actividad económica. En el caso de la vivienda protegida, los incentivos fiscales serán aún más sustanciales. «Quien invierta en vivienda protegida para alquilar puede alcanzar un ahorro del 25%», indica Luján, lo que puede representar un cambio significativo en la oferta de vivienda asequible. Además, se eliminan las restricciones que antes exigían ser promotor inmobiliario para poder beneficiarse de esta vía.
En cuanto a la vivienda libre, aunque el incentivo fiscal será menor, se mantiene el interés por ampliar el parque de alquiler. «Por cada ocho euros invertidos en vivienda libre, Hacienda pondrá uno», resume el asesor fiscal, advirtiendo, sin embargo, que sin mejoras en la agilidad administrativa y en las licencias urbanísticas, el impacto de estas medidas será limitado.
El software vuelve a ser elegible
Otro avance destacado por Luján es la corrección de lo que califica como un «error» en la reforma de 2018, que excluyó las aplicaciones informáticas como destino de la RIC. Desde entonces, las empresas canarias no podían invertir en software con estos beneficios fiscales, mientras que Baleares recuperó esa opción en 2023. «Canarias vuelve a situarse al mismo nivel», celebra, subrayando que se trata de un cambio esencial para la digitalización del tejido empresarial isleño.
Financiación público-privada e inversiones indirectas
La reforma también incluye una mayor flexibilidad para invertir la RIC a través de fórmulas indirectas como los proyectos de colaboración público-privada financiados mediante instrumentos financieros. Esto permitirá a pequeños empresarios o profesionales canalizar dotaciones que antes no podían aplicar directamente. «Es un camino útil, sobre todo para quienes no pueden acometer inversiones de gran volumen de forma individual», explica Luján.
Condición esencial: que la actividad sea económica
A pesar de las nuevas posibilidades, Luján advierte que el incentivo al alquiler de viviendas solo es válido si se trata de una actividad empresarial conforme a la normativa tributaria. «No basta con que una sociedad compre una vivienda y la alquile; debe haber personal contratado y dedicación exclusiva a la gestión del alquiler», aclara. Esa exigencia puede excluir a muchos pequeños inversores, aunque abre la puerta a fórmulas colectivas como las instituciones de inversión colectiva, que permiten sumar esfuerzos para materializar la RIC de forma efectiva.
El futuro de la reforma, pendiente del Senado y del clima político
Con un texto «más robusto» que el presentado en enero, Luján confía en que el Senado lo apruebe sin enmiendas y que las Cortes se mantengan al menos un mes más. «Si se disuelven antes, habrá que empezar de nuevo», advierte. Por ahora, las miradas están puestas tanto en el calendario legislativo como en el incierto contexto político. En Canarias, donde el déficit de vivienda es un problema estructural, la entrada en vigor de esta norma se percibe como una oportunidad que no debería desaprovecharse.