➤ «Nos haremos cargo del traslado de los menores en centros con medidas» ➤ «Si se abre causa por la oposición policial, nos personaremos» ➤ «El Gobierno de España no ha cumplido su financiación en La Palma»
La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, afirma que el Ejecutivo autonómico mantiene como prioridad reforzar la Policía Canaria hasta alcanzar una estructura operativa suficiente para asumir nuevas competencias, entre ellas el traslado de menores sometidos a medidas judiciales. Al mismo tiempo, defiende que la reconstrucción de La Palma tras la erupción volcánica avanza, aunque denuncia déficit de financiación estatal, y reconoce la complejidad de reformar una administración autonómica «muy pesada».
Refuerzo de la Policía Canaria
Barreto asegura que el cuerpo autonómico asumirá progresivamente el traslado de menores internados en centros con medidas judiciales, una competencia que se incorporará conforme aumente la plantilla.
«Lla Policía Canaria va a asumir las competencias y entre ellas esta del traslado de menores», afirma, precisando que no se trata de menores migrantes sino de jóvenes bajo tutela judicial.
La consejera explica que actualmente el cuerpo cuenta con 283 agentes, a los que se suman procesos selectivos en marcha y nuevas convocatorias. El objetivo inmediato es incrementar efectivos de forma escalonada hasta cubrir las necesidades operativas.
«Nuestro objetivo es que cuando acabe esta legislatura […] tengamos en torno a la cifra de 600 policías«, afirma, recordando que el cuerpo partía de 192 agentes al inicio del mandato.
A más largo plazo, el plan contempla llegar a unos 1.500 efectivos, cifra que permitiría desplegar plenamente el modelo de policía autonómica previsto.
Financiación estatal pendiente
Barreto sostiene que el Estado debería financiar la policía autonómica desde el primer agente, como ocurre en otras comunidades con cuerpos propios. Recuerda que existe un principio de acuerdo para abordar esa financiación una vez superado el umbral de 300 efectivos, cifra que Canarias alcanzará en breve. «Con Madrid nunca nada es fácil», dice, aunque confía en que la negociación se active a lo largo del año.
Según explica, el Gobierno autonómico ya ha trasladado esta reivindicación al Ejecutivo central en diferentes foros y conversaciones ministeriales.
Polémica en las oposiciones
Respecto a las denuncias presentadas ante la Fiscalía por aspirantes a la Policía Canaria, la consejera señala que el Gobierno ha solicitado explicaciones al tribunal calificador y que actuará si la investigación judicial prospera: «Si esto termina en los tribunales, nosotros también nos vamos a personar», afirma.
Barreto reconoce que en un proceso selectivo tan numeroso pueden surgir controversias, pero subraya que el Ejecutivo necesita ampliar la plantilla por razones estratégicas y operativas.
Reforma de la administración
La consejera admite que modernizar la administración autonómica es una tarea compleja debido a su estructura y a la normativa acumulada desde la creación de la comunidad autónoma.
Describe el aparato administrativo como «un elefante muy pesado» que no ha experimentado reformas profundas en décadas. Entre las medidas adoptadas menciona la simplificación de trámites, la eliminación de procedimientos innecesarios y la incorporación de nuevas tecnologías.
Uno de los principales problemas, señala, es la pérdida de personal experimentado por jubilación y la dificultad para incorporar nuevos funcionarios con rapidez. En este sentido, destaca que el tiempo entre la convocatoria de oposiciones y la incorporación efectiva se reducirá de cuatro o cinco años a aproximadamente uno.
Reconstrucción de La Palma
Barreto defiende que las compensaciones a los afectados por la erupción volcánica avanzan y que la mayoría de las ayudas comprometidas por el Gobierno autonómico ya se han abonado: «Todas las personas que tenían una vivienda habitual y la perdieron […] han cobrado», afirma.
Explica que las indemnizaciones se calculan mediante tasación pública, descontando seguros y ayudas previas, y que actualmente se está abonando la compensación por segundas residencias.
Sin embargo, denuncia que la financiación estatal para infraestructuras públicas no alcanza lo comprometido inicialmente: «El Gobierno de España insiste mucho en que ellos han cumplido su parte de financiación, no es cierto», sostiene, citando el caso de Los Llanos de Aridane, donde el coste de reconstrucción viaria supera ampliamente las aportaciones estatales recibidas.
Impacto psicológico del volcán
La consejera considera que la recuperación emocional de la población palmera depende en gran medida de cerrar los procesos administrativos y económicos pendientes.
A su juicio, muchas personas podrán rehacer su vida cuando recuperen vivienda, fincas o medios de subsistencia, aunque reconoce que el trauma dejará huella: «Psicológicamente siempre les va a quedar algo porque el trauma de lo que pasó es muy doloroso», afirma.
Barreto señala que, tras varios años sin respuestas inmediatas, el proceso de reconstrucción avanza ahora con mayor ritmo, aunque todavía queda trabajo por completar en infraestructuras y desarrollo territorial.
Perspectiva política
De cara a futuros procesos electorales, la consejera considera que la ciudadanía valorará la actuación de las administraciones según su situación personal en ese momento: «La gente valorará en función del momento», dice, apuntando que el voto suele depender de la percepción inmediata de la realidad.
En conjunto, Barreto defiende que el Gobierno de Canarias mantiene abiertas varias líneas estratégicas —seguridad, modernización administrativa y reconstrucción de La Palma— que requieren tiempo, negociación con el Estado y estabilidad institucional para consolidarse.