➤ «Esta ley crea un estatuto jurídico del afectado para que, desde el minuto uno, sepa qué derechos tiene y cómo se le va a compensar» ➤ «Asumimos en solitario 50 millones anuales porque el Estado nos adeuda 200 millones; todas las viviendas habituales ya están pagadas» ➤ «Falta el dinero de la reconstrucción: el Estado no ha puesto 1.000 millones; si descontamos seguros y donaciones, pueden ser unos 600»
La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, afirma que la nueva «ley de volcanes» nace con vocación de futuro y consagra «un bloque de derechos» para cualquier persona afectada por una catástrofe de origen volcánico: «un estatuto jurídico del afectado» que garantice valoración pública y compensación «por el valor que tenía el día antes de estallar el volcán». «Nadie puede reconstruir su vida con 15.000 euros», sostiene, y defiende que Canarias ha levantado un sistema propio ante el vacío estatal en emergencias poscatástrofe.
Un estatuto del afectado y una respuesta que trasciende La Palma
Barreto subraya que la norma «es más para el futuro que para la situación de La Palma», aunque compila lo aprendido en las tres leyes específicas aprobadas tras la erupción. La clave, explica, es que la persona afectada «sepa desde el mismo momento en que estalla un volcán qué derecho tiene, dónde acudir, qué hacer y cómo se le va a compensar». Frente a los topes actuales del sistema estatal —15.000 euros para pérdidas totales y 10.000 para parciales, cifras que luego el Gobierno central puede elevar discrecionalmente—, Canarias fija por ley el derecho a ser resarcido por el valor real del bien perdido. «Eso no existe en ningún lado, sino aquí», afirma.
Un aprendizaje que traslada a todo el país
Más allá del caso palmero, la consejera defiende que el modelo canario «debería ser para cualquier emergencia», con un estatuto claro de derechos y un fondo estatal que evite respuestas «a golpe de discrecionalidad». «Si como Estado hay voluntad, es superfácil», resume. Mientras tanto, Canarias continuará abonando su plan de pagos y exigiendo «lo que corresponde» para completar la reconstrucción.
50 millones anuales y una disputa con el Estado
La consejera admite que la comunidad autónoma «no tiene dinero para todo», pero asegura que ya ha puesto en marcha un plan de pagos y está asumiendo «en solitario» 50 millones de euros anuales de los presupuestos canarios «porque el Estado nos ha dejado tirados». «Nos adeuda 200 millones de euros», recalca, y defiende la creación de «un fondo estatal de contingencias» aplicable no solo a volcanes, sino «a cualquier emergencia». «Esto tiene que pasar inevitablemente por Madrid», añade.
La reconstrucción en La Palma: viviendas pagadas y fincas pendientes
Barreto detalla que «todas las viviendas habituales están pagadas», con «1.415 personas que han cobrado», y que el Ejecutivo comenzará ahora a valorar segundas residencias. El gran escollo, remarca, son las fincas: «Queremos pagar las fincas, que superan un poquito los 100 millones de euros», pero para ello «queremos esos fondos» que el Estado «tendrá que terminar aceptando». «Esto es lo justo cuando se produce una situación de este tipo», insiste.
Las cuentas de la Agenda Canaria y la cifra de los «1.000 millones»
La consejera rebate el relato del Gobierno central sobre las aportaciones a la isla: «El Estado no ha puesto 1.000 millones de euros», sostiene, porque en ese cómputo «están los casi 400 millones de seguros» y «las donaciones privadas». «Si vamos descontando, pueden ser unos 600», calcula.
Recuerda además que el presidente del Gobierno prometió asumir «el 100% del coste de las infraestructuras», que luego «el Real Decreto lo dejó en el 50%», y «ese 50% todavía falta por llegar». Sobre la Agenda Canaria, afirma que el compromiso de 100 millones figura en los Presupuestos Generales del Estado de 2023 bajo una denominación específica y «renovable tres años más», tal como —dice— reconoce una nota del propio Ministerio de Política Territorial. «No sé por qué ha cambiado», añade sobre el giro del Ejecutivo central.
Pulseras para víctimas de violencia de género: «Es gravísimo»
Barreto considera «muy grave» la cadena de fallos en el sistema de pulseras telemáticas para agresores y critica que, con quejas desde enero de 2024, «no se sacara un contrato de emergencia» para garantizar el servicio. «La solución que dieron fue: conecten los dispositivos que dan fallos, y así tenemos menos fallos. Es gravísimo», afirma.
«Lo primero, hay que garantizar que ahora funciona el sistema», y «lo segundo», depurar responsabilidades políticas: «Yo no voy a opinar lo que tienen que hacer los demás. Yo creo que lo que ha sucedido es suficientemente grave como para que se lo plantee», en alusión a la ministra reprobada.