La alcaldesa, Onalia Bueno, afirma que la norma no distingue entre micro y macro tenedores, perjudicando a los primeros y permitiendo la supervivencia de los segundos.
La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, está convencida de que la Ley de ordenación sostenible del uso turístico de viviendas, que ha presentado el Gobierno de Canarias, impedirá la implantación de nuevas viviendas vacacionales y erradicará la casi totalidad de las ya existentes, debido a la imposibilidad que tienen los ayuntamientos de tramitar el cumplimiento de los requisitos.
Además, se opone al papel fiscalizador que otorga a las administraciones locales, responsabilizándolas de verificar si las viviendas vacacionales existentes cumplen con el régimen de actividad clasificada, trámite que consideran debe corresponder a los cabildos insulares. Por todo ello, solicita este anteproyecto sea suspendido hasta consensuar un nuevo texto a través de una mesa de trabajo con todos los municipios de Canarias.
Necesidad de regular
El Ayuntamiento de Mogán está de acuerdo en la necesidad de ordenar y regular las viviendas vacacionales en el Archipiélago a fin de que estas puedan ofrecer unos estándares de calidad a la par que coexistir con las usos residenciales de larga duración, y que la oferta de viviendas para residentes no se reduzca.
Asimismo, llama a distinguir entre los micro tenedores, que usan sus viviendas para complementar sus rentas, y los macro tenedores, que en el caso de Mogán, llegan a tener hasta 250 viviendas y que, a juicio de la alcaldesa, deberían estar en régimen hotelero. Le consta que hay instalaciones hoteleras que tienen una amplia cartera de viviendas en alquiler vacacional.
Promoción de vivienda pública
No obstante, considera que esta propuesta de ley no va a resolver el problema de emergencia habitacional mientras la promoción de vivienda pública continúe siendo tan escasa y el régimen jurídico actual no incentive a los propietarios a poner en régimen de alquiler de larga duración el gran volumen de viviendas vacías actuales.
«Es un error demonizar las viviendas vacacionales», señala Bueno, al tiempo que recuerda que Mogán ha desbloqueado suelo para poder construir 460 VPO ante la inacción del Gobierno de Canarias en la última década para incrementar el parque de vivienda pública.
En el caso concreto de Mogán, de las 16.896 viviendas, 2.040 son vacacionales (un 12,07%) y vacías 5.697 (33,72%), datos que reflejan que precisamente el problema no está en la vivienda vacacional. Además, el Consistorio ha desbloqueado el Plan Parcial de Loma de Pino Seco para que su superficie total de 72.806 metros cuadrados solo pueda albergar Viviendas de Protección Oficial (VPO). Actualmente hay edificadas cerca de 200 y pendientes de construir otras 350.
El problema radica en que desde la entrada en vigor Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias no se había habilitado un mecanismo para incentivar la construcciones de VPO por la falta de suelo para ello. Precisamente los suelos urbanizables no desarrollados a tal fin en el plazo de 10 años desde la entrada en vigor de la norma pasaron a ser clasificados como rústicos. Es ahora, con el nuevo decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda que se permite el desbloqueo de estos suelos para la construcción de VPO y hacer frente a la emergencia habitacional.
Intromisión de competencias municipales
La alcaldesa afirma que el anteproyecto de ley no ordena el uso turístico en viviendas sino que conduce a su desaparición por varias razones. La primera, porque anula de facto las competencias en planeamiento urbanístico de los ayuntamientos. Les impone, como recoge el artículo 4, reservar en sus instrumentos de planeamiento como mínimo el 90% de la edificabilidad en exclusiva para un uso residencial. Además, el 10% restante no estaría destinado exclusivamente a las viviendas vacacionales, ya que entrarían otros usos permitidos en parcelas residenciales, como los despachos profesionales. Actualmente hay municipios, entre estos Mogán, con más de un 10% de viviendas vacacionales, por lo que tras la entrada en vigor de la Ley, para cumplir este punto, muchas tendrían que inhabilitarse, se puede entender, de forma indiscriminada.