El consejero de Política Territorial del CT cree que, tras el rechazo a la propuesta de ley por el Parlamento, subyace la intención de seguir extrayendo árido
El consejero de Política Territorial del CT cree, que tras el rechazo a la propuesta de ley por el Parlamento, subyace la intención de seguir extrayendo árido
Después de que el Parlamento de Canarias rechazara este martes la proposición de ley presentada por el Cabildo de Tenerife para ordenar los barrancos de Güímar con el único voto a favor de Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario (CC-PNC), los votos en contra de Partido Socialista Canario (PSC), Partido Popular (PP), Nueva Canarias (NC) y Podemos (P’s) y la abstención de Agrupación Socialista Gomera (ASG), el consejero de Política Territorial de la corporación insular, Miguel Ángel Pérez, ha declarado a El Espejo Canario que “lo que quedó de manifiesto ayer es que el Parlamento quiere arreglar el problema pero permitiendo que se siga extrayendo [árido] en Güímar”.
La proposición cabildicia, que contaba con el respaldo del presidente del Gobierno Fernando Clavijo (CC), ha sido acusada de querer beneficiar al empresario Antonio Plasencia y otros tres más por extraer áridos de los barrancos de la localidad fuera de la ley, generando desequilibrios ecológicos tasados por los técnicos en unos 210 millones de euros, que el empresario tendría que desembolsar para su restauración en virtud del pacto al que llegó con la Fiscalía. El proyecto de ley que la Cámara autonómica rechazó en el día de ayer contemplaba la restauración y ordenación de los barrancos de Güímar, así como la preservación del medio ambiente, que finalmente sería a cargo de “los ciudadanos de Canarias, el Gobierno de Canarias”, dijo, “porque el Cabildo no tiene competencias para clasificar suelo, que son de los ayuntamientos”.
“Un problema añadido”, continuó el consejero, es que se trata de “un ámbito minero de competencia estatal” que no está agotado, por lo que “no se puede reclasificar”. La situación, para Miguel Ángel Pérez, se resume en que “hay que cumplir una sentencia, los condenados tienen que restablecer el orden [ecológico] con un plan que, ahora sí, determine la consejería de Industria del Gobierno de Canarias que es la que tiene las competencias de restauración minera, no territorial”, que es lo que contempla la condena.
Según el consejero, “ellos [los empresarios condenados] presentaron algún plan que no fue aprobado” por no cumplir “las condiciones ambientales y territoriales debidas”. El siguiente paso, continuó, es presentar otro “que redactará y fiscalizará el Gobierno de Canarias” con un plazo de ejecución para la restauración.
Pérez se mostró seguro de que los empresarios “tendrán que pagar” lo estipulado en la condena o, en caso contrario, “se les incautará los bienes suficientes” para llevar a cabo la restauración. En el caso de que los bienes incautados no pudieran cubrir los costos de la operación, “tendrá que ser la Administración, subsidiariamente, quien los asuma”.