El secretario del Consejo Social de la ULPGC afirma que se necesitan más recursos para las instituciones de enseñanza superior, pero también una mejor gestión.
El secretario del Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), Miguel Ángel Acosta, considera que la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), aprobada el año anterior, supone «una oportunidad perdida» para la universidad española.
Entiende que la norma «nos aleja de los sistemas universitarios europeos» porque disminuye la participación de la sociedad en el gobierno universitario y no avanza en la autonomía operativa de los centros: «Todo esto es esencial para que las universidades sean competitivas internacionalmente».
Nuevo mandato de Ana Suárez
Ana Suárez Calvo será la nueva presidenta del Consejo Social de la ULPGC, un cargo que asumirá el próximo 8 de febrero y cuyo programa de acción es ya conocido. Acosta indica que se estructurará en torno a tres ejes: acercar la universidad a la empresa, adecuando la oferta universitaria a lo que demanda la economía, refuerzo de la formación permanente a través de un programa de micro credenciales, y la innovación, en sinergia con las entidades del sector privado.
Más recursos y mejor gestión
Para llevar a cabo todas estas acciones, Acosta coincide en que se necesitan más recursos económicos, pero también una mejor gestión en muchos aspectos. Así, el Consejo Social ha presentado diversos informes sobre áreas donde se puede reducir la burocracia y sobre el uso más adecuado de los institutos universitarios. Apunta que también es preciso ser más exigentes con los estudiantes, para que no se eternizan en su estancia en la universidad.
Acosta no cree que la sociedad haya dado la espalda a la Universidad, aunque es posible que «se haya distanciado». A su juicio, no es realista pensar que una sociedad a la que se expulsa de los órganos de toma de decisiones después entienda el esfuerzo en inversión pública en esas mismas áreas.