➤ «Llevamos tres años sin crear ni una sola plaza sociosanitaria pública» ➤ «Las personas pueden perder su derecho en tres meses si no logran contratar un servicio» ➤ «En 2025 fallecieron 2.300 canarios esperando una resolución o una prestación»
La senadora por Tenerife y secretaria de Sanidad, Dependencia y Discapacidad del PSOE Canarias, Marta Arocha, asegura que la situación del sistema de dependencia en las islas es «dramática» y acusa al Gobierno autonómico de no impulsar recursos públicos suficientes para atender a las personas con derecho reconocido. A su juicio, los datos oficiales muestran un deterioro sostenido, con miles de usuarios que permanecen sin atención efectiva pese a tener concedida la prestación.
Miles de dependientes sin atención efectiva
Arocha explica que existen «17.000 personas con su derecho reconocido pero sin recibir absolutamente nada», una situación que atribuye a la falta de servicios disponibles para materializar las prestaciones. Señala que muchas ayudas consisten en cantidades económicas destinadas a contratar asistencia privada, pero «no existen suficientes empresas» para prestar esos servicios.
La senadora describe casos en los que se conceden, por ejemplo, 400 euros para ayuda a domicilio o 800 euros para residencia, cifras que resultan insuficientes frente a los costes reales. «Una plaza privada cuesta entre 2.300 y 2.500 euros al mes», afirma, lo que deja a muchas familias sin capacidad para utilizar la ayuda.
Falta de plazas públicas y presión hospitalaria
La dirigente socialista insiste en que el principal problema es estructural: la escasez de plazas públicas sociosanitarias. Según sostiene, «el Gobierno de Canarias no ha construido en los últimos tres años ni una sola plaza pública» y el déficit alcanza las 19.500 plazas.
Esta carencia, añade, tiene consecuencias directas en otros servicios. «Hay personas en hospitales con el alta médica que no pueden salir porque no tienen alternativa sociosanitaria», afirma, aludiendo a la saturación hospitalaria derivada de la falta de recursos de atención prolongada.
El riesgo de perder la prestación
Uno de los aspectos más controvertidos, según Arocha, es el plazo de tres meses para contratar el servicio una vez concedida la ayuda económica. Si no se formaliza el contrato en ese tiempo, la persona puede quedar fuera del sistema.
«Si no consiguen contratar en tres meses, pierden todo», advierte. Añade que muchas familias desconocen esta condición y que en 2025 se dieron de baja más de 1.800 personas por este motivo. En algunos casos, asegura, los afectados ni siquiera reciben notificación: «Desaparecen del sistema y tendrían que iniciar todo el procedimiento de nuevo».
Escasez de empresas y problemas laborales
La senadora reconoce que la falta de proveedores también responde a factores económicos y sociales. En algunas islas solo hay una empresa disponible para toda la población dependiente, mientras que en zonas como el sur de Tenerife las compañías no encuentran personal por el alto coste de la vivienda y los salarios insuficientes.
Además, señala retrasos administrativos para acreditar nuevas empresas, lo que agrava la falta de oferta. «Hay un colapso tan grande en la consejería que muchas empresas están esperando para acreditarse», afirma.
Convenios paralizados y retroceso de plazas
Arocha atribuye la ausencia de nuevas plazas públicas a la falta de convenios actualizados con los cabildos, responsables de gestionar los recursos sociosanitarios. Según indica, los acuerdos se prorrogan durante varios años o se firman con retraso, lo que impide ampliar la red asistencial.
Como consecuencia, asegura que entre enero de 2025 y diciembre de 2026 el número de plazas habría disminuido en unas 6.000.
Propuesta de financiación adicional
El PSOE plantea un decreto para destinar 20 millones de euros autonómicos a la creación de plazas sociosanitarias. La senadora defiende que el Estado ha incrementado significativamente su aportación a la dependencia y que ahora corresponde al Ejecutivo regional completar la financiación.
«El dinero que manda el Estado a Canarias ha pasado de 26 a 101 millones de euros», sostiene, por lo que considera imprescindible reforzar la inversión autonómica.
Fallecimientos en lista de espera
La gravedad del sistema se refleja, según Arocha, en el número de personas que fallecen sin recibir atención. Afirma que en 2025 murieron 2.300 canarios mientras esperaban resolución o prestación, y que otras 20.000 personas continúan en trámite.
Crítica política y defensa de la gestión anterior
La senadora defiende la etapa del denominado Pacto de las Flores, cuando ejerció responsabilidades en dependencia, y asegura que entonces se incrementaron prestaciones y plazas. «Cuando estuvimos logramos mejorar la situación», sostiene.
Frente a ello, acusa al actual Gobierno de «no hacer absolutamente nada» y de optar por un modelo basado en ayudas económicas en lugar de servicios públicos, lo que califica como un sistema «low cost».
Denuncia de la situación actual
Arocha justifica sus críticas en la obligación de denunciar lo que considera un deterioro evidente. Según los datos que maneja, los tiempos de espera superan los 450 días y Canarias se sitúa entre las comunidades con peores indicadores.
«No me puedo callar», afirma, insistiendo en que la solución pasa por ampliar la red pública de servicios y plazas sociosanitarias.
La senadora concluye que el sistema de dependencia debe ser esencialmente un sistema de prestación de servicios públicos y no de ayudas económicas puntuales, ya que estas no garantizan la atención efectiva a las personas con mayor grado de vulnerabilidad.