➤ «El año pasado fallecieron más de 3.000 personas en lista de espera en la comunidad autónoma de Canarias» ➤ «Hay 15.000 personas que tienen su derecho reconocido y siguen esperando porque no tienen ninguna prestación» ➤ «Están haciendo exactamente lo mismo que está haciendo la comunidad autónoma de Madrid, un sistema low cost»
La senadora por Tenerife y secretaria de Sanidad, Dependencia y Discapacidad del PSOE Canarias, Marta Arocha, niega que exista un recorte estatal en la financiación de la dependencia en Canarias y acusa al Gobierno autonómico de maquillar las cifras mediante resoluciones administrativas que, según sostiene, no se traducen en servicios reales para las personas dependientes.
Arocha, que fue directora general de Dependencia y Discapacidad del Gobierno de Canarias en la pasada legislatura, afirma que los datos oficiales publicados por el Ministerio demuestran que la aportación estatal al sistema de dependencia en Canarias ha pasado de 30 millones de euros en 2019 a 110 millones en 2025. Por ello, sostiene que «hablar de recortes en dependencia es mentir de forma deliberada».
La senadora explica que la financiación de la dependencia se articula a través de dos vías: el nivel mínimo, que se reparte en función de cada persona dependiente, y el nivel adicional, una aportación extraordinaria del Estado distribuida entre las comunidades autónomas. Según precisa, esa cantidad adicional alcanza los 970 millones de euros en 2025, de los que Canarias recibe, sumando ambos conceptos, 110 millones.
«Recorte ninguno»
Arocha asegura que no existe recorte ni tampoco se prevé para 2026, ejercicio para el que, según indica, el Ministerio negocia actualmente con las comunidades autónomas la nueva aportación adicional. «Ni en ninguno de los escenarios se habla de ningún recorte», señala.
La dirigente socialista sostiene que el PSOE recupera en 2021 los recortes aplicados al sistema de dependencia entre 2012 y 2019 por el Partido Popular. En ese contexto, considera que el discurso del Gobierno canario sobre una posible reducción de fondos estatales no responde a la realidad de las cifras oficiales.
Arocha contrapone esa financiación con lo que considera el verdadero problema del sistema en las islas: la falta de plazas, de servicios efectivos y de capacidad de gestión para convertir los reconocimientos de derecho en prestaciones reales.
Críticas a Coalición Canaria por la política migratoria
La entrevista aborda también la gestión de los menores migrantes no acompañados. Arocha responde a unas declaraciones de la consejera Candelaria Delgado y considera que el tono empleado por la responsable autonómica resulta inadecuado. «Solamente escucharla ya me resultan sus palabras insolidarias», afirma.
La senadora critica expresiones como «unos cuantos menores» o «esos menores» para referirse a niños y niñas que llegan solos a las costas canarias. A su juicio, se trata de un lenguaje «bastante despectivo» y de una forma de desplazar hacia el Estado una responsabilidad política que también afecta al Gobierno de Canarias.
Arocha afirma que Coalición Canaria gobierna en pacto con el Partido Popular, formación que votó en contra de la modificación de la ley de extranjería que, según sostiene, ofrecía una solución al reparto obligatorio de menores migrantes entre comunidades autónomas. «Estamos hablando de niños, estamos hablando de vidas, estamos hablando de seres humanos», subraya.
La senadora distingue entre la sociedad canaria y la actuación del Gobierno autonómico. Afirma que «la comunidad autónoma y los canarios somos absolutamente solidarios», pero sostiene que el Ejecutivo regional actúa de forma insolidaria al culpar al Estado mientras uno de sus socios bloquea la solución legislativa planteada.
Más de 3.000 fallecidos en lista de espera
En materia de dependencia, Arocha afirma que Canarias se encuentra entre las comunidades autónomas donde más personas fallecen mientras esperan una respuesta efectiva del sistema. «El año pasado, en el 2025, fallecieron más de 3.000 personas en lista de espera en la comunidad autónoma de Canarias», señala.
La senadora considera aún más preocupante la situación de las personas que ya tienen reconocida su prestación, pero no reciben ningún servicio. Según sus datos, son 15.000 personas en Canarias. «Tienen su prestación reconocida, pero no reciben absolutamente nada», afirma.
Arocha sostiene que el Gobierno canario está dando altas administrativas, pero sin que esas altas se traduzcan necesariamente en plazas residenciales, centros de día, ayuda a domicilio u otros recursos efectivos. «Se entrega la resolución, pero no se da ningún tipo de servicio», resume.
La lotería que no se cobra
La dirigente socialista rechaza que la reducción de los tiempos de espera presentada por el Ejecutivo autonómico refleje una mejora real del sistema. Afirma que esos tiempos se calculan desde que la persona presenta la solicitud hasta que recibe la resolución, pero no hasta que accede efectivamente a una prestación.
Por ello, compara la situación con ganar un premio que nunca se llega a cobrar. «Yo suelo poner un ejemplo, es como si te ganas la lotería, pero nunca llegas a cobrar el premio», dice. A su juicio, la Administración entrega el papel que reconoce el derecho, pero no garantiza el servicio correspondiente.
Arocha sostiene que los tiempos de espera reales son actualmente «incalculables», porque miles de personas quedan fuera de las estadísticas una vez que tienen reconocida la prestación, aunque sigan sin atención efectiva. Añade que, en muchos casos, la espera puede prolongarse durante un año y medio o dos años.
Falta de plazas sociosanitarias
La senadora reconoce que el Gobierno de Canarias ha contratado personal y está tramitando más altas, pero insiste en que esas altas «no sirven para nada» si no se crean recursos públicos. Según afirma, el problema estructural está en la ausencia de plazas en centros de día, residencias y centros sociosanitarios, así como en la falta de ayuda a domicilio.
Arocha cifra en 19.500 el déficit de plazas sociosanitarias en Canarias. Sostiene que no basta con anunciar acuerdos económicos con los cabildos si no existe ejecución real. «Millones de euros hay muchos, pero no hay gestión, no hay ejecución, no hay absolutamente nada», afirma.
La dirigente socialista asegura que en la legislatura actual no se ha creado «ni una sola plaza pública» y reprocha al Ejecutivo que no haya puesto sobre la mesa un plan de infraestructuras sociosanitarias. A su juicio, el Gobierno de Canarias y los cabildos deben coordinarse y «ponerse a trabajar» en lugar de discutir sobre el reparto competencial.
Un modelo de «dependencia low cost»
Arocha acusa al Ejecutivo autonómico de construir un modelo de dependencia basado en las prestaciones más baratas. En concreto, señala que se está recurriendo a la teleasistencia como si pudiera funcionar como prestación principal, cuando la ley la concibe como un recurso complementario.
La senadora afirma que la teleasistencia cuesta unos 25 euros y que, por tanto, es la prestación más barata del sistema. «La ley dice perfectamente que la teleasistencia por sí misma no sirve, es una prestación complementaria siempre de otra, y ellos la están dando como prestación inicial», sostiene.
En ese sentido, acusa al Gobierno de Canarias de reproducir el modelo de la Comunidad de Madrid. «Están haciendo exactamente lo mismo que está haciendo la comunidad autónoma de Madrid, un sistema low cost», afirma. También define la gestión autonómica como «un trabajo de maquillaje».
La expulsión del sistema tras tres meses
Otro de los aspectos que Arocha considera más graves es la aplicación del nuevo decreto autonómico, que, según explica, permite dar de baja del sistema a las personas que, después de tres meses, no hayan contratado el servicio vinculado a la prestación económica reconocida.
La senadora aclara que muchas personas no contratan ese servicio no porque no quieran, sino porque no pueden. Afirma que las empresas privadas de ayuda a domicilio están colapsadas y tienen listas de espera muy largas. Además, sostiene que las cuantías concedidas no permiten cubrir el coste real de determinados recursos.
Como ejemplo, indica que la ayuda para una residencia puede llegar como máximo a unos 800 euros, mientras que una plaza residencial cuesta entre 2.500 y 3.000 euros. «La mayoría de las personas no es que no quieran, es que no pueden contratar esa ayuda económica», explica.
Arocha advierte de que, si transcurren tres meses sin contratar el servicio, la persona puede ser dada de baja y debe iniciar de nuevo todo el procedimiento, incluida una nueva valoración. Según denuncia, además, muchas personas ni siquiera son notificadas de esa baja y siguen esperando en sus casas una llamada o una plaza pública sin saber que han sido excluidas del sistema.
Una situación «bastante dramática»
La secretaria de Sanidad, Dependencia y Discapacidad del PSOE Canarias resume la situación como «bastante dramática». Considera que el Gobierno autonómico está priorizando la apariencia estadística sobre la atención efectiva, al reducir tiempos administrativos mientras miles de personas siguen sin recibir cuidados.
Arocha insiste en que el problema no está en una falta de financiación estatal, sino en la ausencia de gestión, planificación y ejecución por parte del Ejecutivo canario. A su juicio, las cifras de fallecimientos en lista de espera, las 15.000 personas con prestación reconocida sin servicio y el déficit de plazas sociosanitarias muestran que el sistema sigue sin dar respuesta a quienes más lo necesitan.