La directora general de Transportes del Gobierno de Canarias y coordinadora general de Coalición Canaria en Gran Canaria, sostiene que la nueva Ley estatal de Movilidad Sostenible garantiza la prórroga de la gratuidad del transporte público durante 2026.
La directora general de Transportes del Gobierno de Canarias y coordinadora general de Coalición Canaria en Gran Canaria, María Fernández, sostiene que la nueva Ley estatal de Movilidad Sostenible «garantiza la prórroga de la gratuidad del transporte público durante 2026» y aporta un marco jurídico «que reconoce la singularidad insular y ultraperiférica» del Archipiélago. En una conversación con El Espejo Canario, Fernández analiza la presión demográfica, la movilidad cotidiana, el futuro de los trenes y el momento político del nacionalismo canario.
La gratuidad, un incentivo en un territorio altamente motorizado
Fernández afirma que la prórroga incluida en la Ley responde al reconocimiento de que Canarias necesita apoyos específicos para avanzar hacia una movilidad sostenible. Explica que la medida ha demostrado ser «una de las herramientas más eficaces para atraer a la ciudadanía al transporte público», junto al Bono Residente Canario.
Sin embargo, admite que los datos muestran una paradoja: el transporte público bate récords de uso, pero la circulación y el número de vehículos privados siguen aumentando. Para ella, la explicación está en el elevadísimo nivel de motorización del Archipiélago y en la necesidad de «seguir construyendo alternativas modales» que permitan reducir desplazamientos en coche.
Alternativas en marcha: transporte a la demanda, rutas escolares y movilidad laboral
La directora general defiende que el reto exige «pasos graduales», combinando medidas de fomento con nuevas soluciones. Señala que la legislación canaria obliga a las empresas de más de 200 trabajadores a diseñar planes de movilidad laboral, una línea de actuación que, asegura, se continuará reforzando.
Cita además el impulso al transporte escolar, las mejoras en las conexiones para universitarios y estudiantes de ciclos formativos, así como proyectos piloto en entornos rurales dispersos, como el servicio de transporte a la demanda implantado en San Mateo. El objetivo es diversificar opciones y facilitar que, aunque la ciudadanía no abandone totalmente el coche, sí empiece a sustituir ciertos trayectos.
El tren: «Por primera vez, el Estado reconoce su interés estratégico»
Uno de los puntos centrales de su programa es el papel de los futuros trenes de Gran Canaria y Tenerife. Fernández subraya que su incorporación a la ley como infraestructuras de carácter estratégico supone «un antes y un después», comparable al impacto que tuvo el Convenio de Carreteras firmado en 2009.
Ese convenio, recuerda, permitió culminar circunvalaciones, conexiones insulares y proyectos como el de La Aldea. «Sin aquel acuerdo, tendríamos un pueblo desconectado», afirma. Por ello considera que el reconocimiento estatal abre la puerta a la financiación nacional y europea, algo que nunca antes había ocurrido con los trenes.
Asegura que el proceso ha sido fruto de un trabajo continuado desde el inicio de la legislatura, con la implicación conjunta de instituciones de distinto signo político. Advierte de que los plazos serán largos, pero confía en que la ciudadanía podrá ver avances por fases, sin necesidad de esperar a que todo el trazado esté concluido.
«Sembrar árboles que quizá no nos den sombra»
Fernández reconoce que el proyecto ferroviario no será inmediato, pero insiste en que su desarrollo fragmentado permitirá disfrutar de los primeros tramos mucho antes de que la infraestructura esté completada.
«A veces nos toca sembrar árboles que no nos darán sombra», afirma, aunque se muestra convencida de que quienes hoy hablan del proyecto «podrán ver el tren circulando si todo evoluciona como debe». Un mensaje que califica de «optimista» en un contexto donde el debate sobre la movilidad suele generar frustración entre la ciudadanía.
La alianza CC–Primero Canarias: «Se respira ilusión»
En su faceta orgánica, Fernández describe la alianza entre Coalición Canaria y Primero Canarias como «una oportunidad largamente esperada» en la isla. Asegura que existe «una ilusión que se está contagiando» y que el nacionalismo vive «un momento muy dulce» en Gran Canaria.
Reivindica la renovación generacional, la incorporación de perfiles profesionales ajenos a la política y la capacidad de ambas organizaciones para priorizar «el interés de Canarias por encima de personalismos». Según Fernández, ese clima interno ha generado receptividad social y expectativas de crecimiento.
El valor del voto canario en Madrid
La dirigente nacionalista defiende que Canarias necesita «un grupo fuerte» en las Cortes Generales para influir en decisiones clave. Recuerda su etapa como diputada y cómo la gratuidad del transporte se consiguió porque su voto y el de Ana Oramas resultaban imprescindibles para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.
«No siempre tener la razón te ayuda; lo que manda es la aritmética», dice. De ahí que reivindique la necesidad de una voz canaria libre de «disciplinas estatales» y centrada exclusivamente en las demandas del Archipiélago.
«Los derechos se pierden si no se defienden cada día»
María Fernández concluye recordando que derechos consolidados como el Régimen Económico y Fiscal o el descuento de residente «no son conquistas permanentes» y exigen vigilancia constante. Subraya que la historia ha demostrado que, si Canarias no defiende activamente su singularidad, «alguien vendrá a usurparla».
Por eso insiste en que la estabilidad de la movilidad, las infraestructuras y las políticas económicas dependerá de la capacidad del Archipiélago para mantener una representación fuerte que haga valer sus particularidades en un Estado donde «tratar igual a quienes son desiguales es una injusticia».