➤ «No estamos viendo que el Ministerio esté siendo capaz de hacer llegar el dinero del 2025». ➤ «En dos años hemos tenido que pasar por cinco interlocutores distintos; es imposible consolidar un trabajo». ➤ «Si queremos una política de movilidad, tenemos que seguir financiando»
La directora general de Transportes del Gobierno de Canarias y coordinadora general de CC en Gran Canaria, María Fernández, defiende que el Ejecutivo autonómico mantiene la exigencia de financiación estatal para las bonificaciones al transporte y avisa de que la comunidad no renuncia a la prórroga de la gratuidad en guaguas a partir de 2026. «Ni cinco ni seis ni veinte van a dejar que Canarias deje de reclamar lo que le corresponde, lo que está presupuestado y lo que está pactado con la Agenda Canaria», afirma.
La deuda con las aerolíneas y el presupuesto prorrogado
Fernández explica que la situación actual se debe a «dos anomalías»: por un lado, la necesidad de saldar «319,17 millones» pendientes de 2024 mediante una norma con rango de ley; por otro, la vigencia de unas cuentas prorrogadas «elaboradas en 2022» y «absolutamente insuficientes» para el volumen real de desplazamientos registrado. Sostiene que «el Gobierno de España no nos ha dicho en ningún momento que no haya dinero para este año» y recuerda que la partida es «ampliable», a la espera de que Hacienda autorice el incremento solicitado «antes de verano».
Bonificación del 75% y ampliaciones de crédito
La responsable de Transportes subraya que queda margen temporal para que el Estado habilite la ampliación y que el propio Gobierno canario ha pedido ampliar la dotación del descuento marítimo de residentes. «Tenemos tres meses para ampliar esa partida», dice, insistiendo en que la prórroga presupuestaria obliga a «rascar millones» de unas políticas para cubrir otras. En este contexto, reclama «unas nuevas cuentas» estatales que reflejen necesidades reales y cita el caso de La Palma para ilustrar deudas aún no cubiertas en su integridad.
Guaguas gratuitas: prórroga en el aire y «bloqueo» de 2025
Sobre la gratuidad del transporte terrestre, Fernández señala que el Ministerio reconoce «120 millones» —tras pasar de 82—, pero denuncia que la partida de «68 millones» que debía llegar «después de verano» sigue sin materializarse: «No estamos viendo que el Ministerio esté siendo capaz de hacer llegar el dinero del 2025», afirma. En paralelo, defiende que Canarias exige que en 2026 se prorrogue la medida, pese a las dificultades de gestión derivadas de los continuos cambios en la dirección general competente en Madrid: «Es la quinta en dos años… Es imposible consolidar un trabajo con cinco interlocutores distintos».
Un cambio de hábitos: del coche a la guagua
Fernández reivindica el impacto de la gratuidad en la movilidad urbana: si en 2011 el 67% de los desplazamientos en Las Palmas de Gran Canaria se hacía en vehículo privado y hoy es el 40%, la medida ha acelerado en dos años los objetivos que Europa fijaba «a cinco, ocho o diez años». «Lo hemos conseguido en dos gracias a esta medida», sostiene, y liga su continuidad a razones de movilidad —descongestionar arterias— más que a una política social focalizada: «si queremos una política de movilidad, tenemos que seguir financiando… para los que trabajan, los que estudian, los que más usan nuestras carreteras».
Huelga del transporte: derecho a la protesta y cambios en la ley
Respecto a la huelga en la provincia de Las Palmas, Fernández «apoya el legítimo derecho a huelga» y confía en una solución «lo antes posible». Recuerda que la reciente modificación de la Ley canaria de transporte terrestre (2007) incorpora «reclamaciones» históricas de los sindicatos, como «la subrogación del personal» y el endurecimiento de sanciones por «ataques a los conductores». «Hemos reconocido ya en ley muchas de las reclamaciones», afirma, con el objetivo de recuperar «el 100% de los servicios públicos» cuanto antes.
«Asco y vergüenza»: un diagnóstico del momento político
Preguntada por el clima general, Fernández asume que «asco y vergüenza es una definición bastante cruda, pero real», y vuelve a señalar que la solución pasa por estabilidad y nuevas cuentas: «no pueden seguir haciendo el juego de trileros» con partidas que no reflejan las políticas que se quieren implementar, advierte.
La directora general insiste en que Canarias mantendrá la presión política y administrativa: cerrar el agujero de 2024, lograr la ampliación para 2025 y asegurar la financiación para 2026. «Lo que tenemos claro desde Canarias es que… vamos a reclamar lo que está presupuestado y pactado», resume.